Lo último: Procuraduría le pide a la Corte dejar en firme acuerdo comercial entre Colombia y Reino Unido

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, acaba de emitir concepto señalando que el más reciente acuerdo de libre comercio firmado por Colombia con Reino Unido e Irlanda del Norte, así como la ley que lo aprobó, se ajustan a la Constitución. Es decir, la Procuraduría le pide al alto tribunal, la Corte Constitucional, declarar ese acuerdo comercial exequible.

En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que el tratado internacional, firmado también por los gobiernos de Ecuador y Perú, tiene como finalidad preservar los beneficios y obligaciones existentes entre los países que lo suscribieron, que pueden verse afectadas ante el retiro de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Indicó que el documento se ajusta a la Carta Política, pues pretende garantizar que no se interrumpan los beneficios asociados al anterior tratado, que permite la internacionalización de las relaciones económicas, así como persigue el desarrollo, el bienestar y la prosperidad social.

“La Procuraduría estima que frente a las disposiciones del presente convenio que reproducen el acuerdo suscrito en el año 2012 con la UE, la Corte Constitucional debe reiterar las consideraciones expuestas en la Sentencia C-335 de 2014, en la cual se constató su exequibilidad”, precisó en el concepto.

En 2019, Colombia, en compañía de Perú y Ecuador, firmó con el Reino Unido el instrumento cuyo objetivo es la preservación del marco comercial de relacionamiento que tiene actualmente en el acuerdo con la Unión Europea. El objetivo desde la creación del acuerdo era garantizar que se mantengan las condiciones de integración y acceso preferencial que hoy se tienen con ese importante mercado, frente al proceso de su salida del bloque europeo. Se trata de un mercado que en exportaciones para el 2019 representó el 10,2 % de lo que se dirige a la Unión Europea y el 7,4 % de lo que se importa.

Sobre la entrada en vigencia del acuerdo, la procuradora general resaltó que este nuevo tratado respetó los procedimientos internos que el Estado colombiano contempla para manifestar su consentimiento frente a los tratados internacionales, razón por la cual tanto el acuerdo como la ley “son cuerpos normativos formal y materialmente constitucionales y, en consecuencia, se solicitará que se declare su exequibilidad”, puntualizó.