Lo último: congresista Wilmer Carillo a indagatoria por presuntamente exigir pago de porcentajes en millonarios contratos

La Sala de Instrucción abrió investigación formal contra el representante a la Cámara Wilmer Ramiro Carrillo y lo vinculó, mediante indagatoria, por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La investigación se relaciona con supuestos hechos de corrupción e irregularidades en contratación de Norte de Santander durante los años 2016-2017, específicamente en negocios jurídicos del hospital regional de Abrego, Norte de Santander.

Entre los hechos, se investiga si supuestamente el congresista exigía a los contratistas, a través de la gerente del hospital, el pago de un porcentaje para que les fueran adjudicados los contratos.

SEMANA obtuvo la reveladora acusación que acaba de proferir el magistrado de Corte Suprema, Francisco Farfán Molina, en contra del representante a la Cámara Wilmer Carrillo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Carrillo había sido llamado a indagatoria en 2016. Desde ese momento, se buscaba establecer si el dirigente cometió algún delito cuando la Gobernación de Norte de Santander celebró contratos para la recuperación de vías afectadas por la ola invernal de 2011. Carrillo en ese momento era el secretario de Infraestructura.

“En síntesis (...), con base en las pruebas, la sala concluye que contrario a lo expuesto en las alegaciones (por parte de la defensa de Carrillo) se considera que se reúnen los presupuestos para dictar resolución de acusación en contra del exsecretario de infraestructura de la gobernación del departamento de Norte de Santander y actual representante a la Cámara, Wilmer Carrillo”, advierte el alto tribunal.

Y agrega la Corte: “pues se ha demostrado que existen suficientes pruebas que conducen a concluir su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, previstos en los artículos 410 y 397, del código penal, conforme lo pide el ministerio público”, señala el documento de acusación conocido en exclusiva por SEMANA.

En otro aparte de la acusación, la Corte Suprema, a través del despacho de Francisco Farfán, es contundente en advertir que todo surge desde la posición distinguida que ocupaba Carrillo en la administración de la Gobernación de Santander.

Sobre la conducta de peculado por apropiación, advierte la Corte Suprema, que la cuantía de los recursos presuntamente apropiados está estimada en la suma aproximada de 159.491.109 pesos, valor que de “de conformidad, con las normas establecidas, por el Gobierno nacional, sobrepasa los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, se lee en el escrito emitido por la Corte Suprema.

Por la época en la que ocurrieron los hechos, autoridades locales de todo el país celebraron una cantidad inusitada de contratos para mitigar el impacto del invierno que golpeó al país por esos meses.

En Norte de Santander, el entonces gobernador, William Villamizar, celebró contratos para reconstruir vías maltrechas en la región por causa de las inundaciones, contando con el visto bueno de su secretario de infraestructura.

Carrillo es oriundo de Arboledas, Norte de Santander. Es arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y en varias ocasiones fungió como gobernador encargado del departamento. Llegó al Congreso en 2014 y desde ese momento es considerado como uno de los legisladores más poderosos de esa región del país.