Lo último: Fiscalía imputará cargos a 33 funcionarios y exfuncionarios de la ANI por escándalo de Odebrecht

La Fiscalía busca esclarecer las supuestas irregularidades en la contratación pública que ejecutó Odebrecht en Colombia durante los años 2009 y 2016. En ese camino, se imputarán cargos a 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Al parecer, el ente de acusación tendría material probatorio y evidencias físicas que pondrían en evidencia que estos ciudadanos habrían intervenido en la suscripción de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II para ayudar, presuntamente, a la multinacional brasileña.

“La investigación advierte que el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente al concesionario con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al cronograma de obra, entre otras irregularidades”, aseguró la Fiscalía.

Los 33 implicados, en diferentes grados de responsabilidad, deberán responder por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. Ellos ocupaban cargos trascendentes en la ANI, como la presidencia, vicepresidencias, gerencias y comités con injerencia en los procesos contractuales.

Los 33 imputados

• Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.
• Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista).
• Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista).
• Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.
• José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.

• Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de Estructuración.
• Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.
• María Clara Garrido Garrido, vicepresidenta Administrativa y Financiera.
• Camilo Mendoza Rozo, vicepresidente de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
• Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).
• Mónica Rocío Adarme Manosalva, asesora grado 8.

• Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).
• Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.
• Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión, experto G3 7 (contratista).
• Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, vicepresidente de Gestión Contractual.
• David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
• Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.
• Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente financiero VGC.
• Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.
• Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de riesgos.

• Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e).
• Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13.
• Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 grado 07.
• María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.
• Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos, Gestión Contractual 2.
• Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos, delegado del presidente para comité de Asuntos Contractuales.
• Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración.

• Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos, Gestión Contractual 2.
• Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista).
• Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos, Riesgo.
• Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista).
• Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos, Financiero.
• Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.

“Los llamados a formulación de cargos tendrían participación en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación”, agregó la Fiscalía General de la Nación.

Ahora bien, las audiencias fueron radicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao y se está a la espera de las respectivas fechas.

Las pruebas de la Fiscalía

A juicio del ente de acusación, los otrosíes presentan estudios técnicos, jurídicos y financieros no serios que serán objeto de investigación, de la siguiente forma:

• Otrosí No. 1 del 11 de marzo de 2013

“Irregularidades en el estudio de conveniencia y oportunidad que desconocieron los principios de planeación, economía, responsabilidad, imparcialidad y legalidad que rigen la contratación estatal”, manifestó el ente de acusación.

Los investigadores pondrían en evidencia que se le otorgó una ventaja al concesionario al disminuir los parámetros de calidad en los pavimentos, bajando los costos de la construcción que ya estaban en firme.

También se habría realizado el “pago proporcional anticipado sin haberse culminado la obra, generando un impacto negativo por valor de $2.227.684.344″.

• Otrosí No. 2 del 5 de abril de 2013

Allí se autorizó la ampliación de plazos de inicio de operaciones doble calzada y ajustes de programación de obras. A pesar de los múltiples retrasos, calificados como “de no responsabilidad del contratista”, se dejaron de cobrar multas por $35.883.004.450.

• Otrosí No. 4 del 28 de octubre de 2013

Se le permitió ampliar los plazos en el inicio de operación de la doble calzada en los tramos 2, 3, 4 y 7 a su conveniencia. En esta oportunidad, no se habrían cobrado $35.883.004.450 de multa.

• Otrosí No. 5 del 19 de diciembre de 2013

“Se adiciona al contrato de concesión la elaboración de los estudios y diseños fase III de la intercepción a desnivel para el acceso a Puerto Boyacá. Para el cumplimiento de este objeto contractual se asignaron $837.871.486. Esta obra no estaba contemplada en el proyecto inicial y los estudios de conveniencia y oportunidad no estaban ajustados a los requerimientos de ley”, detalló la Fiscalía.

• Otrosí No. 8 del 23 de diciembre de 2014

En este otro episodio, se le dio el visto bueno al ingreso de recursos a la subcuenta de estudios, cuando el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) no habían autorizado nuevas vigencias futuras o su reprogramación.

• Otrosí No. 10 del 3 de noviembre de 2016

“Las personas llamadas a imputación, presuntamente, con su proceder eliminaron la construcción de la segunda calzada y la rehabilitación del tramo 1 entre Puerto Salgar y Caño Alegre. Al tiempo, presuntamente, se desconoció el estado de la obra ejecutada y se habría autorizado un descuento de $19.976.971.349 por las obras no ejecutadas, pero en realidad el valor a descontar era de $65.395.611.623″. Es decir, el perjuicio al Estado fue de $86.789.846.127.