NACIÓN
Ordenan el traslado a la cárcel La Picota del senador Mario Castaño, investigado por corrupción
El congresista deberá esperar hasta que se resuelva su situación jurídica en un centro penitenciario de máxima seguridad.
El senador del Partido Liberal, Mario Castaño, rindió diligencia de indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso que adelanta el alto tribunal por la presunta comisión de delitos relacionados con corrupción.
Una vez que finalizó la indagatoria, la cual terminó este sábado, los magistrados tomaron la decisión de ordenar su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, mientras se resuelve su situación jurídica. La diligencia tardó dos días por lo extensa de la misma.
Castaño fue capturado la semana pasada y puesto a disposición de las autoridades, al quedar en evidencia el modus operandi de uno de los entramados de corrupción más escandalosos de los últimos años.
Sobre ese caso en particular, en poder del alto tribunal había un amplio expediente, en el que una serie de audios terminaron convirtiéndose en la prueba más sólida en su contra. Castaño rindió indagatoria ante la sala especial de instrucción, dedicada a investigar aforados.
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En marzo, la Corte Suprema aclaró que se le abría investigación penal y se citaba a indagatoria, específicamente “por concierto para delinquir agravado, como presunto líder de red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos”.
Pero ahí no para el escándalo, la Fiscalía General le imputó a Daniela Ospina, pareja del senador, el delito de estafa agravada, esto al considerar que ejerció presión indebida sobre 16 personas para que aceptaran un contrato de prestación de servicios en diferentes entidades públicas, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Contraloría General, la Procuraduría General, el Sena, entre otros. Todo esto a cambio de entregar una comisión al senador y hacerle proselitismo político.
No obstante, SEMANA logró acceder en exclusiva al expediente en contra de Castaño. Según la Fiscalía, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspiraba, cuando se conocieron los audios, a su tercer período, y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.
En este caso puntual, investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, en ellas se detectó un interés indebido por todo tipo de contratación con entidades locales, regionales y nacionales.
Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.
Además, se identificó una compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, fue puesta al descubierto y puso en serios problemas al senador liberal Mario Castaño, considerado uno de los grandes caciques políticos del Eje Cafetero, y quien se reeligió el pasado 13 de marzo.
Nueve personas, entre ellas varias de su entera confianza, ya fueron capturadas por agentes del CTI de la Fiscalía en Manizales, Chocó y Bogotá, por delitos relacionados con interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.
En el Congreso, recientemente, Castaño presidió entre 2019 y 2020 la poderosa Comisión Cuarta del Senado, donde se adelanta el trámite de las leyes orgánicas de presupuesto. En 2021 fue el coordinador ponente del presupuesto de la Nación para 2022. A través de su campaña al Congreso, tenía el número 9 en la lista al Senado por el Partido Liberal y se hacía llamar ‘El senador de las regiones’.
En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.
