Lo último: por firma de más de 264 contratos, abren indagación contra funcionarios del Ministerio de Deporte de Gobierno Petro

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio del Deporte, por las presuntas conductas irregulares y de relevancia disciplinaria en las que pudieron incurrir durante la firma de 264 contratos.

El escándalo no es de poca monta. El 27 de febrero, el presidente Gustavo Petro le notificó al país que María Isabel Urrutia no continuaría como ministra del Deporte. Sin embargo, después del pronunciamiento del mandatario, la deportista se mantuvo 8 días más en el cargo y firmó más de 259 contratos por una cifra superior a los 20.000 millones de pesos, un hecho que puso a la Casa de Nariño en máxima alerta y motivó a que el jefe de Estado la despidiera por segunda vez y en esta oportunidad, en medio cuestionamientos en su contra.

SEMANA indagó en la página de Secop II, que obliga a todos los contratistas y entidades del Estado a registrar sus procesos contractuales, y encontró que solo el sábado 4 de marzo de 2023, es decir, un día no hábil, se subieron a la página 174 contratos del Ministerio del Deporte y otros 74 el domingo 5 del mismo mes, para un total de 248 solo durante el fin de semana.

La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que algunos medios de comunicación dieron a conocer que se habrían firmado los negocios jurídicos entre el tres y el cuatro de marzo de 2023, una vez se reveló que la ministra titular de la cartera sería sustituida.

La Entidad ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de individualizar los responsables, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

La mayoría de los contratos que se publicaron el 4 de marzo son de prestación de servicios, que oscilan entre los 60 y 70 millones de pesos anuales, y aparecen en la página como procesos adjudicados. Entre ellos, se destacan ocho contratos por 90 millones de pesos al año, es decir, 9 millones mensuales aproximadamente.

Uno de los contratistas prestará los servicios profesionales para apoyar la construcción y seguimiento de políticas públicas de enfoque diferencial, inclusión y equidad para el fortalecimiento del sector deporte; otro hará la evaluación, orientación y apoyo técnico de las actividades propias del ciclo de proyectos de inversión pública en materia de infraestructura recreativa. Otras 4 personas fueron contratadas bajo el mismo fin.

Otro más “prestará los servicios profesionales como abogado para apoyar el ciclo de proyectos de inversión pública que correspondan a la Dirección de Recursos y Herramientas del SN”.

Aparecen también los contratistas Harold Enrique Cogollo Leones, quien, según su contrato, “prestará servicios profesionales especializados para la elaboración y revisión jurídica de documentos relacionados con la inspección, vigilancia y control”, además de Walter Epifanio Asprilla, con una misión similar.

El domingo 5 de marzo, el Secop registró la publicación de otros 74 contratos del Ministerio del Deporte. De estos, casi todos son por prestación de servicios y el de mayor monto es de 70 millones de pesos.

Agregó que ya le enviaron todas las ‘ías’, es decir, los organismos de control, y está dispuesta a responder por sus actuaciones. “Que ellas determinen qué indelicadeza o corrupción cometí, cuando me dediqué fue a combatir la corrupción”, expresó.

“Que Dios los perdone”, dijo María Isabel Urrutia a quienes la han cuestionado. Descartó que sean 30.000 millones los dineros contratados y dijo que prepara un informe financiero detallado que le presentará al país este miércoles 8 de marzo y a la nueva ministra de Deportes, Astrid Rodríguez.

“Me quedo tranquila, que Dios los perdone, yo soy ser humano, yo también los perdono”, resumió.

Urrutia quiere cerrar el capítulo y no hablar más del tema, a menos que se lo pidan los organismos de seguridad. “Que las autoridades me investiguen y se darán cuenta de que yo no he hecho nada”, aclaró.