Los cinco hechos victimizantes que más atentan contra los derechos humanos en el país

Desplazamientos y confinamientos de comunidades:

Todo ser humano tiene derecho a que el Estado garantice la protección de su entorno de vida, a tener vivienda, alimentación y tranquilidad. Lamentablemente en algunas zonas de Colombia no saben qué es eso. El desplazamiento forzado aumentó en el país en un 198 por ciento con respecto al año anterior, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas –OCHA–Se estima que solo en 2021 más de 70.000 personas han sido desplazadas, en cerca de 140 eventos, todos motivados por la disputa de grupos ilegales por el control territorial y rentas criminales.

Aproximadamente 51.400 están aún confinados, de los cuales la mayoría son indígenas –38.500– y cerca de 10.000 afrodescendientes. Los departamentos del país donde más se ve esta vulneración son: Chocó, Nariño, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.

Homicidios:

El derecho a la vida es fundamental, pero según cifras reportadas por Medicina Legal este año, con corte a octubre, se registraron 10.840 homicidios, de los cuales en 797 casos la víctima fue una mujer y 69 de ellos tipificados como feminicidios. 467 fueron menores de edad. En el total de casos hubo un incremento de más del 20 por ciento comparado con el año anterior, cuando se presentaron 8.936.

Los departamentos en los que más homicidios se registraron son: Valle del Cauca (3.085) Antioquia (1.610) y Cundinamarca 1.247 (incluyendo Bogotá). Entre mayo y agosto de 2021 se registró la mayor tasa de homicidios, en ese periodo acabaron con la vida de 4.478 personas. En Colombia han sido asesinados, hasta octubre de este año, 687 extranjeros de nacionalidad venezolana.

Homicidios y amenazas de líderes sociales: En lo corrido de 2021 fueron asesinados 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo. Aunque son 52 casos menos que el año pasado, el tema no deja de ser preocupante. La mayoría de los líderes sociales asesinados fueron hombres (111) y lideresas asesinadas (19). El 75 por ciento de los homicidios contra líderes sociales se presentaron en ocho departamentos: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Meta.

Las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población a la que le vulneran el derecho a la libertad de expresión. La Defensoría indicó que el 73 por ciento de los reportes que llegan a la entidad son amenazas a líderes sociales. Entre enero y septiembre, se conocieron 549.

Reclutamiento Forzado de Menores de Edad: Esta es una de las más repudiables violaciones a los derechos humanos que existe en Colombia y no hay cifras exactas sobre la cantidad de menores afectados, pues los grupos ilegales disfrazan esa práctica en “oportunidades laborales” o amenazas a los familiares para no denunciar. En el registro de las autoridades muchos de estos casos son reportados como evasores del hogar.

Desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido alrededor de 160 alertas tempranas que advierten el reclutamiento de menores en 238 municipios de Colombia. La mayoría de ellos ubicados en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

La estrategia de los grupos criminales es poner en el anillo de seguridad de los cabecillas a niños para evitar los ataques de la fuerza pública, porque saben que los derechos de los niños priman sobre cualquier otra situación.

Vulneración al derecho a la salud: Cientos de ciudadanos denuncian a diario que les están vulnerando el derecho a la salud. Incluso, la mayoría de las tutelas que llegan a los juzgados están relacionadas con la falta de atención médica, demora en remisiones y el no acceso a los tratamientos o medicamentos.

De hecho, según la Superintendencia Nacional de Salud se han recibido en este año 831.263 peticiones, quejas, reclamos y denuncias formuladas por usuarios de las EPS, ya sean del régimen contributivo o subsidiado.

Los departamentos en los que más inconformidad hay en este frente son Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Nariño. En estas regiones se ha presentado un aumento en el descontento por la atención en salud de sus ciudadanos.