Los argumentos del fiscal Barbosa a SEMANA, cuando anunció la imputación al general (r) Montoya

Menos de un mes pasó desde que el fiscal general Francisco Barbosa anunció, en entrevista exclusiva con la Revista SEMANA, la decisión de imputar al excomandante del Ejército, general Mario Montoya, por su presunta responsabilidad en el asesinato de 104 civiles que fueron presentados como bajas en combate, escándalo conocido como los falsos positivos. La propuesta del fiscal no pasó su primera prueba ácida en el Tribunal Superior de Bogotá donde, de inmediato, el magistrado la consideró improcedente.

No obstante, Barbosa tenía argumentos para hacer pública esa decisión. Incluso, al hacer el anunció argumentó que era un tema que había hablado, hace algunos meses, con quien era entonces la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares. Estos fueron los argumentos que dio el fiscal en su momento.

Justamente al ser preguntado por la directora de SEMANA, Vicky Davila, sobre la posible imputación de un exgeneral, con cuestionamientos, pero que fue el protagonista de los principales golpes que dio el Ejército a la guerrilla de las FARC, el fiscal argumentó:

”La investigación lo que nos da es que en el año 2006 se empezaron a presentar unas denuncias de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces. De forma inmediata se expidió, por parte del comandante general de las Fuerzas Militares, la Directiva 300-28, de noviembre de 2007. Sin embargo, después de esa directiva, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 se produjeron estas ejecuciones extrajudiciales, en la medida en que el general Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció esta directiva”.

“Fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones. Esto además está respaldado, Vicky, con que todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército en aquel tiempo y todos tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Quiero decirlo con claridad: yo no estoy como fiscal general haciéndoles un juicio a las Fuerzas Militares. Pero las ovejas negras tienen que ser separadas rápidamente de lo que ha significado un cuerpo decente para una nación como la colombiana”, dijo el fiscal en ese momento.

El fiscal Barbosa explicó en esa entrevista el argumento por el cual era considerado determinador de los hechos al explicar que “se origina en sus directrices de avanzar en esa política contraria a la Directiva 300-28 que expidió el Comando General de las Fuerzas Militares en su momento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos hechos que ocurrieron en ese periodo, en un año, se dieron contra esa directiva”.

Ante la pregunta de Vicky Dávila sobre qué era lo grave que planteaba la directiva que desatendió el general Montoya, como para generar la imputación, que hoy quedó frustrada, el fiscal Francisco Barbosa respondió:

”Que había que privilegiar las capturas y las desmovilizaciones. Y en este caso se desconoció esta directiva y se privilegiaron las muertes en combate. Todas las víctimas fueron presentadas como resultado operacional y al mismo tiempo todos los autores reconocieron que lo hicieron porque estaban recibiendo premios e incentivos en el marco de un ranking que se discutía permanentemente en brigadas, batallones y divisiones. Esta es una buena noticia para Colombia. Debo además decirlo: el motivo era abyecto, infame, y privilegiar un ranking y unos premios para muertes en combate, cuando se habían privilegiado las desmovilizaciones colectivas e individuales y las capturas. Eso es repudiable. Eso es inaceptable. Eso no tiene ideología”.

No obstante, pese a la polémica generada por el anuncio y a la decisión tomada hoy por el Tribunal Superior de Bogotá, esta no era una idea que Barbosa sacó del sombrero, según explicó en su momento; esta decisión fue incluso expuesta a la expresidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares.

”Existía una circular interna de la Fiscalía en la que se señalaba que los fiscales no podían imputar a personas que hubiesen participado en delitos de lesa humanidad o delitos de guerra y que hubiesen tenido relación con el conflicto armado. Esa circunstancia generó una interinidad. Es decir, si la Fiscalía no podía imputar y la JEP no podía sacar el informe o la resolución de conclusiones, porque no tenía la información de la Fiscalía, se generó un impasse”.

“El año pasado, en una conversación con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, pudimos discutir sobre una sentencia de la Corte Constitucional, un auto que salió, y que ya nos permitía avanzar. Yo derogué esa circular anterior y expedí la semana pasada una circular donde se le permite a la Fiscalía imputar a las personas que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad, sean miembros de la fuerza pública o exguerrilleros de las FARC. Con esas imputaciones vamos a ayudarle a la JEP a avanzar rápidamente en todo lo que tiene ver con los falsos positivos”, dijo el fiscal Barbosa en la entrevista con SEMANA.

Ni la intención de colaborar con la JEP ni la posibilidad de realizar una imputación más completa sobre el caso del general (r) Mario Montoya fueron argumentos suficientes. Solo un mes de vida tuvo la propuesta de Barbosa. El magistrado fue concluyente: “Esa directiva no solo permite las nuevas actuaciones de la Fiscalía en proceso que ya son materia de indagación y acusación de la JEP, sino que permitiría también las preclusiones. En otras palabras, la misma directiva puede procesar a una persona y también puede exonerarla”.

Además, señaló el magistrado, al argumentar su decisión, que la propuesta “no coincide con decisiones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Por tanto, la imputación al general (r) Mario Montoya, por falsos positivos, resulta improcedente”.