Los cabos sueltos en el caso Carlos Mattos

Uno de los principales enredos que ha tenido la Fiscalía para judicializar a Carlos Mattos ha sido la reconstrucción de la cronología de los hechos. En especial en la segunda línea de investigación que involucra a la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien ya confesó haber recibido un pago por parte del empresario. Dada la falta de claridad a la hora de presentar el orden en que se dieron los pagos a la jueza, la solicitud por parte de la Fiscalía de una medida de aseguramiento privativa de la libertad para Mattos, se cayó hace un par de semanas ante un despacho judicial de Paloquemao. Mientras tanto, el otrora dueño de Hyundai Colombia se encuentra en España.

Todo empezó el 15 de septiembre de 2015 cuando la casa matriz de Hyundai Corea emitió una carta para notificarle a Carlos Mattos la decisión de terminar unilateralmente el contrato de exclusividad que gozaba el empresario colombiano por más de dos décadas para distribuir los automóviles en territorio colombiano. Esa determinación despertó una seguidilla de reacciones por parte del empresario quien desplegó una respuesta jurídica para tratar de impedir que le quitaran el negocio.

Mattos preparó un plan que consistía en una denuncia penal por uso indebido de la marca de carros Hyundai en Colombia y otras dos de tipo comercial por competencia desleal e inducción a ruptura del contrato. Este último par de litigios estuvo a cargo, durante 2012, del bufete de Néstor Humberto Martínez, DLA Piper Martínez Neira.

Sin embargo, según el fiscal a cargo del caso Mattos, es decir de un delegado del fiscal general, las actuaciones de Mattos no fueron para nada transparentes ya que después de conocer el arrebatamiento de su derecho de exclusividad, comenzó a mover fichas para cuadrar minuciosamente que los dados cayeran a su favor.

El primer caso

Es así como se dio a conocer el primer caso de corrupción judicial en el sonado expediente. El juez sexto civil con función de control de garantías, Reinaldo Huertas, recibió un soborno de 700 millones de pesos por adoptar una medida cautelar que le prohibía a Hyundai Corea distribuir vehículos con otras personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa de Mattos (Hyundai Colombia).

Para lograr que el ‘azar’ jugara a su favor, toda una red de funcionarios judiciales, al servicio de Mattos, puso en marcha un plan de hackeo al sistema de reparto judicial para hacer que su caso cayera en manos del ya comprado juez sexto civil, Reinaldo Huertas. Para esto tuvo que sobornar a varios ingenieros que eran los únicos que tenían la pericia para manipular los sistemas del juzgado.

La Fiscalía ya ha imputado a 11 personas en esta investigación. Entre ellas se encuentran dos piezas claves para el andamiaje de la operación. Dagoberto Rodríguez Niño, quien para entonces fungía como oficial mayor del Juzgado 6 Civil, a cargo de Reinaldo Huertas, y que se convirtió en el puente entre Mattos y el juez. Por otro lado, Luis David Durán, mano derecha del empresario colombiano, también fue capturado y judicializado. A través de él, Mattos enviaba los pagos de las coimas, según lo que ha argumentado la Fiscalía en las audiencias contra este.

Mattos huyó a España antes de que la Fiscalía lo citara a comparecer. En reacción, el ente acusador solicitó el trámite de una circular roja y una petición de extradición para obligarlo a regresar a Colombia. Sin embargo, a finales de enero de 2019, ese recurso sufrió un duro revés. El juez 47 penal del circuito de Bogotá, tumbó ambas medidas por considerar que el juez de primera instancia no evaluó todas las evidencias que reposaban en su despacho. Con esto Mattos se anotó una victoria en este primer caso, mientras la Fiscalía vuelve a tramitar dicha solicitud.

El segundo caso

A finales de 2018 salió a la luz una segunda línea de investigación en el pantanoso caso Hyundai que ha puesto en mayores apuros al empresario colombiano. Durante un interrogatorio, Dagoberto confesó que también hubo una millonaria coima para una juez quien falló otra medida cautelar a favor de Mattos. Esta medida ordenaba una inspección a la empresa Global Car World S.A.S, del grupo ecuatoriano Eljuri –adversario comercial de Mattos– para evitar el importe de Hyundai a Colombia a través de esta nueva empresa.

A raíz de esta confesión la Fiscalía comenzó la investigación de Ligia del Carmen Hernández, juez 16 civil quien también aceptó cargos tras admitir haber recibido una millonaria coima. Esto le significó el inicio de una nueva investigación a Mattos. Es en este punto donde los asuntos empiezan a enredarse para la Fiscalía.

La mayor dificultad para el ente acusador es lograr armonizar las distintas versiones de los hechos que han relatado los testigos claves: Dagoberto Rodríguez y Ligia del Carmen Hernández. El primero sostiene que recibió 250 millones de pesos en cinco entregas, 50 para él y 200 para la juez. Además indica que al menos una entrega se hizo antes de que la togada dejara en firme la medida cautelar el 8 de julio de 2016, luego de resolver los recursos de nulidad y de reposición solicitados por la contraparte. Esto significa que, según Rodríguez, la jueza sí recibió dinero antes de tomar la decisión final.

Por su parte, la jueza Hernández, luego de aceptar los cargos por cohecho impropio, dijo que “fueron cuatro entregas y 100 millones de pesos, no más”. Además, insistió en que los dineros se dieron posteriormente y en agradecimiento por la medida adoptada, sin concurso previo entre ella y Mattos. Esto significa que, según Hernández, no hubo soborno ni concurso previo, sino un simple agradecimiento.

¿Fueron 100 millones de pesos como ella lo admite o 200 millones como lo afirma Rodríguez? Esa es la primera pregunta. La Fiscalía dice que no tiene elementos materiales probatorios para establecer el monto concreto pues “los dineros no se registran en el sistema financiero y no están en ninguna contabilidad”, por lo tanto decide quedarse con la versión de la togada Ligia Hernández de que fueron tan solo 100 millones de pesos. Esto implicaría que el ente acusador admite la teoría del caso según el cual no hubo concurso previo entre Mattos y Ligia, sino que espontáneamente el empresario decidió agradecerle a la juez con dicha suma de dinero.

Sin embargo, esta versión pierde todo su peso si se tiene en cuenta que, si bien la decisión de adoptar la medida cautelar se dio inicialmente el 6 de abril de 2016, la parte demandada interpuso un recurso de nulidad y otro de reposición, los cuales fueron resueltos en dos audiencias posteriores el 27 de mayo y 8 de julio del mismo año. Por lo tanto, se puede entender que la primera entrega sí se hizo luego del 6 de abril, pero antes del 8 de julio, fecha para la cual la medida cautelar quedó en firme.

En plata blanca esto significa que la primera suma no solo se dio en agradecimiento, sino que también sirvió como un incentivo para sostener la medida cautelar hasta las últimas consecuencias. Además, Dagoberto Rodríguez indica que a la jueza “le parecía muy poquito” los 50 millones por lo que ella había hecho y es donde le pide más dinero a Mattos, lo que daría un serio indicio a la versión de que se hicieron otras entregas posteriores para ajustar la suma total de 200 millones.

La Fiscalía no ha sido clara en desenredar la maraña de corrupción, y esa no claridad fue tenida en cuenta por el juez que lleva el caso de Mattos al rechazar la solicitud de medida de aseguramiento para Mattos.

Al gato le siguen saliendo patas. De la participación del hoy fiscal Néstor Humberto Martínez como apoderado inicial de Mattos se desprenden varias inquietudes. Como se dijo al principio, el bufete de Martínez Neira estuvo a cargo de presentar las demandas comerciales ante los jueces. Dentro del interrogatorio de Dagoberto (el cual se usa como elemento material probatorio para acusar a la jueza Ligia Hernández) hay varias cosas interesantes.

“Ella (Ligia) me comentó que esa medida cautelar la había decretado y que el que llevaba el proceso era un abogado del bufete de Néstor Humberto Martínez Neira, la oficina de él, y que como ella había sido alumna de él en la especialización, el abogado del bufete le había pedido el favor de que la jueza le colaborara con el proceso”, dice Dagoberto.

Más adelante el testigo estrella añade que “el señor Mattos se vanagloriaba o mencionó al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, no solo diciendo que su bufete iba a manejar la demanda, sino también que él decía que estaba cuadrando toda una maquinaria política con el exmagistrado Bustos en la Corte Suprema de Justicia para buscarle votos al doctor Martínez para su elección como fiscal y que, por tal motivo, el creía que no había problemas penales”.

Existen las pruebas de que efectivamente fue el mismísimo Martínez Neira quien solicitó ante un juez la petición de inspección judicial como prueba anticipada contra Global Car World. Sin embargo, las relaciones entre el fiscal y la jueza parecen ser reserva del sumario, pues en una de las más reciente columnas del periodista Daniel Coronell, este afirma que le hizo llegar siete preguntas a Néstor Humberto, de las cuales una versaba así: “¿Recibió usted, o su firma DLA Piper Martínez Neira, beneficios económicos por la medida ordenada por la jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez? La respuesta que recibió genera más dudas que certezas: “La información requerida vulnera el fuero privado y profesional del abogado Néstor Humberto Martínez”.

¿La relación cliente-abogado, es decir, Mattos-Martínez, tiene que ver con que Ligia Hernández afirme que no hubo concurso previo y que los dineros que recibió constituyen un mero agradecimiento que no comprometió el sentido del fallo? Hasta ahora no hay una respuesta clara. Y la confusión de la Fiscalía al presentar los hechos ha hecho que este caso se vuelva casi incomprensible para la opinión pública.

Por lo pronto se tienen varias conclusiones provisionales: con relación a Mattos hay dos procesos andando y, a pesar de la insistencia de la Fiscalía, no hay medida de aseguramiento en su contra. El juez Huertas está en prisión aguardando por el juicio, mientras que media docena de funcionarios de la rama han aceptado cargos por manipular el sistema para direccionar la demanda de Mattos al despacho de este juez.

Respecto a la segunda coima, Dagoberto Rodríguez insiste en que le entregó 200 millones de pesos a la jueza Ligia Hernández y que esta falló en consecuencia a la coima. Esta, entretanto, solo acepta haber recibido 100 millones de pesos posteriormente. De esta forma su situación judicial es mucho menos delicada que si prosperara la incriminación que contra ella hace Rodríguez. Por su parte Martínez Neira se declaró impedido por haber sido abogado de confianza de Mattos y la Corte Suprema de Justicia, aceptó el impedimento y dejó el caso en manos de la vicefiscal María Paulina Riveros.