En medio de polémica, Martha Lucía Zamora comparece ante la justicia

La secretaria general de la Jurisdicción Especial para la Paz asistió en la mañana del martes a una audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía comenzó la diligencia con el retiro de una solicitud de medida de aseguramiento no carcelaria. En el proceso, además de la alta funcionaria, también se encuentran señalados en otro proceso dos contratistas por delitos relacionados con un supuesto favorecimiento a excombatientes.

El caso viene generando controversia de aquellos sectores que señalan una supuesta persecución de la Fiscalía contra el proceso de paz con las Farc. La misma presidenta de ese tribunal, Patricia Linares, se refirió al tema en una entrevista con María Jimena Duzán. Allí, la magistrada aseguró que le ha pedido "al señor Fiscal General garantías de debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia y la mayor celeridad posible porque afecta no solo a esas personas, también afecta a la Jurisdicción Especial para la Paz".

Este martes, la Fiscalía tuvo que presentar ante el juzgado los indicios que tiene en su poder para señalar a los miembros de esa jurisdicción. El centro de los cuestionamientos que tienen los investigadores en contra de los procesados está en la forma en que el exguerrillero Fernando Arellán, condenado por el bombazo al Club El Nogal; Pastor Alape e Israel Alberto Zuñiga, lograron obtener la bendición de la JEP para salir de Colombia. El primero lo hizo con el fin de tomar vacaciones en la Isla Margarita mientras que los últimos lograron viajar a Ecuador.

En una entrevista con Cecilia Orozco, Zamora había señalado que las actuaciones de la Fiscalía eran inusuales y había insinuado que detrás estaban las denuncias del anterior secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien salió en muy malos términos de esa corporación. Estas pesquisas corresponden a hechos que Correa puso en conocimiento de las autoridades. "Su denuncia refleja el resentimiento con que él, desafortunadamente, se retiró", le dijo a El Espectador. 

La secretaria de la JEP agregó que esos permisos se dieron cuando la Secretaría todavía era competente, "en virtud de la Ley de Amnistía y del decreto 2125 de 2017. Después perdió esa competencia porque fue asumida por los magistrados cuando los eligieron". En un comienzo Zamora fue acusada por el delito de falsedad ideológica por cuenta de esas salidas, pero -según ella- llama la atención que en la audiencia el caso giró hacia otros hechos relacionados con asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.

En la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos que le permitieron concluir que esos avales se firmaron de manera irregular. El ente acusador aseguró que interceptó los números de los contratistas July Milena Henríquez y Luis Eduardo Caicedo. Supuestamente a través de ellos llegaron a conversaciones con Martha Lucía Zamora.

Lea la entrevista de María Jimena Duzán con Patricia Linares

July Milena Henríquez trabajaba desde enero en la JEP como contratista y entre sus funciones tenía la responsabilidad de hacer seguimiento a la suscripción de actas de exguerrilleros. En una de sus conversaciones aparece Zamora al parecer dando instrucciones a Henríquez para que hable con los abogados de los excombatientes y les diga que manden un escrito informando su lugar de ubicación, esto con el fin de "evitarnos problemas".

"En la Secretaría mientras los magistrados no los llamen no podemos hacerles seguimiento. Lo que sí podemos es tener actualizado, pero no podemos estar uno por uno llamando a ver dónde están. Ellos tienen el compromiso de que en caso de variar de sitio manden un documento para actualizar sus datos, para bajarle el tono a esto (...)", dice Zamora en la conversación. 

Escuche el audio completo: 

Con posterioridad a esta comunicación, Juli Henríquez se comunica con Gustavo Gallardo, el abogado de algunos excombatientes. En dicha conversación le habría pedido enviar documentos porque ya les empezaban a preguntar por eso. En interrogatorio ante la Fiscalía, la excontratista Henríquez negó que hubiera tenido estos contactos. 

Para la Fiscalía, se llegó a un acuerdo de asesoría ilegal con lo que se buscaba impedir o perturbar un acto oficial que es la comparecencia de ellos a la JEP. "Tenía propósitos distintos, evitar que las autoridades ubicaran a ex Farc que ha abandonado el proceso", indicó la Fiscalía durante la audiencia.  

A Zamora le fueron imputados los delitos de asesoramiento y perturbación de actos oficiales; a Luis Eduardo Caicedo, abuso de la función pública, y a Henríquez, abuso y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Ninguno aceptó los cargos. 

En respuesta a la imputación de la Fiscalía, Zamora aseguró que los casos ante la JEP no son adversariales y los comparecientes deben cumplir los compromisos con la verdad. Al respecto, precisó que no hay nada indebido en las actuaciones y se declaró sorprendida con las evidencias mostradas por el ente investigador.

Los viajes

El origen del caso se dio a través de la forma en que tres excombatientes salieron del país. Uno de ellos fue Fernando Arellán, quien fue autorizado para ir a la Isla Margarita en plan de vacaciones. El fiscal del caso, Majer Nayi Abushihab, cuestionó el criterio "inocuo y caprichoso" que rodeó su salida de Colombia, y subrayó que un juez de Bogotá le había negado el permiso.

Aunque la JEP tuvo conocimiento de esta decisión del juez con posterioridad a la decisión que tomó para autorizarlo, la Fiscalía cuestiona dos cosas. Lo primero, que no se entregaran, como hacía parte de las reglas de funcionamiento de la JEP desde diciembre, una previa solicitud escrita, una justificación de los motivos de salida del país con su debido soporte y una copia del pasaporte. Y dos, que en este caso, el permiso le habría sido otorgado por el contratista Luis Eduardo Caicedo el 8 de marzo sin que al parecer el Secretario General, Néstor Raúl Correa, diera el visto bueno. 

En declaraciones rendidas a la Fiscalía, Correa ha dicho que no firmó este permiso y que se habría hecho uso indebido de documentos que habían sido firmados previamente por él. En este sentido, entregó copia de una conversación con Martha Lucía Zamora en donde ponen de presente la salida de Arellán del país y de forma expresa Zamora habría señalado que se dio sin autorización de Correa. 

En los casos de Pastor Alape y de Israel Alberto Zuñiga los permisos fueron otorgados el 2 de abril, es decir, posterior a que la Secretaría Ejecutiva de la JEP perdiera sus funciones jurisdiccionales. En este caso, la Fiscalía señala por asesoramiento ilegal a excombatientes y el desbordamiento de sus funciones a July Milena Henríquez. "Ella autoriza a estas dos personas sin tener facultad, en ese momento ya ni siquiera la Secretaría la tenía", dice el ente investigador.

El caso se desarrolla en medio de una intensa polémica sobre los supuestos excesos de la Fiscalía frente a la Jurisdicción Especial de Paz. El tema ha levantado preocupación en la Comisión de Paz del Congreso que la semana pasada pidió una reunión con el fiscal y la presidenta de la entidad para hablar de la situación.