Los cabos sueltos de la 'registraduría paralela' en el Valle

En materia de fraude electoral todos los caminos conducen al Valle del Cauca. Y no precisamente desde ahora cuando las autoridades al parecer desmantelaron una red integrada por media docena de personas de alto perfil y capaz de alterar los resultados de las votaciones atípicas para elegir nuevo gobernador en ese departamento.

A medida que se conocen detalles de la investigación que realizó la Dijín se confirman tres cosas fundamentales: Que es posible alterar los resultados de una elección, que en ese andamiaje criminal hay nexos con la Registraduría y que en el caso particular del Valle, el fraude está relacionado con la poderosa maquinaria electoral del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica y ahora preso por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

El propio director de la Policía, el general José Roberto León Riaño, en una rueda de prensa este martes aseguró que existen pruebas contundentes como "varios encuentros en una residencia del señor Martínez en el sitio conocido como Colinas de Arroyo Hondo, en el municipio de Yumbo, Valle. Varias de las personas capturadas se entrevistaron con el señor Martínez, hay registros fotográficos y fílmicos que demuestran que en realidad existió esa tentativa de fraude", explicó el general León Riaño.

El oficial agregó que "en este caso, la información que hace parte del proceso incluye un portafolio de servicios por la suma de 3.000 millones de pesos para garantizar los resultados favorables. Este servicio les fue ofrecido a los representantes del movimiento MIO".

Como se recordará, la maquinaria política de Martínez Sinisterra se aglutinó en el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), quien para estas elecciones atípicas avaló al candidato Francined Cano; pero finalmente fue derrotado por el aspirante de la Unidad Nacional, Ubéimar Delgado Blandón, quien le sacó más de 92.000 votos.

Desde la madrugada del domingo pasado, día de elecciones, se conoció que entre los capturados que pretendían montar la 'registraduría paralela' para alterar los resultados en favor del candidato del MIO están Alina Martínez García, registradora Ad Hoc en Jamundí; José Francisco Angulo Jaimes, funcionario de la Registraduría en Bogotá; Adriana Lucía Castro Guzmán, funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE); Luis Enrique Forero Téllez, exfuncionario de la Registraduría Nacional; Jairo Candelo Banguero, exmagistrado del Tribunal Seccional de Garantías Electorales en el Valle, y María del Pilar Yangana Cubides, secretaria general del partido MIO.

A todos ellos un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública les imputó los delitos de cohecho propio e impropio y un juez de control de garantías les aplicó el pasado lunes festivo la medida de aseguramiento por intentar cometer fraude electoral.

Martínez y la Registraduría
 
Insólitamente esta no es la primera vez que el grupo político del exsenador Martínez Sinisterra se ve envuelto en escándalos de supuesta compra de resultados o decisiones electorales.

El país vivió estupefacto otro penoso episodio en ese sentido cuando en agosto del año pasado el propio presidente Juan Manuel Santos denunció que a las campañas de Rodrigo Guerrero y Susana Correa, aspirantes independientes a la alcaldía de Cali, les habían pedido dinero para no invalidar las firmas que avalaban sus candidaturas.

Finalmente, la Resolución mediante la cual la Registraduría anulaba las firmas de Guerrero y Correa fue reversada; pero ya muchos intuían que el más beneficiado con esa medida era el grupo político del ex senador Martínez, que pretendía llegar a la alcaldía con un candidato ajeno.
 
Cuando la justicia indagó al respecto, encontró que al candidato Guerrero (alcalde actual de Cali) además le ofrecieron ganar las elecciones si pagaba la suma de 2.000 millones de pesos.

Las denuncias terminaron en una investigación que aún sigue abierta y salpicaron al registrador Carlos Ariel Sánchez y a funcionarios cercanos. Pero lo curioso de ese proceso es que todos los cabos sueltos de nuevo conducen al Valle.

Por ejemplo, la pieza clave del expediente es Jimeno Rojas, uno de los asesores de la campaña de Guerrero, quien recibió el dato de que se podía 'cuadrar' el triunfo pagando una suma de dinero; lo interesante es que el señor Rojas es el esposo de Elizabeth Sánchez, prima del registrador nacional.

Sumado a ello, durante el escándalo la única cabeza que rodó en esa entidad fue la de Hollman Ibáñez, director del Censo Electoral y hombre cercano al registrador. La salida de Ibáñez no habría causado mayor suspicacia de no ser porque luego se supo que mantenía una presunta relación sentimental con Adriana Salamanca, exsecretaria de Gobierno de Cali durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina. En Cali nadie duda que Salamanca es ficha de Martínez, a tal nivel que aparece en el registro de visitantes del exsenador cuando estuvo preso en La Picota.

Otro hecho aislado pero que llama la atención es que para estas elecciones atípicas la Registraduría instaló 1.702 estaciones biométricas (lector digital de huellas) en 16 municipios de los 42 del Valle, para evitar la suplantación de votantes.

La coincidencia llamativa de esa medida antifraude es que el candidato de Martínez ganó sólo en dos municipios donde fueron instaladas las estaciones biométrica: Buga y Cartago. El primero es la ciudad natal de Francined y en el segundo pocos líderes de los partidos de la Unidad de Gobierno acogieron la directriz de apoyar al candidato único y se fueron con Francined.

El dato es mucho más revelador si recordamos que en seis de esos municipios donde perdieron el pasado domingo, se concentró buena parte del caudal electoral que en el 2010 le permitió a Martínez llevar al Congreso tres senadores y cuatro representantes a la Cámara. Fue tan arrolladora esa elección, que el partido PIN, que avaló a las fichas de Martínez, se convirtió en la segunda fuerza política del Valle más votada después de La U y desplazó al partido Conservador.

Por todo lo anterior, las autoridades tienen tres obligaciones con los vallecaucanos: Establecer la inocencia o la culpabilidad de los capturados, saber con certeza cuántas elecciones pasaron por esa 'registraduría paralela' y a qué candidatos beneficiaron.