Lo último: convocan a audiencia pública por posibles incumplimientos del operador del relleno sanitario Doña Juana

Ante una gran cantidad de quejas y solicitudes de intervención que han radicado diferentes ciudadanos ante la Procuraduría General de la Nación, en las que se denuncian incumplimientos de las obligaciones ambientales por parte del operador del relleno sanitario Doña Juana, el ente de control solicitó al Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la realización de Audiencia Pública Ambiental para la valoración de los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto.

En la fase de seguimiento y control que ejecuta la delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en una extensa decisión conocida por SEMANA, requirió a la autoridad ambiental convocar a este mecanismo de participación ciudadana, para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Consorcio CGR Doña Juana y considerar los aportes de los interesados y autoridades competentes, especialmente frente a la denuncia de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el presunto incumplimiento en la obligación del contratista de optimizar la planta de tratamiento de lixiviados, a pesar de ser una obligación de dicho concesionario desde el 2018.

La Procuraduría también refirió la importancia de “citar al diálogo social” frente a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, contra el Representante Legal del operador del relleno, por presuntas conductas atentatorias al bien jurídico de la Administración Pública, en la que el demandante manifiesta que el contratista no ha obtenido el permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental.

La UAESP fue condenada a pagarle más de $64.500 millones al concesionario de Doña Juana

Tras una larga espera de varios meses, en la tarde del pasado 11 de abril, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá dio a conocer el fallo en el que condenó al Distrito a pagarle al operador de Doña Juana más de 64.500 millones de pesos.

La decisión del tribunal de arbitramento se dio al considerar que las tarifas establecidas inicialmente en el contrato de concesión no eran suficientes para cumplir con las obligaciones contractuales. En todo cado, la indemnización está lejos de la pretensión económica que tenía CGR.

En la lectura del fallo, también se dio a conocer que CGR deberá pagarle a la UAESP la suma de 4.200 millones de pesos por incumplimiento en condiciones específicas del contrato.

De otro lado, los árbitros también decidieron que el contrato de concesión tiene que terminar cuando culmine la actual licencia ambiental del relleno sanitario de Doña Juana, la cual culmina en 2024. De esta manera, se abre paso a uno de los principales objetivos de esta administración, que fue la modernización del relleno.

La decisión del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá se trata de un largo litigio de 12 años entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana.

El tribunal de arbitramento fue convocado por CGR en contra de la UAESP para reclamar una mayor remuneración en la operación del relleno de Doña Juana. Exigían que el Distrito les pagara 1,2 billones de pesos, dinero que según CGR han dejado de recibir desde 2010, cuando inició la concesión, por un desajuste en la remuneración.

Esta es la historia del conflicto

El relleno sanitario de Doña Juana, a donde diariamente llegan más de 6.300 toneladas de basuras, está en manos de la UAESP.

Esta entidad contrató en 2010 al operador Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) para que tratara un polígono con los residuos ordinarios (que no se pueden reutilizar) y lixiviados. El contrato de operación del relleno se dio por un valor de 229.742 millones de pesos a precios corrientes de ese año.

Cuando CGR asumió la operación del relleno, empezó a reclamarle a la UAESP que la remuneración que se pactó en el contrato no alcanzaba para cubrir todas las obligaciones, en especial, la de optimizar la planta de tratamiento de lixiviados.

“Desde el momento en el que se suscribió el contrato, en el 2010, CGR, que es el concesionario, había advertido que las tarifas que se habían establecido para remunerar y poder operar el relleno y a hacer todas las actividades del contrato no fueron suficientes”, aseguró a SEMANA el abogado Iván Acuña, apoderado de CGR.

Férrea oposición de Claudia López

A pesar de que el primer laudo obligó a CGR a cumplir con la optimización de la planta de lixiviados, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha insistido en que CGR ha incumplido e incluso ha señalado que el concesionario se “han embolsillado 163.000 millones de pesos de la planta que Bogotá ya pagó”.

De hecho, recientemente desde la Comisión Quinta del Senado, la alcaldesa López se despachó en contra de CGR.

Hace unos minutos, la alcaldesa celebró la decisión del tribunal frente al caso. “¡CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya! Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024″, dijo.

“El principio del fin del relleno Doña Juana empezó hoy”, agregó Claudia López.