Lo último | Demanda ante el Consejo de Estado pone en la cuerda floja los Planes de Ordenamiento Territorial

Una demanda radicada ante el Consejo de Estado tiene en riesgo a los planes de ordenamiento territorial, pues dejaría sin piso jurídico las exigencias de cesiones urbanísticas para los desarrollos inmobiliarios ubicados en suelo rural o urbano, solicitadas por las administraciones municipales.

La demanda fue interpuesta por el abogado y experto en ordenamiento territorial, Juan Sebastián Briceño, en contra del artículo 19 del Decreto Presidencial 3600 del año 2007, que reglamenta la ley 388 de 1997, por medio de la cual se establece la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas. El abogado pide que se declare su nulidad por ilegalidad de inconstitucionalidad.

“Este Decreto excedió la potestad reglamentaria e invadió una competencia exclusiva del legislador, es decir, que la reglamentación incluida en el artículo 19 del decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del decreto 4066 de 2008, excedió el alcance de la ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial, debido a que creó situaciones jurídicas nuevas que no estaban contempladas en la misma ley”, explicó Briceño.

El pleito involucra a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidades que serán las encargadas de enfrentar la demanda.

“El caso tiene gran importancia porque no solo involucra entidades del orden nacional, sino también todos los municipios de Colombia que son entidades del orden territorial, en donde ya interpusimos las demandas correspondientes y en caso de prosperar, tendrían que modificar sus planes de ordenamiento territorial y ajustarse a las decisiones judiciales”, afirmó Briceño.

Según el demandante, los desarrolladores inmobiliarios y constructores podrían optimizar sus proyectos para que los espacios destinados a espacio público puedan ser destinados a zonas comunales en los respectivos proyectos urbanísticos.

Le corresponde entonces a la sección primera del Consejo de Estado decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto demandado.

El POT de Bogotá tiene una inversión de $149 billones

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expidió por decreto en diciembre de 2021, establece cinco líneas del metro, 32 corredores verdes con 146 nuevos kilómetros de vías, siete cables aéreos, dos regiotram y 1.000 kilómetros de cicloruta, entre otras obras.

“Bogotá se planteó la necesidad de avanzar en 25 actuaciones estratégicas. En Bogotá hay diferentes tipos de suelo, hay suelo de desarrollo, en donde básicamente el suelo está libre; y hay suelo con una ciudad ya construida, donde se requiere otro tipo de inversiones. Entonces la gran pregunta es cómo revitalizar a Bogotá, y cambiar lo que ha venido haciendo”, aseguró en septiembre pasado el secretario de Planeación, Felipe Jiménez.

De acuerdo con el funcionario, el modelo de planeación que ha ejecutado en Bogotá durante años, es aquel en el que los constructores llegan a un lugar específico de la ciudad, compran una serie de inmuebles y posteriormente construyen nuevos proyectos de vivienda, pero sin aportar, según él, a la construcción de ciudad y eso es lo que precisamente se busca cambiar con las llamadas actuaciones estratégicas.

Es así como el objetivo de este POT, de acuerdo con el secretario de Planeación, es pasar de una visión de predio a predio, a una visión más grande, a una actuación estratégica.

“Nos pusimos a pensar dónde quisiéramos que ocurrieran en son grandes cambios en la ciudad e identificamos 25 actuaciones estratégicas, 25 zonas donde creemos puede haber una buena revitalización, pero una actuación estratégica no es solo proyectos de vivienda, es pensar en Bogotá desde diferentes ópticas, es decir, que además de vivienda, en estas zonas también haya generación de empleo, innovación, equipamientos sociales, equipamientos de salud, colegios, es un poco la ciudad de 30 minutos que queremos construir”, afirmó Jiménez.

Las 25 actuaciones estratégicas adoptadas en el POT son: Ciudadela educativa y del cuidado, en Suba; Distrito Aeroportuario Fontibón, en Engativá; Distrito Aeroportuario Engativá, en Engativá; calle 72, en Barrios Unidos; Pieza Reencuentro, en Teusaquillo y Puente Aranda; Reverdecer Sur, en Rafael Uribe; 20 de Julio, en San Cristóbal; Borde Usme, en Usme Entrenubes; Zona industrial de Bogotá - ZIBO, en Puente Aranda, y Chucua La Vaca, en Patio Bonito.

Además de Porvenir, en Patio Bonito; Sevillana, en Tunjuelito y Arborizadora; Lagos de Torca, en Torca y Britalia; Nodo Toberín, en Toberín; Teleport-Santafé, en Usaquén; Polo Cultural, en Barrios Unidos; Pieza RioNegro, en Barrios Unidos; Ferias, en Tabora; Campin Siete de Agosto, en Barrios Unidos; Chapinero Verde e inteligente, en Chapinero; Montevideo, en Salitre y Teusaquillo; Eje Tintal, en Tintal y Salitre; Metro Kennedy, en Kennedy y Salitre; Fucha Metro, en Puente Aranda, Restrepo y Centro Histórico, y Eje Puente Aranda, en Puente Aranda.

Lo proyectado con estas actuaciones estratégicas es alcanzar una inversión cercana a los $149 billones: $ 87 billones de inversión en infraestructura y $62 billones en inversión social.