Lo último: JEP escuchará observaciones de víctimas sobre falsos positivos en Meta; los relatos son desgarradores

La Jurisdicción Especial para la Paz convocó para los próximos 23 y 24 de febrero a la Audiencia pública de Observaciones de las víctimas frente a las versiones rendidas por comparecientes en el Subcaso Meta, del Caso 03 (‘falsos positivos’).

En esta diligencia que se realizará en Villavicencio (Meta) participarán las víctimas acreditadas, quienes serán escuchadas por la Sala de Reconocimiento y podrán entregar sus observaciones frente a las versiones entregadas por exmiembros del Batallón de Infantería no. 21 Batalla Pantano de Vargas.

“Las audiencias de observaciones otorgan rostro y voz al dolor sufrido por las víctimas, lo cual pretende un acercamiento a los comparecientes a través de las historias del daño sufrido. En estas audiencias se intenta un equilibrio entre las observaciones técnico-jurídicas y procesales, propias de las organizaciones representantes de las víctimas, y las consideraciones atadas a la experiencia vivencial de las víctimas, que tienen potenciales de interpelación a los comparecientes y a la sociedad. Esto es central en la consecución de fines restaurativos”, se lee en la citación conocida por SEMANA.

Hace pocos días, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad puso en marcha lo que se denomina proceso restaurativo e inició la preparación de la audiencia pública de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de 23 comparecientes que aceptaron su responsabilidad en los asesinatos de 296 personas, ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame, Arauca, entre 2005 y 2008.

En total, cinco sargentos adscritos al Batallón Pantano de Vargas que tiene su sede en el municipio de Granada, en el departamento del Meta, fueron citados a declarar por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los hechos se habrían presentado entre los años 2004 y 2007, cuando se registraron doce asesinatos de civiles que fueron presentados en los informes oficiales como guerrilleros abatidos en combate. Los ‘falsos positivos’ fueron registrados en las poblaciones de Lejanías y San Juan de Arama.

“Antes de un encuentro directo entre víctimas y comparecientes, las observaciones a las versiones constituyen un momento en el cual se contribuye a la construcción de la imagen del otro. En este caso es de vital importancia que los comparecientes construyan una imagen de las víctimas y de los daños individuales, familiares y comunitarios que surgieron. En este sentido, mientras que en las versiones voluntarias existió una prevalencia de la palabra de los comparecientes, en las audiencias de observaciones esta prevalencia se concentra en la palabra de las víctimas”, señala la JEP en un nuevo auto emitido este martes 10 de enero.

Y es que, según los magistrados de la JEP, la audiencia pública es clave, entre otras cosas, porque los comparecientes deben participar en un ejercicio de escucha atenta de las víctimas, tal como estas han hecho al oírlos durante las versiones.

Conflicto en el Meta

Cabe recordar que uno de los que más ha destacado el horror de lo ocurrido en Meta fue Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, en el subcaso que tiene relación con los falsos positivos en el Meta, vinculó a varios oficiales del Ejército Nacional de tener participación y conocimiento en la masacre de Mapiripán (Meta) —registrada el 15 de julio de 1997— y la cual fue ejecutada por grupos paramilitares.

Teniendo en cuenta que estuvo vinculado durante varios años en el Bloque Centauros de las Autodefensas que delinquía en los Llanos, Otoniel cuenta con información sobre las actividades delictivas que se registraron en dicha región a finales de los noventa y principios del nuevo milenio.

Igualmente, el excomandante de la banda criminal que se conformó por paramilitares que no se desmovilizaron señaló al excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya Uribe, de tener conocimiento sobre la práctica de los falsos positivos. Es decir, la presentación de personas ajenas al combate como integrantes de grupos subversivos que habían sido abatidas en combate.

Ahora, en el expediente 3 que corresponde a las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado, recientemente se conoció que 21 militares —entre los que se encuentran un general en retiro, once oficiales, seis suboficiales, tres soldados y un civil— aceptaron su participación en 247 ejecuciones extrajudiciales registradas en el Catatumbo (Norte de Santander) y la Costa Caribe.

La Sala de Reconocimiento advirtió que la JEP “concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”. Los hechos se presentaron entre el 2003 y el 2008.