Lo último: Baldíos para la reforma agraria, convocan mesa cumplir con fallo de la Corte Constitucional sobre estas tierras

La Procuraduría General de la Nación convocó a varias entidades del gobierno y del sector justicia a la primera mesa de trabajo para el cumplimiento de la Sentencia-288 de 2022, este martes 11 de octubre, en la que se hará un alistamiento institucional que permita cumplir la orden de la Corte Constitucional sobre el régimen especial de baldíos.

Hace pocas semanas, la Corte Constitucional evidenció un problema que no es de poca monta: por un lado, el tratamiento desigual en la aplicación e interpretación del régimen especial de baldíos, y el incumplimiento del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

Esta discusión llegó a la Corte Constitucional en 2017, año en el que recibió el alto tribunal la primera acción de tutela. Terminaron siendo trece tutelas, en total, que quedaron en manos del magistrado Antonio Lizarazo, quien desde enero pasado tenía la ponencia definida.

Sobre este tema, cabe recordar que la jurisprudencia señala, desde hace más de ocho años, que los bienes baldíos como propiedad del Estado son de carácter imprescriptible y solo pueden ser adjudicados a campesinos.

Lo que señaló la Corte es que, sin duda, existe una gran barrera de acceso para el campesinado en Colombia para poder acceder a la propiedad, y por eso adoptó medidas tendientes a proteger sus derechos y acceso a la propiedad rural. Entre dichas medidas, la Corte ordenó recuperar baldíos entregados a particulares, pero garantizando los derechos de los campesinos.

Y ahora, la Procuraduría, a través de una comunicación hizo requerimientos al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); ministerios de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural; Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad de Planificación Rural Agraria (UPRA), Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Consejo Superior de la Judicatura.

Como parte de su función preventiva, la Procuraduría pidió “disponer las herramientas y medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia que emitirá el alto tribunal sobre el régimen especial de baldíos, asunto en el que se evidenció “un grave incumplimiento de las autoridades”. Es decir, el ministerio público quiere asegurarse que la orden del alto tribunal se cumpla.

La Procuraduría, entre las órdenes, le pidió al DAPRE reactivar el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural; al Ministerio de Justicia coordinar las relaciones entre las ramas del poder público y el sector judicial, y a la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural conocer lo gestionado sobre formulación y ejecución de las políticas públicas inherentes al sector.

De igual forma, se requirió al DNP la asignación de recursos tanto para implementar el Acuerdo sobre Reforma Rural Integral, como para fortalecer técnica y financieramente las entidades relacionadas con dichas actividades; y a la UPRA información sobre cómo avanza la planificación del uso eficiente del suelo y los procesos de ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales y su formalización.

A la Agencia Nacional de Tierras, el ente de control le pidió conocer previamente el inventario de procesos judiciales de pertenencia sobre predios sin antecedente registral de pleno dominio y de clarificación de la propiedad en curso y de recuperación de baldíos por indebida ocupación.

La corporación también debe adoptar medidas administrativas “sobre la disponibilidad de plantas de personal y la creación de juzgados, si resultan necesarios, para el cumplimiento de la competencia, y asegurar la actualización y accesibilidad al registro de procesos de pertenencia de los predios”, se lee en el documento que convoca a la mesa técnica.

Finalmente, la Procuraduría indicó que este espacio de trabajo tendrá lugar mientras el Gobierno nacional y el Congreso de la República implementan el compromiso de crear la Jurisdicción Agraria.