Los crudos relatos de las familias que le piden al general (r) Guillermo Quiñones decirle la verdad a la JEP sobre los falsos positivos

James y José Antonio eran dos hermanos que se dedicaban a la agricultura en la finca en la que vivían, en la vereda Santo Domingo de Vista Hermosa (Meta).

La finca era administrada por el agricultor Javier Acuña. El 30 de noviembre de 2006 “se dirigieron a las estribaciones de La Macarena (Meta) en búsqueda de los miembros de la Brigada Móvil No. 12 comandada por el coronel Cipriano Peña Chivata, adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional, a pedir respuestas, pues estos militares estaban asesinando y consumiendo las reses de su propiedad, pero ninguno de los tres regresó a su residencia”, dice uno de los testimonios recogidos en el informe del Colectivo Fals Borda, que será entregado a la JEP.

Tiempo después, “militares del Batallón Contraguerrillas 84, perteneciente a la misma Móvil 12, reportaron a los hermanos Agudelo y a Javier Acuña como integrantes de la cuadrilla 27 de las FARC muertos en combate en el sector de La Avanzada, en el marco de la operación ‘Macarena’, misión táctica ‘Nilo’, cerca de la finca en donde se encontraban las reses”.

Otro caso, también recogido por el Colectivo Fals Borda, es el de dos jóvenes que en 2006 “salieron de sus casas y fueron detenidos por unidades de la compañía Bisonte del Batallón de Contraguerrillas No. 42 ‘Héroes de Barbacoas’, de la Brigada Móvil No. 4, quienes se encontraban en el desarrollo de la operación ‘Meteoro’ y la misión táctica ‘Mosquetero’. Después de ser detenidos, fueron trasladados a la base de la patrulla móvil, donde fueron asesinados”.

Relatos como este, conocidos por SEMANA, dan cuenta de cómo las huellas del conflicto siguen generando que muchas familias en Colombia pidan, hasta el día de hoy, justicia y la posibilidad de verse cara a cara con los victimarios para exigirles respuestas.

Precisamente, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 03, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, ordenó al mayor general (R) Guillermo Quiñones Quiroz rendir versión dentro de este proceso. La diligencia será este 12 de febrero y SEMANA pudo conversar con algunas familias de víctimas que lo único que piden es que sepa toda la verdad sobre lo ocurrido.

Otro de los relatos más desgarradores cuenta la historia de un joven en Granada, Meta. “El 8 de junio de 2007 Edwin salió de su casa rumbo a la vereda El Palmar, pero no llegó a su destino y no regresó a su residencia. Su familia reunió a la comunidad para buscarlo, llegando hasta el lugar donde se encontraban miembros del Ejército. Cuando preguntaron por Edwin, solo recibieron malos tratos y que fueran retenidos en el lugar hasta que intervino una Comisión de Derechos Humanos y la Defensoría Civil. El 11 de junio de 2007 el cuerpo de Edwin fue encontrado por la familia en la morgue de Granada, reportado como muerto en combate por la Compañía Dabeiba, al mando del CT Javier Bolívar Nibia”.

En total son dos las diligencias que se llevarán a cabo este viernes 12 de febrero y el próximo 19 de febrero ante la sala de Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP. Comparecerán voluntariamente los generales Guillermo Quiñones Quiroz y Cipriano Peña Chivatá para dar su versión por un caso ocurrido en Casanare. Sin embargo, “las familias solicitarán que se determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional en casos perpetrados en los departamentos del Meta y el Guaviare”, advirtió en una comunicación el grupo de abogados Fals Borda, que lleva la defensa de estas personas.

La JEP señala que solo en el Caso 03, conocido como el de “falsos positivos”, se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Y agregan que se están estudiando 197 presuntas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de la Brigada XVI, que habrían ocurrido entre 2005 y 2008 en varios municipios de Casanare; Pisba, Pajarito y Labranzagrande, en Boyacá; Tame, en Arauca; Barranca de Upía, Meta, y Paratebueno, Cundinamarca.

Durante este periodo, asegura la JEP, el entonces coronel Quiñones Quiroz se desempeñó como comandante de la Cuarta División, unidad jerárquica superior de la Brigada XVI.