Los abogados relacionados con un fraude de 9 mil millones en Chocó

Un 13 de octubre del año 2006, los abogados Ignacio Cuesta Allín y Henry Eduardo Lázaro Ortiz presentaron una demanda laboral contra el departamento del Chocó y su Asamblea Departamental. El motivo de esta acción legal: el pago de las cesantías definitivas y sanción moratoria adeudada a los extrabajadores de esta corporación.

Las personas a quienes alegaban que tenían deudas a su favor: fueron a Antonio Torres Rentería, quien trabajó como celador, Vilma Lucy Gil Orejuela, auxiliar de sistemas, Antonio Elimeleth Mosquera Perea y José Bernardo Flórez Asprilla, exdiputados de la Asamblea Departamental. Son precisamente estos últimos dos exdiputados, Antonio Elimeleth y José Bernardo Flórez, aquellos que más llaman la atención, ya que un año más tarde, recibieron respectivamente 604.414.037 y 627.360.750 millones de pesos en pagos de cesantías.

Lo anterior fue posible ya que recibieron esos elevados pagos por decisión de Roger Pastor Mosquera Lozano, secretario de Hacienda del Chocó, gobernador encargado del departamento durante siete días en noviembre y diciembre de 2007. El gobernador titular era Julio Ibarguen Mosquera.

En 2021, Mosquera Lozano fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por peculado y prevaricato, pues como gobernador encargado autorizó unos pagos ilícitos en acuerdos o conciliaciones ante un juzgado laboral. La suma indebidamente pagada ascendió a 4.855 millones de pesos, pero, con la indexación, la Corte Suprema consideró que el fugaz exgobernador causó un detrimento patrimonial de 9.000 millones de pesos.

Mosquera Lozano autorizó esos pagos a diputados y exempleados de la Asamblea Departamental, pese a que algunas obligaciones laborales ya habían sido canceladas, otras no se causaron y las restantes no le correspondía pagarlas al Chocó, sino a la Asamblea.

Precisamente, en la sentencia contra Mosquera Lozano se menciona a un tercer abogado que se benefició con los dineros repartidos. El 11 de agosto de 2010, en una resolución de acusación ante el Juez Segundo Laboral del Circuito de Quibdó, se presentó un nuevo acuerdo transaccional por el mismo valor, esto es $3.375.000.000, suscrito por Maricel del Carmen Quejada Mena en representación del departamento y, en compañía de los abogados Stella Palacios Chaverra e Ignacio Cuesta Allín; responsables de la demanda laboral en 2006 y origen del pago de las cesantías ilegales.

Cuesta Allín, mencionó la representante de la Fiscalía, tenía cercanía con el Juzgado Laboral del Circuito, pues meses atrás trabajó en dicho Juzgado, con cercanías con el Juez que tramitaba los procesos mencionados previamente. Motivo por el cual la Corte Suprema de Justicia pidió la investigación de los abogados ante la Fiscalía Seccional de Quibdó, y el Consejo Seccional de la Judicatura del mismo municipio, en busca de las posibles conductas delictivas y faltas disciplinarias en que pudieron incurrir.

Ninguno de los diputados de la época mencionados fue condenado por este hecho, sin embargo, son mencionados por la Corte Suprema de Justicia en la condena contra el gobernador (e) Roger Pastor Mosquera Lozano en su condena del año 2021.