Lo último: Procuraduría prevé penas de 9 a 30 años de prisión para Nicolás Petro

Nicolás Petro se mantiene en una encrucijada judicial desde el pasado fin de semana, cuando se llevó a cabo su captura en la ciudad de Barranquilla. Aprehendido junto a su expareja, Day Vásquez, el exdiputado ha vivido horas de diligencias y audiencias judiciales.

Mientras se avanzan los oficios, la Procuraduría hizo presencia en el caso para definir su postura al respecto de las irregularidades habidas en el servicio público que el hijo de Gustavo Petro desempeñaba como miembro de la Asamblea del Atlántico, así como las posibles implicaciones del dinero ilegal que pudo haber entrado en la campaña presidencial del hoy mandatario.

“Este es un enriquecimiento ilícito grave. Entendiendo la cuantía, 1.053 millones de pesos, es una suma para nada despreciable, que supera los ingresos del diputado Nicolás Petro”, manifestó la funcionaria de la Procuraduría acerca de lo cometido por el señalado.

Por otra parte, acerca de la solicitud de medida de encarcelamiento por parte del Ministerio Público en contra de Petro Burgos, la representante de dicha entidad argumentó las razones para que se hiciese el pedido, el cual también fue compartido por la Fiscalía en momentos previos de la audiencia.

“La prevalencia del interés general sería la que justificaría que una finalidad como el peligro a la comunidad permita la limitación del derecho a la libertad”, indicó la letrada acerca de lo que se requirió al juez en la diligencia.

Y ya entrando en el campo de la detención intramural (que será doméstica) a aplicársele al hijo del presidente, la emisaria del organismo de control público mencionó las penas estimadas que Petro tendrá que pagar, en caso de ser aceptadas por el togado, para cada uno de los dos delitos que se le imputan al acusado.

“Las penas son proporcionales a la gravedad. En ese sentido, las penas previstas para los delitos que se encuentran imputados, esto es, enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, son penas bastante altas. El primero tiene una pena de 9 a 15 años y el segundo de 10 a 30 años, lo que evidencia que el legislador, en su momento, en desarrollo de su política criminal, supo que esta era una conducta de alta gravedad”, detalló la procuradora 55 judicial penal II.

A su vez, Nieves mostró las implicaciones sociales sobre la ciudadanía que habrían tenido los crímenes presuntamente cometidos por Nicolás Petro, debido a que este era servidor público hasta el pasado jueves 3 de agosto. Con esto, recalcó “el riesgo que corre el patrimonio público cuando el servidor en el cargo lo que hace es enriquecerse”.

También remarcó las diferencias existentes entre los ingresos del exfuncionario departamental por su curul y los gastos que tenía, entre los que había lujos que no podría pagar con el salario recibido como diputado.

De la misma manera, acerca del lavado de activos que pudo haber, la enviada de la Procuraduría insistió en que “lo que se pretende es precisamente que no ingresen capitales ilícitos al circuito económico. Se necesitan unas condiciones básicas de legalidad en el tráfico de los bienes y servicios. Esto sería lo que se estaría protegiendo con una penalización contra el lavado de activos”.

El Ministerio Público también calificó a los hechos posiblemente cometidos como corruptos, dada la participación de las personas involucradas. “Hicieron entregas de dinero, distintos montos que habrían concurrido como afectación al patrimonio público”, añadió.

Con lo expuesto por las entidades de control que han participado hasta el momento -Fiscalía y Procuraduría- se espera que el juez tome una decisión puntual acerca de las consecuencias penales que deberá enfrentar Nicolás Petro por los hechos cometidos, teniendo en cuenta el material probatorio mostrado en chats, documentos y testimonios.