Lo último: Corte Suprema remitiría a la Fiscalía investigaciones contra Rodolfo Hernández luego de la renuncia al Senado

El excandidato presidencial y ahora exsenador Rodolfo Hernández confirmó este lunes su renuncia al fuero, considerando que aún hay muchos temas por ajustar en el Congreso de la República. Tras su salida, SEMANA consultó a fuentes de la Corte Suprema sobre qué pasará con las investigaciones que tiene pendiente Hernández, como por ejemplo, una por supuestamente pedir dinero a candidatos al Congreso en caso de que resultaran elegidos. Los expedientes, en principio, quedarían en manos de la Fiscalía General.

Y el expediente más denso en contra de Hernández, que hoy que lo tiene entregando explicaciones en los estrados judiciales, tiene que ver con el denominado Caso Vitalogic, en el que se le investiga por su posible participación en un contrato que superó los 336 millones de pesos, que supuestamente fue direccionado por él su condición de alcalde para la época de la firma.

Es decir, ahora será la Fiscalía la encargada de llevar esta y otras investigaciones que tiene pendientes el excandidato y no la sala de instrucción.

De hecho, recientemente la Corte Suprema citó a Hernández a versión, pero presentó excusa y no llegó a la Corte.

El escándalo Vitalogic

El domingo 16 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al Rodolfo Hernández Suárez, a otros cinco excolaboradores de su administración y a un contratista, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.

En audiencia virtual ante el juez décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, un fiscal de la Seccional Santander señaló que el exmandatario Rodolfo Hernández, quien ejerció el cargo en el período 2016-2019, habría intervenido para direccionar el Contrato de Consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo con el material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitalogic.

Por las supuestas anomalías identificadas en el citado contrato, cuyo valor ascendió a 336 millones de pesos, el exalcalde de Bucaramanga y ahora congresista tendrá que entregar las explicaciones debidas del caso.

La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los exfuncionarios de Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab): José Manuel Barrera, exgerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, exdirector jurídico; Abelardo Durán Leiva, exsubgerente técnico y operativo; Abigail León, exsubdirectora administrativa y financiera, y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. Estas personas fueron vinculadas por el ente acusador por delitos como: falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

¿Despido de sindicalistas?

Otra investigación que tiene aún la Corte Suprema y que pasará a la Fiscalía tiene que ver con un hecho que ocurrió durante la alcaldía de Hernández en Bucaramanga. A través de las denuncias formuladas por los sindicatos de trabajadores del municipio de Bucaramanga, Sintramunicipio, Cintraobras y Astmep, “se conoció que durante el periodo constitucional comprendido entre 2012 a 2015, Rodolfo Hernández, actuando como alcalde del municipio, expidió un decreto en 2016 por el cual reclasificó empleos y suprimió 27 cargos de trabajadores oficiales de esa entidad territorial”, advierte el expediente que ha sido revelado por SEMANA en su totalidad.

Pero aparte, emitió una resolución con la que “incorporó a esos mismos 27 trabajadores oficiales, pero como empleados públicos en provisionalidad, siendo que de estos, ocho hacen parte de la junta directiva de Sintraobras y tenían fuero sindical”.

En el expediente conocido por SEMANA está el caso de Juan de la Cruz Villalba, quien, desde julio de 2015, se hallaba en incapacidad con 69 % de pérdida de su capacidad laboral y también se encontraba cobijado por el fuero sindical.

Entre otras cosas, la condición de trabajadores oficiales, además de su vinculación al sindicato, les proveía beneficios de la convención colectiva de trabajo y mejor connotación laboral, prestacionales y de movilidad laboral, por lo que los actos administrativos, emitidos por Hernández, “violarían su derecho a la asociación sindical, más cuando no fueron aprobados por el Consejo municipal”.