Lo último: por no atender alertas sobre contaminación de la bahía, sancionan al Distrito en Cartagena

El seguimiento y verificación de la Procuraduría a las denuncias recibidas por presuntas infracciones y acciones de contaminación a la Bahía de Cartagena, dio como resultado que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –Cardique-, declarara al Distrito de Cartagena responsable de realizar vertimientos de aguas residuales domésticas, desde el predio donde opera el cuerpo de Bomberos de Cartagena, a este recurso hídrico.

El ente de control precisó que, a pesar de los requerimientos realizados al Distrito de Cartagena para que cesara el vertimiento proveniente de una poza séptica, “no se adoptaron las medidas necesarias”, por lo que la Procuradora 3 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios, radicó formalmente la queja ante –Cardique-, para que la autoridad ambiental adelantara los procesos de su competencia.

“Después de adelantar el trámite del proceso sancionatorio, la citada autoridad ambiental declaró responsable al Distrito de Cartagena de realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a la Bahía de Cartagena, sin contar con permisos correspondientes e imponiendo al ente territorial una multa de $615.063.985,65″; señala la Procuraduría.

La Procuraduría General de la Nación continuará con sus acciones encaminadas a la protección y recuperación de la Bahía de Cartagena, especialmente con el seguimiento al cumplimiento de la sentencia proferida en el año 2020 por el Consejo de Estado en atención a una Acción Popular presentada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Otra alerta de la Procuraduría en Cartagena

“Estoy más que sorprendida y aterrada por el peligro que es para cualquier ciudadano de caminar por estas calles, encontrarnos problemas de andenes, techos, balcones” confirmó la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, durante su visita a la ciudad de Cartagena.

Se trata de una acción preventiva y de control de gestión para la protección del patrimonio cultural ubicado en Cartagena, en la cual el Ministerio Público conoció de numerosas intervenciones en la ciudad con licencias de construcción vencidas, suspensiones de obras por inspección de la Policía Nacional y el Instituto de Patrimonio y Cultural de Cartagena.

Tras el recorrido, la Procuraduría demostró la existencia de edificaciones en avanzado estado de deterioro, abandono y múltiples afectaciones en sus estructuras y, además, ocupaciones del espacio público por establecimientos de comercio y negocios informales, específicamente se han identificado 49 predios en tal situación y 57 balcones que advierten un posible colapso, ubicados en el Centro Histórico, San Diego y Getsemaní.

Así mismo, se encuentran afectaciones en el parque Bolívar, la plaza Santo Domingo, el Camellón de los Mártires, y la plaza de Los Coches, entre otros; lo que incluye denuncias por la disposición de las basuras, el mal estado de las bancas y deficiente aseo.

Por tanto, la Procuraduría pidió a los entes territoriales de manera urgente la adopción de medidas correctivas de control urbano en el centro histórico de Cartagena y sus áreas de influencia para evitar, entre otras cosas, obras sin las licencias de construcción respectivas, al deficiente sistema de alcantarillado y por supuesto, el debido mantenimiento de los espacios y bienes públicos de la capital de Bolívar.

Y claro ejemplo de ello es que el pasado jueves 17 de noviembre se desplomó un balcón en una edificación antigua del Centro Histórico de Cartagena. Este inmueble ya había sido identificado previamente como de alto riesgo, sin embargo, debido al descuido del propietario sobre la alerta emitida, las fuertes lluvias de ese día contribuyeron a la caída de una parte de la estructura.

Ante esta situación, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la entidad encargada de la veeduría de los inmuebles, a través de la División de Patrimonio Cultural, salió a recorrer las calles de los barrios Centro, San Diego y Getsemaní, para evitar que eventos como este donde resultó una persona herida, se repitan.

El IPCC explicó que compulsará copias a la Fiscalía General para que se adelanten las investigaciones correspondientes contra los propietarios de los inmuebles de aquellas obras en las que durante el recorrido se encontró que quitaron arbitrariamente el sello de suspensión de obras impuesto preventivamente.

Como resultado de una toma operativa en estos tres sectores, fueron suspendidas tres obras de forma preventiva, debido a que no contaban con permisos del Comité Técnico de Patrimonio ni licencias de construcción.

Los inmuebles son: Calle Quero No. 9-12, en San Diego; el Edifico Havana, en Getsemaní; y un local del edificio Pombo en el Centro Histórico.

De igual forma, de 26 obras con sellos de suspensión colocados días y meses atrás, 21 habían sido retirados, por lo que se procedió a sellar nuevamente y a compulsar copia ante la Fiscalía General para que se adelanten las investigaciones correspondientes.