Lo último: llamado urgente de la Procuraduría al Gobierno Petro sobre formalización minera; esto advierte una nueva circular

“La formalización minera no da espera”. De esta manera, resumió la Procuraduría General de la Nación la nueva circular, conocida por SEMANA, en la que instó al Gobierno nacional a implementar medidas eficaces para controlar y combatir las actividades extractivas de minerales que se realizan dentro de áreas de importancia ambiental y sin ninguna autorización o instrumento de manejo y control ambiental, así como a la adopción e implementación inmediata del Plan Único de Formalización y Legalización Minera.

A través de la circular 008 de 2023, el Ministerio Público exhortó al Ministerio de Minas y Energía a expedir la reglamentación que se requiere en materia de reconversión a otras actividades productivas de las actividades mineras que, por restricciones de naturaleza ambiental, social o económica, no puedan continuar desarrollándose.

La circular también le referencia a la cartera de Minas y Energía su obligación de reglamentar los mecanismos necesarios para determinar la procedencia y trazabilidad de los minerales en la fase de comercialización, controlando así todo el proceso de la cadena de valor de la minería.

Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado a la articulación entre las autoridades del sistema nacional ambiental, el sector defensa y el sector de minas y energía, para evitar el recrudecimiento y agudización de los conflictos socio ambientales asociados a las actividades extractivas de minerales, propiciando espacios de diálogo continuo que motiven a los mineros informales a legalizar su actividad a través de las diferentes herramientas o mecanismos que la normatividad minero ambiental en Colombia.

Lo que advirtió el Gobierno

Más de cuatro horas duró el consejo de ministros que convocó el presidente Gustavo Petro en Caucasia por el paro minero que se registró en el Bajo Cauca y que ha mantenido clima de tensión en la región. Al término de esa reunión de alto nivel lanzó una fuerte advertencia a la minería ilegal.

En ese sentido, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada reveló que la directriz que dio el mandatario colombiano es el de revisar con lupa toda la titulación minera, con el objetivo de identificar la minería ilegal.

“El presidente Gustavo Petro le pidió al Ministerio de Minas herramientas tecnológicas para la extracción de oro en la zona, ordenó la revisión de toda la titulación minera y saber quiénes son los tenedores de los derechos mineros, el Ministerio de Transporte realizará una caracterización de la maquinaria amarilla y sus dueños”, sostuvo Prada.

Y agregó en su declaración: “Desde el mes de marzo que empezó el paro minero en el Bajo Cauca, el Gobierno ha venido haciendo presencia en el territorio, adelantando varios diálogos y en el consejo de ministros, para el Gobierno es necesaria la atención de los pequeños mineros, desde el inicio hemos estado allí con varios funcionarios y entidades”.

“El presidente Petro ordenó una mesa técnica, que la van a integrar varios ministerios. Queremos con esto después de varias horas dejar claro que el Gobierno está en el territorio y estamos comprometidos con mejorar las condiciones de los mineros”, insistió el funcionario del Gobierno nacional.

Contaminación con mercurio, otro de los fenómenos a combatir

El incremento de la minería ilegal en Colombia generó un notable aumento en la contaminación con mercurio en las fuentes hídricas, la deforestación y afectaciones a los ecosistemas ecológicos en los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá. Con esta premisa, la Procuraduría General convocó a la primera Mesa Nacional de Mercurio, para hablar y atender esta grave problemática socio ambiental.

El Ministerio Público convocó a 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones y universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales. En la citación, la Procuraduría precisó que la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.