Secretario de Salud de Bogotá, a interrogatorio ante la Fiscalía, por posibles sobrecostos en millonario contrato

SEMANA conoció que un fiscal seccional llamó a interrogatorio al secretario de Salud, Alejandro Gómez López, luego de una denuncia que hizo la concejal de Bogotá por el Partido Liberal, María Victoria Vargas, por posibles sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud habría estado comprando teléfonos de oficina, por un valor de 3,5 millones de pesos, cada uno, para las subredes de la ciudad. Esto a través de un contrato celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y Comfinagros S.A.

Estas compras se hicieron por medio del contrato de comisión 3123046 de 2021, por el cual la Secretaría Distrital de Salud aprobó la compra de equipos en la infraestructura TIC de las cuatro subredes, como parte de la implementación de la estrategia Transformación digital en salud.

Tras revisar los estudios previos y el estudio de mercado, realizado por la Secretaría Distrital de Salud, la concejal denunció que es evidente que los productos tienen valores que no corresponden con la realidad del mercado nacional, aun cuando se consideraron tres firmas para cotizar: SDT Ingeniería, Comsistelco y Coinsa.

¿Qué ha dicho la Secretaría de Salud?

Frente a esta denuncia, la Secretaría de Salud comunicó hace apenas un mes que tomó la decisión de no hacer ningún pago del contrato firmado en diciembre de 2021 con la Unión Temporal Infraestructura, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, e iniciar todas las acciones judiciales que correspondan para la terminación del mismo.

La entidad señaló que, de inmediato, se dio la orden a todas las subredes de congelar la puesta en marcha de los equipos que han sido entregados a la fecha y en el transcurso de la presente semana serán recogidos por el personal de la Secretaría de Salud.

La Secretaría precisó que, desde agosto del presente año, se dio la orden de no hacer ningún pago del contrato y de recoger uno de los ítems del mismo (teléfonos) sobre los cuales se evidenciaron graves sobrecostos.

La entidad especificó que la recolección de dichos teléfonos inició el 15 de septiembre y concluyó el 26 del mismo mes con la devolución de 360 teléfonos por la Secretaría de Salud al proveedor, y destacó que estos teléfonos no fueron pagados al proveedor.

“A la fecha, únicamente se han cancelado los valores por temas administrativos establecidos por ley para este tipo de procesos. El proveedor ha presentado cuatro facturas sobre las cuales la Secretaría no ha realizado ningún pago, y no se realizará, de acuerdo con la decisión tomada, al no haber claridad ni confianza en los valores establecidos, ni en el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte del corredor de bolsa”, dijo la Secretaría.