Los argumentos del abogado que le ganó tutela al Gobierno sobre prueba de covid-19 a viajeros

El Ministerio de Salud, con base en recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y epidemiólogos asesores, eliminó el requisito de la prueba PCR negativa para los viajeros que lleguen a Colombia. Pocos días después, Alberto Elías González, abogado, interpuso y ganó una acción de tutela para que el Gobierno vuelva a exigir el requisito y, sumado a eso, obligue a quienes lleguen al país a guardar un aislamiento de 14 días.

“Los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados a la covid-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check– Mig”, destacó Julián Fernández Niño, director encargado de Epidemiologia y Demografía en su momento.

La decisión de quitar la prueba, anunciada por Fernando Ruiz, ministro de Salud, desató polémica porque si bien estaba sustentada, ya que el virus entró por el aeropuerto y muchos criticaron la eliminación del requisito. Por esa razón, más de una persona levantó la voz para expresar su molestia.

El abogado que puso la tutela explicó en Semana Noticias que invocó el derecho a la salud, a la vida, a la salud pública y al principio del interés general sobre el particular. “Lo que nos motivó fue la seguridad de todos los ciudadanos del territorio colombiano (...) Nos motivó que no hay realmente un control efectivo frente a los viajeros que entren al territorio nacional y esto lo que hace es que se propague más la covid-19”, aseguró.

Contrario a sus afirmaciones, Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, dijo a medios esta semana que las pruebas PCR “son caras, difíciles de implementar y tienen un impacto limitado en el control de la propagación internacional del virus”.

“Las pruebas son una herramienta importante para rastrear y combatir la propagación del virus, pero debemos tener cuidado de que no nos den una falsa sensación de seguridad”, advirtió Barbosa.

Sin embargo, González, defendió su postura diciendo que la Organización Mundial de la Salud considera que los países que vayan a implementar el protocolo recomendado, cuenten con una capacidad de salud pública suficiente para enfrentar el virus y tomar las medidas necesarias de prevención.

“En el fallo de tutela lo que se estableció es que Colombia no tiene una capacidad de salud pública suficiente, teniendo en cuenta que tenemos un 70 % de las unidades de cuidados intensivos ocupadas para los adultos, el 77 % en Bogotá para los niños”, aseguró.

El tutelante reconoció que una prueba PCR, así como cualquier otra, no es absolutamente confiable en sus resultados. Sin embargo, considera que al tratarse de la más sensible de todas, su uso funciona como un filtro más, sobre todo para los viajeros asintomáticos.

La capacidad para el seguimiento a las personas que llegan al país, dijo el abogado con base en el fallo del juez, no es suficiente para rastrear a todos los que llegan al país.

En ese sentido, días atrás, el Ministerio de Salud informó que 444.741 sospechosos de covid-19 fueron rastreados a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR), “el 67 % de ellos contactados a través de la Línea 19000″.

No obstante, en el fallo el juez argumenta que según esa cartera, entre el 6 y el 17 de noviembre ingresaron a Colombia 40.941 viajeros, de los que 219 fueron identificados como sospechosos para coronavirus, mientras que Migración Colombia tiene registro de 49.500, “teniendo así una diferencia de 8.559 personas que han ingresado al país, cifra que para casos sospechosos y contagios de covid-19, encuentra el Despacho un alto riesgo”.

“La ley establece que son 48 horas a partir del momento de la notificación”, explicó el abogado, sobre cuándo empezará a regir el fallo del juzgado.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema, pero este medio pudo establecer que el equipo jurídico está analizando el fallo.