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Lo último: Procuraduría lanza alerta y advierte riesgos en contratación por más de $ 2,8 billones en Cali
Entre enero de 2020 y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos de manera directa por un valor superior a los $ 2,8 billones. Esto es lo que está ocurriendo.
Cali afronta uno de los momentos más difíciles por cuenta del escándalo de Emcali, que ha generado verdadero revuelo en todo el país por millonarios sobrecostos. La indignación se da, por ejemplo, por cifras como la siguiente: un televisor de 55 pulgadas Smart LED fue cobrado por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos.
Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación acaba de lanzar una alerta por riesgos en la gestión contractual adelantada por el Distrito de Santiago de Cali, Valle del Cauca.
Entre enero de 2020 y junio de 2022, la modalidad de selección más utilizada en el Distrito de Santiago de Cali, advirtió el Ministerio Público, fue la contratación directa, con 75.509 contratos celebrados por un valor sumado superior a los $ 2,8 billones, correspondiente al 57 % del total de contratos celebrados por la administración distrital.
En 2021, el ente territorial suscribió un total de 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, por lo cual, el 94,7 % del total de estos estuvo destinado a satisfacer necesidades de personal en el Distrito.
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La Procuraduría advirtió también que, para ese mismo año, $ 1,5 billones fueron contratados directamente, mientras que solo $ 437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. Es decir, el año pasado el 78 % fue de contrataciones directas.
Cabe recordar que la Procuraduría realizará una visita a las 10:00 a. m. de este 26 de septiembre a la sede de la Alcaldía, con la presencia de asociaciones gremiales y comunitarias para escuchar sus inquietudes y denuncias en torno al manejo de los recursos públicos en la administración distrital.
De otra parte, en horas de la tarde, el ente de control convocó a la Alcaldía Distrital a una mesa de seguimiento en la que se hará entrega del informe preventivo en el que se identifican, entre otros, riesgos de la gestión contractual.
Emcali
Por ejemplo, solo en este tema, se evidenciaron 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Emcali.
La Procuraduría es clara en señalar que uno de los criterios fundamentales para contratar directamente este tipo de servicios con Emcali debió ser la experiencia e idoneidad de esta empresa para desarrollar los objetos contractuales.
Sin embargo, solo hasta el año 2020 cambiaron los estatutos para ampliar su giro ordinario, de manera que mediante el informe entregado a la alcaldía distrital, se le solicita a la administración entregar la información de la experiencia e idoneidad de esta empresa para ejecutar los objetos contractuales descritos anteriormente.
Procuraduría adelantará, este próximo lunes 26 de septiembre, audiencia pública en Cali con asociaciones gremiales y comunitarias, y ciudadanía para escuchar denuncias frente al manejo de recursos públicos. pic.twitter.com/0x7bYG7QV3
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 25, 2022
Contratistas
“El análisis muestra que los mayores contratos fueron celebrados con otras entidades estatales por un valor cercano a los $ 566.674 millones. Se advierte que uno de los mayores contratistas es la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente (Agesoc), con $ 133.210 millones y más de 1.176 contratos firmados”, señala la Procuraduría.
También llama la atención del ente de control la contratación de una comisión arquidiocesana con $ 98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $ 83.050 millones, “sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito y sin que hayan estado sujetos a procesos competitivos”.
Contratos de empréstitos
A lo anterior se suma el riesgo que implica la celebración de los contratos de empréstitos por $ 625.644 millones con cinco bancos, con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución.