Los alcaldes rebeldes contra el gobierno de Duque

La escalada de terror salida de control que vivió Cali y Popayán por cuenta del vandalismo en medio del paro, los taponamientos y los más de diez muertos en un solo día en la capital del Valle el 28 de mayo pasado, llevaron al presidente Iván Duque a tomar una decisión sin precedentes: expedir un decreto donde ordenaba a algunos gobernadores y alcaldes coordinar la salida de militares a las calles para restablecer el orden.

El presidente, quien lanzó la noticia desde Cali, en medio del caos que vivía la ciudad, no ha contemplado la figura del Estado de conmoción interior, pese a que la Constitución lo faculta y algunos sectores de la derecha le han exigido que ejerza autoridad y aplique el instrumento jurídico que le permitiría tomar medidas especiales.

Duque, al contrario, expidió un decreto de menos impacto que ordenaba a los mandatarios coordinar con la Policía y el Ejército la asistencia militar. Lo que no contaban en la Casa de Nariño es que mientras algunos mandatarios exigían que se ejerciera autoridad, otros le hicieron el quite al decreto, en algunos casos como Cali expidieron sus propias medidas, y libraron un pulso político con el alto gobierno en medio de una de las peores crisis del país, lo que a juicio de varios analistas, envió un mensaje de división y una institucionalidad lesionada.Las decisiones, en contravía del palacio presidencial, la tomaron los alcaldes de Bogotá, Claudia López; el de Cali, Jorge Iván Ospina; Medellín, Daniel Quintero; el de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas; el de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, y el de Neiva, Gorky Muñoz Calderón.

Los seis son independientes, llegaron al poder con partidos políticos alejados del uribismo, pero más allá de sus ideologías, argumentaron las vías de diálogo por encima de la militarización. Y en cada región, el panorama de orden público es distinto.

Más que desconocer la orden presidencial, en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Jamundí y Neiva, los alcaldes llevan avanzadas algunas conversaciones con los protestantes y creen que la presencia militar irritaría los ánimos y sepultaría de tajo cualquier logro alcanzado. “No pueden lanzar a los alcaldes a los lobos”, dijo Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Más allá de lo jurídico, el decreto del ministro del Interior, Daniel Palacios, está vigente y es una herramienta a la que los alcaldes pueden echar mano en caso de una nueva alteración de orden público. Pero, también se convierte en un arma de doble filo. Si el vandalismo se recrudece e insisten en negar la presencia militar, los organismos de control tendrían argumentos para ponerlos en aprietos.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, vive en una encrucijada. El mandatario parece no tener control sobre la ciudad, y menos sobre sí mismo. Basta echarle un vistazo rápido a la ambigüedad y torpeza de sus últimas decisiones para saber que algo no está bien. En un ataque de ansiedad pidió por Twitter la renuncia de todo su gabinete, argumentó que eran tiempos que obligaban cambios. Sin embargo, tres semanas después, solo ha movido tres fichas de su despacho. Al llamado revolcón se lo llevó el viento.

Ospina está desesperado por recuperar su capital político venido abajo según las últimas encuestas, donde su favorabilidad solo alcanza el 12 por ciento, la cifra más baja de todos los mandatarios regionales del país. Y en su desesperación ha tratado de buscar vías que constitucionalmente generan vacíos e impulsan las críticas en su contra. Luego de un mes de bloqueos, vandalismo y protestas en Cali, Ospina optó esta semana por firmar el decreto que le entrega reconocimiento a la Unión de Resistencias Primera Línea como un movimiento autónomo “para la interlocución en el diálogo social con la institucionalidad y la sociedad”, dice el documento.

Este grupo de Primera Línea es el que mantiene el control de los bloqueos en Cali, por lo que entre líneas el decreto se lee como una legitimización de esa práctica.Ospina quiere presentarse como el alcalde que prioriza el diálogo, el que legitima a aquellos que están en las calles resistiendo en un paro nacional sin rumbo, y desconoce el clamor ciudadano de una gran mayoría que pide el cese de los bloqueos de una ciudad detenida en el tiempo, vandalizada y con una agudización de los problemas sociales. El mandatario quiere pescar en río revuelto y ponerse del lado de los sectores populares, donde aún tiene algo de popularidad. No obstante, mientras firma un polémico decreto para priorizar el diálogo, le entregó la Secretaría de Seguridad a Carlos Soler, un exmilitar con 30 años de servicio y que en sus redes sociales es abiertamente seguidor del expresidente Uribe. No es la primera vez que Ospina teje este tipo de alianzas para salir airoso.

Durante su primer mandato entre 2008 y 2011 no tuvo reparos en aceptar el apoyo del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, destituido por participación indebida en política, ni la del excongresista Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica. En el segundo período Ospina llegó a la Alcaldía con el apoyo del partido Verde, Colombia Humana, los liberales, conservadores y la U. Y ahora, en medio de la crisis, le abrió la puerta al uribismo en su gabinete.

Qué pasa en otras ciudades

En el caso de Bogotá, Claudia López ha gobernado en medio de fuertes controversias y un pulso de liderazgo con el gobierno. El Partido Verde, por el que llegó al Palacio del Liévano, hace parte de la oposición al uribismo, y ella, históricamente, se ha enfrentado contra las políticas del expresidente Uribe e Iván Duque. Durante sus 16 meses al frente de la capital, López ha lanzado constantes pullas a la Casa de Nariño, mucho más tras la llegada de la pandemia al país.

Cuestionó las cuarentenas, la entrega de ventiladores, la llegada tardía de las vacunas. Y ahora, el paro. “No habrá militarización mientras sea alcaldesa”, anunció al marcar un nuevo distanciamiento con el palacio presidencial. Para López, la solución a lo que llama “estallido social”, no es la fuerza ni la militarización, sino la generación de empleo y el reconocimiento de los graves abusos de Derechos Humanos.

La Alcaldesa, desde antes del anuncio de Duque, manejó un discurso distinto en medio de una Bogotá convulsionada por el vandalismo. Pidió perdón a las víctimas, propuso un rescate social y anunció que documentaría las denuncias y violaciones a los manifestantes ante la ONU, con la asesoría de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, uno de los más ácidos contradictores del gobierno.

En el caso de Neiva, el alcalde Gorky Muñoz no es cercano del uribismo, pero tampoco enemigo. Llegó por el Movimiento Primero Neiva, pero lo coavaló el Partido Cambio Radical. Al comienzo, se distanció del decreto presidencial porque estimó que no reflejaba la realidad de la capital y el diálogo- según él- le había funcionado porque logró el despeje temporal de la carretera principal.

Aunque en Neiva reinaba una aparente calma chicha en los últimos días, tras la quema de un peaje, de entidades bancarias y estaciones de gasolina, el Alcalde reversó sorpresivamente la decisión porque entendió que el diálogo, al menos con los delincuentes, no era suficiente y requería de medidas urgentes.

Mientras Iván Duque visitó la capital del Huila el jueves pasado, el vandalismo quemó tres vehículos, uno de ellos, una tractomula. “Vamos a desplegar los hombres de la fuerza pública que sean necesarios para recuperar el control y la tranquilidad”, anunció.

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, del Partido Verde, fue uno de los primeros en rechazar la militarización, pero se quedó sin Alcaldía porque los vándalos se la quemaron. Con la misma suerte corrió la sede del Concejo. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, quien llegó al poder de la mano del exalcalde Rodolfo Hernández, también se opuso a la militarización.

No podía quedar por fuera Daniel Quintero, alcalde de Medellín, uno de los mandatarios que enfrenta una pelea intestina con el uribismo, aunque no propiamente con Iván Duque. “Medellín no solicitará asistencia militar adicional en el marco de las movilizaciones”, dijo, pero pidió que el Ejército siga protegiendo la infraestructura en la periferia y zonas rurales.

En algunas ciudades persisten los conatos de vandalismo. Si la situación pasa de castaño a oscuro, los alcaldes tendrán que decidir. De lo contrario, responder.