Lo último: Procuraduría lanza alerta por hacinamiento superior al 900% en Valledupar

En visita a las cárceles y centros de reclusión de Valledupar, la Comisión Extraordinaria enviada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y liderada por el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encontró niveles de hacinamiento que superan el 900 %, serios problemas de salud entre la población privada de la libertad y fallas estructurales en las instalaciones que requieren intervención urgente.

Señala la Procuraduría que el caso de hacinamiento más grave se encontró en la estación de Policía La Permanente, donde se encuentran privadas de la libertad 558 personas en un espacio con capacidad para 60, para un hacinamiento del 930 %, que impacta seriamente las condiciones de vida y salud de las personas. Allí se presentan graves vulneraciones a los derechos humanos y hay un brote de tuberculosis.

Además de eso, en la cárcel judicial del municipio se pudo determinar que es una construcción con 52 años, cuya infraestructura requiere de intervenciones inmediatas. Cuenta con capacidad para 256 PPL y en el momento hay 612 internos, 228 son condenados y 384 sindicados, un hacinamiento de 245 %.

En el Centro Penitenciario de Alta y Media Seguridad, conocido como Cárcel La Tramacúa, hay 1.498 personas detenidas y la sobrepoblación asciende al 3,2%. Allí, el equipo de la Procuraduría pudo establecer que se requiere de mejoras locativas y, en las áreas de preparación de los alimentos y en uno de los pabellones, con capacidad para 160 personas, donde a la fecha solo hay 15 personas debido a la necesidad de realizar reparaciones estructurales.

Finalmente, en recorrido por la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad, se evidenció que hay 60 personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, en un espacio adecuado apenas para 15 personas, lo que significa hacinamiento de 300 %.

El recorrido fue acompañado por los directores del Inpec y la USPEC, el Director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, el Defensor Delegado para la Política Criminal Carcelaria, el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los procuradores Regional de Cesar y provincial de Valledupar, el Defensor Regional del Cesar, el Personero de Valledupar y el Secretario de Gobierno del municipio, quienes también participarán hoy en la mesa de trabajo para definir medidas de atención y compromisos urgentes frente a la situación.

La propuesta de MinJusticia sobre hacinamiento en Colombia

En medio de una de las peores crisis carcelarias y penitenciarias en la historia reciente del país, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo una propuesta para que se defina la situación jurídica de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.

Según Osuna, es necesario hacer este conteo con el fin de definir los casos de personas que deben seguir en los centros carcelarios de Colombia y quienes pueden recibir beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional con el brazalete electrónico.

Por esto les pidió a todos los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país que los acompañen para la definición de la situación jurídica de esas 180.000 personas: “Nos acompañen con abogados voluntarios porque no es suficiente el personal para hacer un censo fidedigno”.

El objetivo de esta propuesta es verificar la situación individual de cada uno de los reclusos y determinar si se les puede conceder o no un beneficio. Esto, ante la terrible situación de hacinamiento que se vive en la mayoría de centros caseros del país, en los cuales el número de internos triplica el cupo establecido.

La situación es más grave aún si se tiene en cuenta, según dijo el Ministro, que el reporte parcial indica que hay un número significativo de personas que ya tienen derecho a su libertad y siguen detenidas. Frente a esto se busca establecer qué personas están en esa situación.

Así como aquellas que ya cumplen con los requisitos para tener el beneficio de casa por cárcel o una libertad parcial, es decir que puedan salir entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde para realizar diferentes actividades como trabajo o estudio.