Lo último: duro regaño de la Rama Judicial a la alcaldesa Claudia López por insinuar que aumento del robo de celulares es culpa de los jueces

“Desafortunadas”, así calificó la Rama Judicial las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien recientemente dio a conocer indicadores de seguridad en Bogotá. Según la mandataria, el único indicador que va mal es el de robo de celulares. En este punto tuvo un argumento que no cayó bien entre la opinión pública y ahora generó incluso la molestia de los magistrados de las altas cortes: Consejo de Estado, Corte Constitucional y Comisión de Disciplina Judicial, y también de la Fiscalía General de la Nación.

“En que no vamos bien, en hurto de celulares, ¿por qué? Porque los jueces dejan sistemáticamente libre a los ladrones, ocho de cada diez quedan libres. Entonces esa rueda suelta y ese eslabón perdido, que es la injusticia y la impunidad, tienen que corregirlo los que tienen la oportunidad de hacerlo”, afirmó.

Y aprovechó para enviarle un mensaje directo al gobierno del presidente Petro en este tema. “El ministro de Justicia, el presidente de la República o el Congreso, si es que falta una ley [...]. Si el problema es la ley, que tramiten la ley [...]. Pero en eso necesitamos ayuda, para que no haya impunidad”, aseveró la mandataria.

En un comunicado muy breve, la Rama Judicial, a través de la Comisión Interinstitucional, señala que si bien las autoridades de la República están instituidas por mandato constitucional, para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, “los jueces de la República están sometidos al imperio de la ley y en esta se señalan los términos u oportunidades en que han de emitir sus pronunciamientos, sin que puedan omitir o extralimitar el ejercicio de sus funciones públicas”.

Agrega el comunicado: “Conocedora, como lo es la señora alcaldesa de Bogotá, en razón de su trayectoria política en el ejercicio de la función pública, la facultad de configuración normativa es un asunto que le concierne al Congreso de la República y, excepcionalmente, al Gobierno Nacional o a otras autoridades investidas para tales efectos, pero no a los jueces de la República, quienes deben actuar dentro del marco constitucional, convencional y legal”.

El comunicado concluye haciendo un llamado a quienes ejercen la función pública para que puedan “ponderar sus palabras, en sus justas dimensiones, conforme al ordenamiento legal positivo y con respeto a la autonomía e independencia de los poderes públicos, sin que ello implique restringir o limitar el ejercicio fundamental al derecho de expresión o de contradicción de las actuaciones judiciales”.

Para López, los bogotanos seguirán teniendo dificultades en seguridad y convivencia “mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito”, pese al esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y la Policía Metropolitana hagan.

“De hecho, la gente hace la labor, la gente se vincula a las redes de cuidado y a los frentes seguridad. La ciudadanía apoya solidariamente a las víctimas; la ciudadanía y los comerciantes y los empresarios conectan sus cámaras con la Policía, y la Policía captura a los ladrones, pero el sistema judicial colombiano cree que robar es un deporte... A ocho de cada diez personas que roban en TransMilenio, que acosan a mujeres, a las que les quitan el celular, que les quitan su bolso, la mal llamada justicia los deja libres”, aseveró la alcaldesa.

Balance de seguridad

A pesar de que varios indicadores de delito de alto impacto han bajado en la ciudad en lo corrido del año, en comparación con igual período de 2021, los hurtos a personas, de celulares, automotores y motocicletas siguen disparados en la capital.

El propio secretario distrital de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, reveló que, por ejemplo, al 30 de abril de 2022, los robos a personas se habían incrementado 20 % con 36.376 casos en lo corrido del año, frente a los 30.426 hurtos reportados en igual período del año anterior.

En solo abril, frente a igual mes de 2021, el hurto a personas subió 17,6 % a un total de 8.389 casos, 1.253 más que los reportados hace un año.