Los cuestionamientos de la Procuraduría al plan de vacunación contra el coronavirus

En una comunicación enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, la Procuraduría General de la Nación realizó este viernes 12 observaciones al Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.

El ente de control alertó sobre potenciales fallas en su ejecución que “podrían poner en riesgo su cumplimiento, en detrimento de los derechos a la salud y a la vida de los colombianos”.

El Ministerio Público señaló que “no hay claridad” sobre las entidades en las que recaerá la responsabilidad de “cruzar los sistemas de información, que servirán de fuente para iniciar el proceso de vacunación, así como en los tiempos establecidos para la ejecución de ese análisis”.

Según la Procuraduría, en el plan no establece un cronograma de ejecución donde “se incluyan los tiempos estimados de implementación por actividades, fases y etapas, y las fechas de recepción, distribución, inicio y finalización de la aplicación de las vacunas”.

Igualmente, señaló que “no es claro” si el Ministerio de Salud y las entidades territoriales cuentan con el recurso humano requerido para realizar la vacunación en cada una de las etapas y fases del proceso, “como tampoco si los territorios cuentan con los recursos necesarios para su contratación”.

En ese sentido, manifestó el ente de control que es necesario que la contratación del personal se realice “acorde con el cumplimiento de los perfiles y las capacitaciones requeridas, incluyendo el uso de los sistemas de información”.

Por otra parte, cuestionó que en el plan no hay evidencia de que se haya establecido “la duración de las jornadas, las agendas y turnos de vacunación, ni tampoco se consigna cómo se garantizará la provisión de todos los insumos y elementos de bioseguridad para el personal que adelantará las inmunizaciones”.

Adicionalmente, manifestó que desconoce si ya se definió cuál será la entidad encargada de vigilar y garantizar que las dosis de las vacunas tengan un “adecuado transporte” que permita cumplir con “las condiciones de refrigeración necesarias para impedir su deterioro e ineficacia”.

También señaló que se desconoce el registro del número de dosis entregadas a cada entidad territorial, a cada IPS y el registro de dosis aplicadas por persona a cada entidad territorial e IPS. “Tampoco se establece la ruta y logística que se requiere para vacunar a la población dispersa o a las comunidades indígenas que se encuentran en corregimientos y zonas alejadas de las áreas urbanas”, subrayó.

Para la Procuraduría es “indispensable tener claro si es viable realizar una vacunación extramural”.

Otra de las observaciones apunta a que no existe claridad si “las 25 entidades territoriales diferentes a las de centro de acopio y distribución regional ya cuentan con la microplanificación, donde incluyan el mecanismo y proceso para la recepción semanal de los biológicos y la aplicación de estos a la población priorizada previamente caracterizada”.

El órgano de control también se manifestó sobre la necesidad de socializar la estrategia de comunicación del Plan Nacional de Vacunación “con la suficiente anticipación y antes de iniciar su primera fase, en la que se den a conocer aspectos como la priorización, las etapas, la gratuidad de la vacuna y la obligación de notificar eventos adversos o alteraciones presentadas”.

Adicionalmente, dijo que en la estrategia no se definen los planes de contingencia para las regiones que “tengan dificultades de conectividad, lo que puede afectar el cargue oportuno de la información”.