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¡Lo último! | Imágenes de las celdas de Emilio Tapia y Carlos Mattos, en La Picota
La Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo visitaron el centro penitenciario por presuntas relaciones y negocios que estarían haciendo los empresarios corruptos.
Las alarmas se prendieron en la penitenciaría La Picota luego de que el propio director del Inpec, mayor general Mariano Botero Coy, pidiera el acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para que de primera mano revisaran las condiciones penitenciarias de dos de los más polémicos detenidos.
Carlos Mattos, cabeza del escándalo de Hyundai, a quien le probaron el intento de manipular su proceso, y el reincidente Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y ahora en prisión por el escándalo de Centros Poblados, en el que se refundieron más de 70 mil millones de pesos.
La preocupación del mayor Botero era que crecían los rumores de condiciones con excesivos beneficios para Mattos y Tapia e incluso se aseguraba que tenían negocios conjuntos que estaban llevando a cabo desde su sitio de reclusión.
“Lo que se quiere es que con la mayor prontitud y con el apoyo de los organismos investigadores, se pueda evidenciar las condiciones de estos privados de la libertad y de los demás reclusos de los Pabellones ERE y UME”, señaló el Inpec.
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La visita fue adelantada por Sebastián Montoya, contralor delegado para el sector justicia y se sumó la Defensoría del Pueblo. Los resultados, de manera preliminar, fueron elementales como lo que encontraron en las celdas. “Sin que se encontrara ningún elemento irregular para las condiciones en que se encuentran allí”, dijo la Contraloría.
La revisión incluyó algunas fotografías de las celdas y del diálogo con los detenidos: Carlos Mattos y Emilio Tapia. Los dos espacios y personas que fueron objeto de cuestionamientos por supuestos beneficios en su reclusión, a primera vista no abren debates más allá de que no se comparte con otros detenidos.
La Contraloría aseguró que en la visita no solo se indagó en la situación de reclusión de los dos detenidos, sino que aprovecharon para hacer un estudio de los convenios que se firmaron con la Unidad de Servicios Penitenciarios, principalmente en la cárcel La Picota, donde se encuentran Tapia y Mattos.
“Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, pudimos inspeccionar no solamente las celdas, sino también revisar la ejecución de los contratos que viene realizando la USPEC en La Picota”, explicó Sebastián Montoya, contralor delegado para el sector Justicia.
Los problemas en la ejecución de algunos contratos con la Uspec, fueron advertidos por el propio Inpec y la Contraloría advirtió que serán objeto de revisión en detalle. Por ahora el diálogo incluyó algunos compromisos para garantizar la prestación del servicio de manera óptima. “Se realizó una mesa de trabajo con la Uspec y esta entidad deberá cumplir unos compromisos para solucionar las falencias detectadas”, agregó Montoya.
Dijo el funcionario de la Contraloría que durante toda la visita identificaron fallas importantes en el funcionamiento de ascensores y suministro de agua, además de los alimentos, responsabilidades que dependen de la Uspec y la supervisión del Inpec, temas pendientes que el ente de control aseguró estarán atentos en las próximas semanas.
La solicitud de vigilancia que pidió el Inpec y que se cumplió por parte de la Contraloría para verificar el estado de las celdas y reclusión de Mattos y Tapia, forma parte, según el Instituto Penitenciario, de un programa de transparencia que incluye la protección de los derechos de los mismos privados de la libertad.
“Para la dirección general del Instituto es fundamental el apoyo de los entes de control en la verificación de algunas denuncias, para lograr cumplir con la misionalidad con transparencia y rectitud”, dijo en su momento el Inpec.