Los contrastes de la puesta en marcha del acuerdo de paz

El punto seis del acuerdo establece los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los otros cinco puntos del acuerdo. Por medio de este se regula lo relacionado con las instituciones y proyectos que brindan las garantías para acabar con las condiciones sociales que alimentan el conflicto armado, como el caso de la tierra y el narcotráfico.

Actualmente, el Gobierno de Iván Duque adelanta la implementación con el segundo año de su política ‘Paz con legalidad’, la cual es liderada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Emilio Archila. Desde el Gobierno aseguran que el proceso va por buen camino, sin embargo, algunos sectores de la oposición y la sociedad critican la gestión.

Para la representante a la Cámara Juanita Goebertus, quien ha publicado cuatro informes de seguimiento a la implementación, el último de los cuales coincide con los dos años de ‘Paz con Legalidad’. Aunque el segundo año de este Gobierno ha sido menos hostil en su discurso frente a lo pactado, el proceso avanza a un paso muy lento y las cifras oficiales no están contrastadas. “Aunque hubo un giro de retórica no hay ni voluntad política real ni expresión en recursos. Pasamos a una lógica de dejar morir el acuerdo por inanición”, asegura.

Archila dice que las críticas a la gestión del Gobierno están basadas en politiquería y ha dicho que “si alguien piensa que lo puede hacer mejor, que lo diga en vez de argumentar que estamos diciendo mentiras”. Goebertus por su parte destaca algunos puntos del trabajo de Archila y asegura que no se siente aludida por sus palabras. Ambas partes manejan datos interesantes y útiles para entender la implementación.

¿Qué ha pasado con las víctimas?

Según cifras de la Consejería para la Estabilización se han registrado unas nueve millones de víctimas, de las cuales siete millones son sujetos de atención y más de dos están en los municipios PDET. Mientras la Consejería asegura que se han otorgado 199.308 reparaciones individuales, la congresista Goebertus dice que el promedio entre 2012 y 2019 es de 103.536 indemnizaciones, una tendencia que según ella haría que todas las víctimas sean indemnizadas en 43 años.

Sobre la restitución de tierras la discusión es similar pues Goebertus dice que solo 5,5 por ciento de las más de 125 mil solicitudes han sido resueltas. El Gobierno por su parte, dice que 20 mil solicitudes se han resuelto en esta administración y que se han beneficiado 2.186 familias de municipios PDET.

En cuanto a los mecanismos de justicia y verdad para las víctimas, Archila y Goebertus coinciden en que la JEP y la Comisión de la Verdad cuentan con la independencia financiera necesaria para trabajar. Archila asegura que a la JEP se le han inyectado 83 millones de dólares, a la Comisión de la Verdad 26 y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 40. Además, desde el Gobierno y la oposición señalan la necesidad de obtener mayor resultado en los siete macro casos de la JEP. Actualmente, a la JEP se han sometido 12.540 personas y en la Comisión de la Verdad se han escuchado a 11.118 víctimas.

El problema de la seguridad

En este punto lo más preocupante es el asesinato de líderes sociales y excombatientes. Sobre este fenómeno existe una disputa en las cifras, pues en el caso de líderes la Fiscalía calcula que desde la firma han sido asesinados 349, la Defensoría dice que 571 e Indepaz asegura que son 971. Lo mismo pasa con los exguerrilleros, pues el Partido Farc dice que son 212 y la Fiscalía 195. En cualquiera de los casos todas revelan la magnitud del problema.

En el último informe de Archila no se hace referencia a estas cifras, lo cual es muy criticado. Desde el Gobierno aseguran que se han dispuesto 256 esquemas de seguridad a excombatientes, se han lanzado 68 alertas tempranas y se han proferido 36 sentencias condenatorias contra los responsables de la violencia. Sin embargo, algunos sectores critican la sistematicidad del problema y argumentan que en los últimos años se ha generado desestabilización y aumento de la violencia en los municipios PDET.

El problema de las drogas

Sobre el programa de sustitución voluntaria PNIS, una de las líneas más importantes del punto cuatro del acuerdo, el consejero Archila ha dicho que lo recibieron con problemas de raíz. El gobierno maneja una cifra de 90,2 por ciento en el pago de asistencia alimentaria a las familias del programa y de 232 millones de dólares invertidos, sin embargo, en cuanto a la formalización de proyectos productivos solo el 2,1 por ciento de las personas han sido impactadas. Una de las estrategias para fortalecer este punto es la creación de “Hecho a la medida”, un proyecto para quienes no se encuentren en el PNIS.

Actualmente, el país vive una disminución en los cultivos de hoja de coca, pero un aumento en la producción de cocaína. La estrategia del Gobierno Duque parece estar orientada a la erradicación, la cual aumentó un 62 por ciento con una meta de 130 mil hectáreas para 2020.

Desarrollo rural

El Gobierno destaca los avances del catastro multipropósito, el cual consiguió un apoyo de 150 millones de dólares con un préstamo del Banco Mundial, también habla de más de millón de hectáreas que han entrado al Fondo de Tierras y de las 403 mil hectáreas formalizadas.

Desde la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación se cuestiona la lentitud del proceso, pues no hay proyectos de Ley sobre la Reforma Rural integral y solo dos de los 170 municipios PDET cuentan con el nuevo catastro.

La principal crítica de Goebertus a este punto es la desfinanciación de algunas entidades, como la Agencia Nacional de Tierras que tuvo una reducción del 12,7 por ciento en su presupuesto y la Agencia de Desarrollo Rural que pierde un 35,4 por ciento para 2021. Además, según ella, sobre los PDET solo se ha invertido un 0,2 por ciento de lo necesario para mejorar la infraestructura de los territorios.

Reincorporación

En este punto las cifras que contrastan las del Gobierno aseguran que el 71,3 por ciento de los excombatientes no están vinculados a procesos productivos con desembolso y que se presentan graves casos de inseguridad como el del ETCR de Ituango, del cual tuvieron que salir desplazadas 93 personas. Según el informe de la congresista Goebertus, se han implementado 1.392 proyectos productivos individuales y 48 colectivos.

Por el contrario, el Gobierno, en cabeza de Emilio Archila, asegura que son 64 los colectivos 1.467 los individuales. Además, asegura que se han certificado 13.125 personas en reincorporación, que se atendieron todas las necesidades de servicios e infraestructura de los antiguos ETCR, que se han entregado 501 subsidios de vivienda familiar rural y se han invertido más de 12 millones de dólares en este punto.

Finalmente, cabe señalar que desde los dos sectores reconocen que los indicadores de implementación, así como la violencia en los territorios, se han visto directamente afectados por la crisis del coronavirus. A dos años de terminar el Gobierno Duque se ve una mejor disposición para trabajar por la implementación, pero preocupa la lentitud y falta de recursos para cumplir las metas trazadas originalmente.