Lo último: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía revisarán denuncias por millonario escándalo de Emcali

“Luego de reunión con el Fiscal General de la Nación y la Procuradora General de la Nación; Fiscalía, Procuraduría y Contraloría actuaremos de manera coordinada y conjunta respecto a las denuncias, así como el control a las Empresas Municipales de Cali y Alcaldía de Cali”.

De esta manera, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que los tres órganos revisarán lo que está ocurriendo en Cali, por cuenta de uno de los mayores escándalos de los últimos años en materia de contratación que ha vivido la capital del Valle del Cauca en su historia reciente.

No es para menos. En juego hay más de 215.000 millones de pesos, en un expediente en el que fueron destapadas irregularidades como compras de televisores de 55′' Smart LED cobrados por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos; y sillas ergonómicas de uso intensivo 24/7, que aparecen por 17.968.474 pesos.

En este caso, tanto la Procuraduría, como la Fiscalía y la Contraloría adelantan varias líneas de investigación y los primeros resultados ya empiezan a arrojar nombres y pruebas de lo que sería un verdadero desfalco a los recursos públicos y un manejo inadecuado de los mismos.

Cabe recordar que la Contraloría, precisamente, ya había adelantado una investigación en la que se encontraron hallazgos fiscales por 17.400 millones de pesos relacionados con convenios ejecutados por la empresa, financiados con recursos del Conpes 3750 de 2013 y 3858 de 2016.

En este caso, se adelantó una actualización especial por 15.306 millones de pesos, entre los que se encontraron 7.178 millones de pesos relacionados con el estado y funcionalidad de la nueva línea de aducción de la planta de tratamiento de agua potable, situada en el barrio San Antonio de Cali.

En el caso de la Procuraduría tiene entre sus líneas de investigación a varias personas. Hay una indagación en contra de Arturo Fernández Manrique, gerente del área de abastecimiento de Emcali, contra Luisa Fernanda Fajardo Gil, evaluadora financiera; de igual manera, aparece en el expediente Diego Alejandro Silva Arana, en representación del Consorcio Renovación Puerto Mallarino.

En uno de los autos de la Procuraduría, conocido en exclusiva por SEMANA, se menciona precisamente a dos organizaciones: Clarificación Puerto Mallarino y la anteriormente mencionada Renovación Puerto Mallarino, que según información de la Fiscalía General, citada por el Ministerio Público, habrían presentado cartas de crédito de respaldo financiero expedidas por el Banco ltaú, presuntamente falsas.

Señala la Procuraduría que dicha situación llevó a Emcali a requerir a dicha entidad bancaria “certificar si tales documentos eran auténticos o falsificados, contingencia que llevó a la suspensión de una ejecución del contrato, los pagos o cualquier entrega de dineros, hasta tanto no se verificara la idoneidad de los documentos por parte del banco”. Lo mismo ocurrió con otro contrato de mayo de 2021 celebrado por Emcali con el contratista Consorcio Clarificación Puerto Mallarino.

De hecho, la Procuraduría pide, entre las pruebas ordenadas, certificar si dentro de los mencionados procesos contractuales se desarrolló de manera adecuada el de verificación de las cartas de crédito que presentaron los consorcios presuntamente respaldadas por el Banco Itaú.

La polémica

El cuestionado contrato que Empresas Municipales de Cali adjudicó a la unión temporal AMI 2022 para poner en marcha unos medidores de energía inteligentes, no solo contempla la compra de televisores por casi 43 millones de pesos y sillas por más de 17 millones de pesos, sino que además establece un adelanto de 15.119.099.000 pesos.

SEMANA tuvo acceso al contrato y conoció que el compromiso fue firmado el 21 de julio de este año con total conocimiento del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, y del representante legal de la unión temporal AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, por un valor total de 215.879.358.926 pesos.

El contrato empezó desde el momento en que las partes estamparon sus firmas y va hasta el 31 de diciembre de 2028. En el documento se establece que Emcali deberá desembolsar año tras año unos montos fijos, hasta cancelar el valor total del contrato.

El primer pago quedó establecido para este año por un monto de 23.695.031.047 pesos, de los cuales, 15.119.099.000 pesos se pagarían de manera anticipada y “reembolsable”, mientras que el resto (8.575.932.047 pesos) se cancelarían por concepto de “pago de vigencia”. “Los pagos se realizarán dentro de los veinte a treinta días calendario, contados a partir de la aceptación de la factura”, asegura el contrato.

Tal parece que el jugoso adelanto que Emcali debe hacer a la unión temporal AMI 2022 todavía no se ha desembolsado, pese a que el contrato se firmó en julio.