Lo último: capturan a 13 personas por posible desvío de casi $ 2 mil millones de pesos en La Guajira

La Fiscalía General de la Nación presentó este lunes, ante un juez de control de garantías, a 13 personas señaladas de participar en la desviación ilegal de 1.800 millones de pesos de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Las investigaciones dan cuenta de que habrían sido presentadas y tramitadas cuentas de cobro sin que existiera un vínculo laboral o contractual con la institución.

En ese sentido, estas personas, al parecer, señala la Fiscalía, recibieron en sus cuentas bancarias pagos por actividades y servicios que nunca se prestaron.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público a: Mónica María López Dangond, Marta Cecilia García Rangel, Brthany Bissett Bautista, Lizyani González de Luque, Merlín Johana González Redondo, Pamela Nertih Peralaya Moscote, Yajaira Epiayú Uriana, Ramiro Antonio Bautista Martínez, Fabio Andrés López Suárez, Claro Miguel Socarrás Ramírez, Alan David Bautista García, Javier Alfonso Fragozo Daza y Cristian Andrés Roys Brito.

Estas 13 personas recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. De acuerdo con el material probatorio recaudado, el entramado ilegal presuntamente fue dirigido por un funcionario que falleció. También estaría involucrado el extesorero de Corpoguajira, Ramón José Aguilar Blanco, quien fue imputado y cumple medida de aseguramiento.

Un exgobernador señalado de corrupción

Recientemente, un exgobernador fue llamado a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Se trata de José María Ballesteros Valdivieso, por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración de contratos relacionados con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y el servicio de transporte para estudiantes.

Los hechos materia de investigación se presentaron durante el tiempo en que Ballesteros Valdivieso estuvo en el cargo, esto es entre junio de 2014 y diciembre de 2015. En este período se firmaron dos contratos millonarios para garantizar la alimentación y transporte de los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables en el departamento de La Guajira.

Sin embargo, estos contratos jamás alcanzaron sus objetivos puesto que el entonces mandatario departamental no cumplió con sus deberes de vigilancia y supervisión de los contratos y, en cambio, permitió que se destinaran y pusieran en riesgo los recursos de las regalías en los dos procesos contractuales que avaló.

El primer contrato que se firmó el 19 de marzo de 2015 con el consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira tenía como objetivo suministrar complementos alimenticios en la mañana y almuerzos para estudiantes de prescolar, básica primaria y básica secundaria y media, en 15 municipios durante 125 días. Las pruebas revelan que esto nunca se llevó a cabo.

Dicho contrato registró una adición, por lo que su valor inicial ascendió a los 41 mil millones de pesos. Para la Fiscalía General se habrían presentado diez posibles deficiencias en los estudios previos para la celebración y ejecución del contrato. Entre estos se encontraban errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados.