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Los 8.500 millones que la Cámara de Comercio de Montería asignó a dedo
En Córdoba, la clase empresarial está escandalizada con la feria de contratos en la Cámara de Comercio de Montería, con los cuales favoreció a un puñado de empresas fantasma.
La Cámara de Comercio de Montería (CCM) logró lo que parecía imposible: desplazar al coronavirus como el tema de mayor revuelo. En los últimos días, en Córdoba se habla con más preocupación del despilfarro detectado en ese ente que de la pandemia. El lío, en lo que va, involucra contratos por 8.500 millones de pesos y tiene contra la pared a Félix Manzur Jattin, presidente ejecutivo de la CCM y hermano de Jorge Manzur, exgobernador del departamento condenado por malversación. También recaen cuestionamientos contra Jorge Doria Corrales, presidente de la junta directiva de la Cámara y propietario de la comercializadora de autopartes Doriautos. A ambos los señalan de favorecer con contratos a cuatro empresas de papel.
Las firmas beneficiadas son Innovemp Korpershaft, Alliance Effort E. U., Prosjekt OG Forsk Colombia y Rechts & Steuern Corp. Todas con esnobistas nombres extranjeros pero afincadas en tierras ganaderas y desconocidas en la ciudad. Para colmo de suspicacias, dos de ellas, la primera y la última, figuran con la misma dirección. Entre 2016 y 2019 estas compañías acapararon el 90 por ciento de la contratación de la CCM. Y al preguntar qué hacen a cambio, la respuesta es “no mucho”.
Por lo general, los contratos tienen objetos vagos y con resultados poco verificables. Año tras año, sin estudio previo, han contratado charlas, encuestas e investigaciones que suelen concluir en etéreas ejecuciones, sin resultados concretos. Por ejemplo, los contratos 07/2017 y 007/2019, suscritos con Innovemp Korpershaft, ascendieron a 1.099 millones de pesos para la “asesoría, capacitación, sensibilización del comercio informal de Montería”. Nadie sabe de una conclusión, ni mucho menos si estos recursos sirvieron para formalizar un solo comerciante.
Tampoco se entiende por qué la CCM firmó contratos que terminaron en detrimento propio. En dos ocasiones le delegó a Alliance Effort E. U. el recaudo de la cartera morosa de la entidad. Los contratos 03/18 y 03/19 prueban que la compañía debía cobrar 193.371 millones de pesos, pero solo recaudó 7,9 millones de pesos. Es decir, la CCM contrató un cobrador que le hizo perder el 96 por ciento de la plata. Y, a pesar de tan mal negocio, este año la misma empresa hará nuevamente el recaudo, como estipula el contrato 04/20.
Los propios estatutos de la CCM ‘blindan’ el favorecimiento a estas compañías. El manual de contratación estipula que Félix Manzur, en su condición de presidente ejecutivo, goza de plenas facultades para contratar directamente. Montería no mueve tanto dinero como otras ciudades, pero el jefe de la Cámara de Comercio puede contratar hasta 1.000 salarios mínimos. Tres y cuatro veces más que sus homólogos de Pereira, Barranquilla, Medellín y Cali. En estas dos últimas, por ejemplo, el presidente ejecutivo puede contratar máximo 200 y 300 salarios mínimos, respectivamente.
Contactado por SEMANA, Manzur afirmó que siempre ha procedido con apego a la ley. Explicó que cada mes sube a la plataforma Sireci de la Contraloría los contratos suscritos, y que aunque tiene potestad para asignar directamente, sin más, lo hace evaluando ofertas. “Todo mi accionar operativo se ha enmarcado en los estatutos y normas”, dice. Los estatutos que Manzur menciona también disponen que él aprueba cualquier cambio a dicho reglamento.
La polémica ya escaló a los entes de control. A la Procuraduría le bastó echar un primer vistazo para tomar cartas en el asunto. Ordenó apartar provisionalmente de su cargo a Manzur Jattin, le inició una investigación disciplinaria y encontró que en al menos nueve de los contratos, las empresas adjudicatarias no tenían idoneidad ni capacidad financiera.
En una segunda decisión, el Ministerio Público suspendió también a Doria Corrales y a los demás miembros de la junta directiva, excepto aquellos designados por el Gobierno, que encendieron las alarmas. Por su parte, la Fiscalía entró a inspeccionar los papeles y ya hizo un importante hallazgo: Álvaro Segrith Sepúlveda, uno de los miembros suspendidos, fue en 2008 representante legal de Alliance Effort. Hasta donde se sabe, esa firma logró contratos por 3.398 millones de pesos. A medida que las autoridades examinan el rosario de contratos, brotan los pecados del despilfarro.
