“Los $700 millones están en una fiducia, resguardados”: directora de la UAESP se defiende ante polémico anticipo de contrato

En la tarde de este lunes 12 de diciembre, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Luz Amanda Camacho, les salió al paso a las denuncias públicas sobre nuevas posibles irregularidades contractuales al interior de la entidad, en un contrato para hacer mantenimiento a las sedes de la UAESP y en donde hubo un millonario anticipo a un contratista que presentó pólizas falsas.

En primera medida, Camacho aseguró que, por los errores de unos pocos, toda la UAESP no puede ser señalada y tildada de posible corrupción.

“Si unos pocos cometieron errores, ellos deben pagar, no la gran cantidad de trabajadores honestos que hay en la entidad. No podemos ser nosotros los señalados y los categorizados. Somos nosotros quienes debemos enfrentar día a día a las personas que hicieron esos presuntos hechos irregulares”, dijo la funcionaria.

Si bien la denuncia se hizo pública en las últimas horas, Camacho señaló que desde principios de noviembre la propia entidad denunció ante la Fiscalía las posibles irregularidades detectadas en el contrato.

Así mismo, Camacho reveló cuáles fueron las irregularidades que la propia UAESP encontró en el proceso contractual: “El año pasado sacamos un contrato de mantenimiento de las sedes de la unidad y, cuando un contratista lo ganó, pasamos a dar un anticipo en una fiducia, como ordena la norma, para resguardar los recursos”, dijo.

Agregó: “Al primer contratista, a los pocos meses, se le declaró ilíquido y no se le dio ningún anticipo. Después, por decisión de ellos mismos, nos hacen la recomendación de ceder el contrato y esa contratación se le entregó a Proarquing Ltda. Ellos se demoraron en entregar las pólizas, pero el contratista avanzó en obras que le fueron pagadas previo aval de la interventoría, pagos que suman alrededor de 230 millones de pesos. Una vez la interventoría nos informa que la póliza es presuntamente falsa, nosotros de inmediato se lo reportamos a la Fiscalía y ese reporte ya está en la Fiscalía desde noviembre y el contrato, de manera inmediata, se suspendió”.

De esta manera, Camacho puntualizó de manera tajante: “Es falso decir que hay más de 700 millones de pesos volando, porque esos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía. Al primer contratista no se le pagó un solo peso. Al segundo contratista se le pagaron 240 millones de pesos, pero por obras que ya había adelantado”.

Las declaraciones de la directora de la UAESP se dan luego de que el abogado Daniel Briceño denunciara que en la entidad “están embolatados $ 741.480.768 de anticipo de un contrato donde hay falsedad en documento público, incumplimientos, permisividad, dudas en la adjudicación y, sobre todo, mucho silencio por parte del gobierno de Bogotá”.

En su denuncia, Briceño cita la cuenta de cobro n.° 0108-2022, con fecha del 11 de agosto del presente año. El documento señala que la UAESP “debe a Proaquing Ltda la suma de $ 741.480.768 por concepto de anticipo para la ejecución del Contrato de Obra No. 677-2021″.

Dicho contrato tiene como objeto “contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras civiles de mantenimiento, reparaciones locativas, mejoramientos, adecuaciones, demoliciones, reconstrucciones, junto con los trámites requeridos por las autoridades competentes, a monto agotable en las sedes y por las que legalmente es responsable la UAESP en Bogotá”.

No obstante, Briceño señaló que el 4 de noviembre de 2021, la UAESP abrió la licitación No. LP - 04 - 2021, por medio de la cual se requería la contratación de distintas obras civiles para varias sedes y espacios de la entidad. Dicho contrato es por $ 1.800.000.000.

“Las obras civiles de mantenimiento se ejecutarían, según el anexo de pliego de condiciones, en la sede central de la entidad, en el archivo central, María Paz, Cementerio Central y Cementerio del sur. El plazo era de seis meses”, anotó el abogado.

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2021, en la audiencia pública de adjudicación, la UAESP presentó sus dudas sobre la oferta en primer orden de elegibilidad, que era la de la Unión Temporal Mantenimientos. Las dudas tenían que ver con que podría haber un precio artificialmente bajo, según recibió Briceño en su denuncia.

En consecuencia, se otorgó plazo de un día para que Unión Temporal Mantenimientos explicara las razones de sus precios menores en comparación con los otros oferentes. Luego, el 16 de diciembre, se reanudó la audiencia y la UAESP decidió, en aplicación del principio de buena fe, creer en las explicaciones del proponente y adjudicarle el contrato.

“El contrato fue suscrito con la Unión Temporal Mantenimientos y en este se estableció un anticipo correspondiente al 50 % del total del contrato ($ 750.000.000) el cual sería consignado cuando se cumplieran algunos requisitos”, complementó el abogado.

De acuerdo con Daniel Briceño, “inmediatamente la UAESP procedió a realizar la primera de seis suspensiones”. A renglón seguido, destacó que surge un interrogante: “¿La entidad no verificó la capacidad financiera de la Unión Temporal? Porque es evidente que no la tenía en realidad”.

“El 1 de junio de 2022 la Unión Temporal Mantenimientos realizó la solicitud formal de cesión del contrato y presentó como posible nuevo contratista a la empresa Proaquing Ltda. La UAESP realizó un análisis de PROARQUING LTDA e inmediatamente procedió a cederle el contrato integralmente sin revisar la posibilidad de otros contratistas. Le hizo caso completamente a la sugerencia de la Unión Temporal Mantenimientos”, continuó Briceño.

Tres meses después, para septiembre de 2022, la UAESP procedió a certificar el cumplimiento de los requisitos del nuevo contratista y a desembolsarle el anticipo por $ 741.480.768.

Sin embargo, el 27 octubre surgió un dato que encendió la polémica. Según indicó Briceño, el interventor del contrato le escribió a la UAESP diciéndole que, según una verificación realizada con Seguros del Estado, las pólizas aportadas por Proaquing Ltda eran falsas, por lo cual le solicitó suspender el contrato e iniciar proceso de caducidad.

Para el abogado resulta muy grave lo contemplado en dicho correo, donde —según dice— se confirma que las pólizas aportadas por el nuevo contratista son falsas. El peligro radica en que deja al contrato y el anticipo de más de 740 millones de pesos sin protección legal.