Lo último: Comisión de la Verdad pide eliminar gradualmente el servicio militar

En el extenso documento que entregó la Comisión de la Verdad al país hay una serie de recomendaciones. Una de estas tiene que ver con la forma cómo miles de jóvenes se han involucrado en el conflicto armado, a veces sin que medie su voluntad.

“En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”, dice el escrito. El documento critica la “militarización” que por años ha imperado en las políticas públicas con relación a los jóvenes y especialmente el servicio militar obligatorio, que existe en Colombia desde 1886.

“El servicio obligatorio ha involucrado principalmente a jóvenes campesinos y de escasos recursos. A pesar de que en 2017 se reconoció la objeción de conciencia, en general los jóvenes están obligados a prestar el servicio. Los criterios para aplazar la obligación favorecen a quienes estén estudiando, por lo que se termina incorporando como conscriptos principalmente a los jóvenes más vulnerables, con menor acceso a la educación”, señala.

Lea el informe completo:

El informe agrega que el servicio militar “también afecta diferencialmente a las comunidades étnicas, pues transforma la vivencia tradicional de sus miembros y deslegitima al Estado dentro de ellas. No obstante, en las últimas décadas se ha fortalecido la profesionalización de la Fuerza Pública”.

Y culpa especialmente a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe de haber extendido esa práctica aún más. “Así mismo, se amplió el servicio militar, principalmente a través de la figura voluntaria de ‘soldados campesinos’ que prestaban el servicio en medio tiempo, en sus lugares de residencia, y el otro medio tiempo lo ocupaban en sus actividades cotidianas”, agrega.

Teniendo en cuenta esto, en sus recomendaciones a mediano plazo, la comisión asegura que es importante para el país ajustar la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía para que esta sea acorde con los cambios realizados a partir de la nueva visión de seguridad. Con ese fin, propone específicamente: “Realizar ajustes normativos e institucionales necesarios para eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar y transitar hacia un servicio social en instituciones civiles”.

Otras conclusiones

El presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, presentó las recomendaciones que le hizo la entidad al Gobierno para cerrar las heridas del conflicto armado y responder las múltiples preguntas que presentaron las víctimas para entender el horror.

En la lista, el padre De Roux señaló que es necesaria la aplicación total e inmediata del Acuerdo Final de Paz que se firmó en octubre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Igualmente, les pidió a todos los estamentos sociales y políticos “profundizar la democracia” mediante la exclusión definitiva de las armas ”y la participación incluyente, deliberativa y respeto a la movilización como expresión de derechos”.

“Pedimos a los estamentos de justicia frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, y proteger a las víctimas y jueces que participan en estos procesos de verdad y justicia”, señaló el presidente de la Comisión de la Verdad.

Con el fin de que no se repitan prácticas como los “falsos positivos”, la Comisión manifestó la necesidad de hacer cambios en las Fuerzas Militares y de Policía. “Al Estado y a la sociedad le pedimos tomar una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz, centrada en las personas y la protección de los seres humanos, la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo, para un Ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, a la justicia restaurativa”.

En sus casi 900 páginas el informe trata múltiples temas de la realidad nacional. Asegura, por ejemplo, que los primeros responsables son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de los casos (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12 % (56.094 víctimas). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las Farc-EP, el 4 % al ELN y el 2 % a 115 otras guerrillas.

También reveló, por ejemplo, la preocupación del Gobierno norteamericano por la infiltración de dineros de los narcos a las campañas de varios expresidentes.

La Comisión de la Verdad aclaró que es difícil precisar quién financió a quién, “pero es claro que el sistema político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática –sobre todo a nivel regional– y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político”.