Los cuerpos perdidos del Palacio de Justicia

El pasado 30 de junio a Alexandra Sandoval y Amelia Mantilla la verdad les cayó como un pesado costal lleno de piedras. Por más de un año habían vivido en la más profunda de las incertidumbres. En medio de las investigaciones por los hechos del Palacio de Justicia, Medicina Legal y la Fiscalía habían exhumado los restos de su papá y esposo, el magistrado auxiliar Emiro Sandoval Huertas, fallecido en la toma, para determinar si realmente pertenecían a él. Y esa duda que las había rondado por meses finalmente se despejó ese jueves. En una diligencia discreta en el búnker de la Fiscalía les entregaron los resultados. No era él.

Los estudios practicados en los restos que supuestamente eran de Sandoval arrojaron un dictamen desconcertante. Medicina Legal encontró que en su tumba pueden estar probablemente tres personas diferentes, y ninguno es Sandoval. Por ahora, se sabe que allí estarían los restos de dos individuos y un fémur que no corresponde a ninguno de ellos.

Durante los últimos años, su hija Alexandra se ha convertido en una de las líderes en la búsqueda de la verdad de lo que sucedió en el Palacio de Justicia en 1985. Aunque solo tenía tres años cuando ocurrieron esos hechos, la ausencia de su papá, producto de esas circunstancias, la marcó toda la vida. Estudió Derecho como él, y como su mamá, y en los últimos años ha cumplido una labor reconocida en la defensa de los derechos de las víctimas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy trabaja en el Consejo de Estado.

“Es muy duro para nosotras, que visitamos por 30 años la tumba de mi papá, que nos digan que hemos estado equivocadas. Pero sería más duro permanecer en esa mentira”, cuenta. Alexandra tiene hoy 33 años, los mismos q su que tenía su papá cuando falleció. “Algunas veces me pregunto por qué lo sigo llorando, por qué el dolor es tan latente si el recuerdo real que tengo de él es tan vago. Mi respuesta es que esta herida seguirá abierta hasta que sepamos qué pasó”, concluye.

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Según el Informe de la Comisión de la Verdad, a Emiro Sandoval Huertas lo identificaron por la corbata que llevaba puesta. Ese documento, construido dos décadas después, registra que el acta de levantamiento hacía referencia a “una argolla de metal de color amarillo, restos de una licencia de conducción de control interno número 2556220, un llavero metálico con cuatro llaves, un reloj destruido y dos estilógrafos con nombre Pedro, lo cual puede sugerir error en la identificación”.

Ese 7 de noviembre de 1985, Amelia Mantilla hizo todo para encontrar a su esposo. Como magistrado auxiliar, Emiro Sandoval era la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, quien ese día solo había ido al Palacio de Justicia a hablar con él pues quería dejar todo organizado antes de salir de viaje.

Amelia trabajaba a pocas cuadras, en la Procuraduría, cuando se enteró de la toma. Y aunque dieron la orden de desalojar, ella se quedó esperando por si de pronto él llamaba. Solo pudieron hablar una vez, a la una de la tarde. Amelia decidió que Alexandra debía pasar la noche con sus primos para que no se asustara por lo que ocurría y ella pudiera dedicarse a esperar a Emiro. Cuando Yamid Amat anunció la muerte del presidente de la corte, ella perdió la esperanza de encontrarlo vivo.

A la medianoche del 7 de noviembre fue a Medicina Legal. Miró entre las decenas de cuerpos apilados, pero ninguno correspondía. Decidió ir apenas amaneciera a la corte a buscarlo. Entró al Palacio de Justicia por la misma puerta de los tanques. “Vi como los cuerpos calcinados los bajaban de piso en piso. Es increíble, pero eso hicieron. Creo que con el único propósito de desaparecer las pruebas”, dice.

El exministro de Justicia Carlos Medellín también perdió a su papá en esa tragedia. Hace unos meses, a propósito de los 30 años, este le contó a SEMANA la forma tan irregular como se había hecho el levantamiento de cuerpos: “Los bomberos recibieron la orden de lavar el Palacio. Por el agua, los cuerpos cayeron del cuarto piso al tercero, del tercero al segundo y del segundo al primero. Cuando llegó Medicina Legal, ya todo era un desastre porque toda la escena había sido alterada”. Su familia se negó a recibir unos restos que le dieron en una bolsa negra porque no estaban identificados, y por esa razón, su papá fue enterrado días después en un sepelio aparte de los demás magistrados. “Los que vivimos eso supimos en ese momento todo lo que había pasado”, dijo Medellín.

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Hoy la familia del magistrado auxiliar Julio César Andrade pasa por la misma situación que los Sandoval Mantilla. “Por mis propios miedos, mis vacíos, y en contravía de lo que creía mi familia pedí que lo exhumaran. Necesito saber si él era nuestro papá”, cuenta su hija Diana, quien tenía 7 años cuando sucedió la toma. El proceso les ha ocasionado dolor a todos en la familia, pero también los ha unido más pues durante décadas habían preferido simplemente no hablar del tema.

Su hermano Gabriel, quien a los 17 años debió estar al frente de la muerte de su papá e ir a reconocerlo a Medicina Legal, le dijo a SEMANA que quizás “prefería quedarse con la certeza de que la persona que enterramos en el cementerio de Barranquilla es mi papá a pasar toda la vida con la angustia de saber que está desaparecido. Ya ha sido absolutamente invivible el crecer y ahora envejecer con la ausencia de mi papá como para ahora tener que remover una pesadilla”. El pasado mes de febrero, Diana y Gabriel fueron juntos a la exhumación en el cementerio de Barranquilla. Se espera que en un mes salgan los resultados.

Cuando Diana leyó en las noticias el resultado de ADN del papá de Alexandra, a quien conoció por estas investigaciones, la llamó y ambas se fundieron en un llanto. Aunque no se conocen personalmente, pues Diana vive en Estados Unidos, sienten que las une un misterio. Ambas ahora piden que las investigaciones continúen (ver recuadro).

“En la tragedia del Palacio de Justicia dos cosas ocurrieron y son una verdad innegable. Hay gente que salió viva y nunca llegó a su casa, así como hay otros que fueron asesinados adentro y nunca llegaron a su tumba”, concluye Alexandra.

Tarea Titánica

El fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, cuenta que las investigaciones por los hechos de la toma en 1985 han sido una de las prioridades de esa entidad. Recuerda que cuando él llegó a la Fiscalía le llamó la atención ver 92 cajas viejas y apiladas en las instalaciones del CTI. El olor era penetrante y por eso preguntó de qué se trataban. “Son los del Palacio de Justicia”, le respondieron. Al alto funcionario le sorprendió saber que desde hace muchos años en el búnker reposan los restos de decenas de personas, víctimas de esa tragedia, a la espera de lograr ser identificadas.

Paralelamente a los grandes procesos judiciales que se han dado por cuenta de los hechos de la toma y la retoma del Palacio, la Fiscalía ha adelantado la titánica tarea de investigar quiénes pueden estar en esas cajas y de encontrar en los cementerios los restos que pudieron haber sido mal enterrados. El informe de la Comisión de la Verdad y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia por esta tragedia dieron cuenta de las enormes irregularidades en los levantamientos de los cuerpos y en la forma como se alteró la escena de los hechos. En el marco de esas investigaciones se encuentra el caso del magistrado Emiro Sandoval.

A la fecha, la Fiscalía ha exhumado 20 cadáveres, analizado 22 de los restos que estaban en las cajas, organizado un banco de datos genéticos de 181 personas (entre vivos y muertos) e identificado a 11 personas, algunas de las cuales se consideraban desaparecidas desde hace 30 años.

El proceso es en extremo complejo, demorado y dispendioso. En algunos casos la dificultad está en que la persona no tiene ningún familiar vivo con quien se pueda cotejar el ADN. Por esa razón, en el caso de un escolta del DAS, Everardo Bermúdez, y de Rosalba Romero, funcionaria de la Rama Judicial, la Fiscalía tuvo que exhumarlos no solo a ellos sino también a su padres para tomar la muestra.

La verdad ha llegado como un bálsamo para unas familias y como un baldado de agua fría para otras. El año pasado, así se encontraron los restos de tres de las desaparecidas. Cristina Guarín, la empleada de la cafetería que inspiró la película La Siempre Viva, se encontraba en la tumba de otra víctima, Marina Isabel Ferrer, en el cementerio Jardines de Paz. Lo mismo que Lucy Amparo Oviedo, quien ese día había visitado el Palacio pues tenía una cita con el presidente de la Corte Suprema. Por otro lado, Luz Mary Portela León, una empleada de servicios generales, fue encontrada en el análisis de la caja 55 y 55 A que estaban archivadas en la Fiscalía.

Las familias de ellas tres cerraron así un ciclo de décadas de incertidumbre y desasosiego, pero en la casa de la señora Ferrer comenzó otra tragedia. Cuando se conoció la noticia, su hija Sofía publicó un video en el que resumía su desconsuelo. “Después de 30 años, recibir esta noticia es muy doloroso, es empezar otro duelo, el de llorar un muerto que no era el de uno”, decía acongojada. Posteriormente, la Fiscalía identificó sus restos.

En esa situación se encuentran otros familiares. Uno de los casos más conmovedores es el del magistrado de la Corte Suprema Pedro Elías Serrano. Según el informe de la Comisión de la Verdad, desde los primeros años se supo que lo que había en su ataúd eran realmente los restos de una mujer. A la familia de Norma Constanza Esguerra, una mujer que visitaba el Palacio de Justicia para surtir de pasteles la cafetería, siempre le han dicho que podrían corresponder a ella por un collar que le encontraron puesto. Hoy los restos de Serrano están siendo analizados en Europa. Algo similar pasó con Cecilia Concha, también empleada de la Rama Judicial, quien fue identificada en el cuerpo de un hombre.

Llegar a esos resultados 30 años después implica un procedimiento técnico de largo aliento. La fiscal delegada Jenny Claudia Almeida explica que primero se realiza un análisis antropológico para intentar organizar la estructura ósea. Luego se cruza el ADN de cada uno de los huesos y falanges para determinar si pertenecen a un mismo ser humano. Y posteriormente se cotejan con sus familiares. Si el resultado es negativo, se cruzan con el banco de datos de 181 perfiles genéticos de las víctimas de la tragedia del Palacio de Justicia. Ese banco genético es el verdadero escollo para que las investigaciones puedan avanzar más rápido (ver recuadro). El otro problema es que los restos estén muy descompuestos, caso en el cual los mandan a laboratorios en Europa.

El trabajo hecho en este caso y en los procesos de Justicia y Paz ha convertido a Colombia en uno de los países líderes del continente en buscar la verdad en el ADN. La Fiscalía y Medicina Legal han trabajado en los últimos años con más de 6.000 cuerpos, de los cuales ha logrado identificar la mitad. Ahora que se acerca la firma de la paz, el esfuerzo que se haga será vital para que, como dice Alexandra Sandoval, nadie tenga que vivir la misma incertidumbre que ella.

Vea nuestro especial de los 30 años de la toma al Palacio de Justicia

 “Pedimos a todos los familiares que entreguen su ADN”

Alexandra Sandoval y Diana Andrade, hijas de dos magistrados fallecidos en la toma del Palacio de Justicia, tienen una súplica particular para las demás víctimas de esa tragedia. Después de 30 años, muchos de los restos aún no han podido ser identificados pues Medicina Legal y la Fiscalía no han podido completar el banco de ADN con todas los deudos. “Sabemos que no es fácil, pero es muy importante para poder entregarlos a sus verdaderos seres queridos. Les pido a todos los familiares de quienes fallecieron ese día que, así no tengan dudas, se presenten a Medicina Legal”, señala Alexandra. “Para nosotros ha sido muy doloroso, pero sí en la tumba de mi papá está la respuesta que ha buscado por años otros colombianos quien soy para negársela”, reconoce Diana.