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Lo último | Corte condena al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por corrupción. Estará en libertad mientras se conoce el monto de la pena
El caso está relacionado con las irregularidades en un convenio por 1.076 millones de pesos con la Fundación Calimio en el 2010, para la compra y distribución de textos escolares en 40 bibliotecas de diez municipios del departamento.
La Corte Suprema de Justicia emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, por hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñó en el cargo.
AEP 123-2023- 50618 by Felipe Andrés Morales Mogollón on Scribd
El convenio fue suscrito por 1.076 millones de pesos con la Fundación Calimio, la cual, según la Fiscalía, no tenía experiencia para ejecutarlo. Prueba de ello es que el mismo convenio pasó por otras dos fundaciones. Al final del ejercicio, los investigadores descubrieron que quien dotó las bibliotecas sólo invirtió 182 millones de pesos. Es decir, hubo un presunto detrimento por 890 millones de pesos.
La Corte encontró a Abadía culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por las irregularidades en un convenio de cooperación de enero de 2010 para la compra y distribución de textos escolares en 40 bibliotecas de diez municipios del departamento.
En la audiencia que se llevó a cabo este lunes 20 de noviembre, se hizo la lectura del fallo condenatorio y en una próxima diligencia se conocerá el monto de la pena en prisión que deberá cumplir el exmandatario. La Corte determinó que, mientras eso sucede, Abadía podrá continuar en libertad.
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“Juan Carlo Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y, en principio, no procede a su favor el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, entendiéndose su compromiso de acatar las determinaciones judiciales”, dice la Corte.
“En ese orden, no se advierte necesario ordenar su captura en este acto procesal y, en consecuencia, dispone que continúe en libertad hasta la emisión de la sentencia, estado procesal en el cual se adoptara una decisión sobre el particular, una vez la Sala establezca en concreto el monto * de la pena de prisión y se pronuncie en definitiva sobre la necesidad o no de librar inmediatamente su captura”, sigue diciendo el documento del sentido de fallo.
Por estos mismos hechos, ya habían sido condenados Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, secretario de Educación de Abadía, y tres particulares.
Abadía también es investigado por el Cartel de la Toga
El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía también deberá responder por su presunta participación en el denominado Cartel de la Toga. El pasado 28 de julio, la Fiscalía General lo acusó por, presuntamente, haber entregado millonarios sobornos para ser favorecido en las investigaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas era, precisamente, la de las irregularidades en el contrato para abastecer las bibliotecas del departamento por el que acaba de ser condenado.
El exmandatario departamental deberá responder en juicio por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Los hechos, materia de investigación, tienen relación con la presunta búsqueda del expresidente de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte Gómez y varios funcionarios de la Rama Judicial, quienes intercedían a favor de los aforados constitucionales para que se archivaran o demoraran las investigaciones que se adelantaban.
Las pruebas recolectadas indican que Abadía “recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y, por su conducto, al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014 para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.
“Se reúnen con usted y pactan honorarios, con el fin de que las investigaciones adelantadas en su contra fueran archivadas o retardadas, pero, además, para que no se formulara imputación o no se emitiera medida de aseguramiento”, aseguró en su momento el fiscal del caso.