Lo último: intendente y patrullero de la Policía, a juicio disciplinario por golpear a Javier Ordóñez dentro del CAI

Por golpear al ciudadano Javier Ordóñez cuando estaba reducido y en total estado de indefensión, dos patrulleros de la Policía fueron llamados a juicio disciplinario por la Procuraduría General.

La decisión se tomó dos años después de registrados los hechos en los cuales el estudiante de Derecho fue detenido, golpeado y trasladado al CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá.

Para el organismo de control disciplinario, el intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas, en su condición de comandante de patrulla de vigilancia del CAI Florida, y el patrullero Henry Alejandro Bonilla Bastidas, quien para la época de los hechos se desempeñaba como auxiliar de información del CAI Villa Luz, tuvieron contacto directo con Ordóñez, quien fue trasladado a esas instalaciones luego que dos patrulleros lo requieran por supuestamente estar tomando licor en la calle en medio de la cuarentena.

Las pruebas documentales y testimoniales indican que tras ser reducido por la fuerza y una pistola taser, Ordóñez fue trasladado en un vehículo de la Policía al CAI. Allí, el intendente, presuntamente y de manera intencional, se excedió en el uso de la fuerza y “habría bajado violentamente del vehículo al ciudadano que se encontraba esposado de pies y manos, haciéndolo caer de rodillas contra el pavimento”.

En el pliego de cargos se destaca que para el momento de descender de la patrulla, Javier Ordóñez “ya estaba reducido y no se requería el uso de la fuerza, por lo que no era necesario continuar con las agresiones o causarle más daño a su integridad ejerciendo mayor fuerza de la necesaria (…)”.

Frente a esto, se les cuestionó el hecho que el patrullero no habría hecho nada para evitar que dos de sus compañeros atentaran contra la integridad de la víctima, desde el mismo instante en que este llegó al CAI, y advirtió que se encontraba con graves lesiones en su cuerpo.0

La Procuraduría señaló que fue tal el grado de la presunta omisión en el cumplimiento de su deber de protección, que “permitió que el Patrullero Lloreda Cubillos grabara los lamentos del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez sin prestarle ninguna asistencia y sin siquiera verificar el estado de salud del ciudadano”.

De acuerdo con las pruebas documentales, hasta la 1:25 de la madrugada el patrullero Bonilla Bastidas y otros dos policías advirtieron el mal estado de salud en que el detenido se encontraba, por lo que se comunicaron por radio solicitando la patrulla urgentemente.

En el pliego de cargos se calificaron los hechos como gravísimas a título de dolo, por lo que se exponen a una sanción consistente en la inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos y una multa 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cerca de 1.500 millones de pesos.

Por estos hechos, ya fue condenado a 20 años de prisión el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, después de reconocer mediante un preacuerdo su responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura agravados. Igualmente, se comprometió al pago de una multa y a presentar excusas públicas y ayudar a esclarecer los hechos.

Los elementos de prueba dan cuenta de que unidades de vigilancia de la policía realizaron un procedimiento frente al conjunto residencial en el que vivía el señor Ordóñez Bermúdez, y coordinaron su traslado hasta el CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá.

En este punto, al parecer, hubo otras actuaciones que desencadenaron la muerte del estudiante de derecho, como lo precisó el informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.

La muerte de Javier Ordóñez generó una manifestación frente al CAI de Villa Luz que terminó con la quema de la instalación. Igualmente, se presentaron ataques en contra de varios agentes de la Policía.