“Somos 28 y ya hay 15 contagiados”: funcionario de juzgado de familia

La Rama Judicial reanudó actividades entre quejas y voces de apoyo. Luego de que los términos judiciales fueran suspendidos desde el pasado 16 de marzo, tribunales y juzgados de todo el país volvieron a laborar el 1 de julio.

Para no exponer a funcionarios y jueces, la indicación era que el teletrabajo sería la constante, salvo en situaciones excepcionales en donde, en caso de ser estrictamente necesario, se realizarían diligencias presenciales.

El Consejo Superior de la Judicatura dispuso entonces plataformas digitales para que la ciudadanía radicara allí sus demandas, recursos y demás actuaciones con la finalidad de que no fuera necesario desplazarse hasta los despachos.

Sin embargo, y a pesar de los múltiples esfuerzos de funcionarios que adaptaron sus hogares para poder trabajar, la gran mayoría de los expedientes no están digitalizados y esto representa un serio obstáculo para prestar sus servicios.

Así mismo, luego de cuatro meses de congelamiento, la reanudación de la rama se caracterizó por filas en las oficinas de atención al público, ya que abogados y demás implicados querían conocer la situación de sus casos. 

Las dudas persisten alrededor de la preparación del sistema judicial para operar mientras los números de contagios en el país aumentan. Con solo tres días desde el levantamiento de términos, el sábado 4 de julio se confirmó un caso en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. Se trata de un sustanciador de un juzgado penal del circuito que dio positivo a una prueba realizada el día anterior. Y, por si fuera poco, la alerta se escaló a las altas cortes. 

Un magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema se encuentra en cuidados intensivos por culpa del coronavirus. Según información dada por la institución, el magistrado visitó las instalaciones en el Palacio de Justicia de Bogotá por última vez el pasado 5 de junio. Aún se está a la espera de verificar si hubo contagios a pesar de que las personas con las que tuvo contacto no presentan síntomas.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) ha encabezado las críticas de este regreso. El sindicato asegura que nunca existió un parón total porque tuvieron que seguir atendiendo temas de carácter urgente como lo eran las tutelas, los ‘habeas corpus‘ y las audiencias con capturados, además de la digitalización de los expedientes. Esto generó un riesgo de contagio porque obligó a muchos funcionarios a movilizarse hasta los juzgados.

Ahora le exigen al Consejo Superior de la Judicatura que aplace nuevamente términos mientras no se garanticen las medidas de bioseguridad y las plataformas tecnológicas.

“Era trabajo en casa, pero no era trabajo virtual (...) Se dio la libertad de que cada juez o magistrado estableciera el método de trabajo con su equipo. Hubo algunos que dispusieron desplazar sus equipos completos a los despachos judiciales y esto se hizo de manera controlada por el Consejo Seccional de la Judicatura hasta que empezaron a incrementarse los brotes”, afirmó Liliana Vega, coordinadora de la Secretaría de Seguridad Social de Asonal y quien está recopilando los diferentes casos.

Vega, además de traer a colación lo acontecido en la Corte y en Paloquemao, mencionó la situación de un juzgado civil del circuito en el edificio Hernando Morales, ubicado en el centro Bogotá. Al tener una localización altamente transitada por peatones y transporte público, así como ser el lugar que alberga una gran cantidad de despachos judiciales, se convierte en un posible foco de contagio colectivo.

“La autonomía de cada juez para disponer que los funcionarios se desplacen a su sede ha generado el contagio. Nos hemos enterado, por ejemplo, que hubo casos positivos de coronavirus que no fueron reportados oportunamente por los jueces”, comentó.

Sin embargo, la revelación más preocupante está relacionada con los juzgados 1, 2 y 3 de Ejecución de Familia de Bogotá y la oficina de coordinación anexa a los mismos. Allí no se cumplió el límite impuesto por la Judicatura de tan solo funcionar con el 20 % de su capacidad, sino que se citaban alrededor de 13 personas a cumplir jornada completa. Esto tuvo un lamentable efecto.

SEMANA tuvo la oportunidad de conocer el testimonio de un funcionario de estos juzgados que relató cómo la gran mayoría de las personas que trabajan en estos despachos se encuentran en cuarentena vigilada después de haber dado positivo en la prueba de coronavirus.

Se quejó, además, de las presiones de sus superiores para que no reportaran lo que estaba pasando ante las aseguradoras de riesgos laborales, ARL, para que no les fueran cobrados los días de trabajo como incapacidad.

“Somos 28 y ya hay 15 contagiados. Las personas que dieron negativo todavía tienen que ir y no hay certeza de que ya hayan hecho desinfección del lugar”, advirtió el funcionario que prefirió guardar su identidad.

Hasta el momento, ninguno de estos casos ha sido anunciado por el Consejo Seccional de la Judicatura, que ya ordenó el cierre de estos juzgados sin detallar nada distinto a que fue por “razones de fuerza mayor”.

SEMANA conoció el documento resolutivo en el cual se hace un recuento de las medidas adoptadas por la rama en razón de la contingencia del coronavirus y se ordena "el cierre de los juzgados de ejecución de familia y la oficina de ejecución de familila de Bogotá, luego de una sesión extraordinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Cabe señalar que particularmente este fin de semana la alcaldesa Claudia López hizo una serie de pronunciamientos en los cuales señaló que el contagio está incrementándose de forma alarmante en la capital del país. El llamado es a no bajar la guardia y a redoblar las medidas de autocuidado, y, en la medida de lo posible, permanecer en casa para evitar el contagio.