POLÍTICA

Los detalles del nuevo proyecto sobre el aborto para víctimas de abuso sexual

Congresistas que rechazan el aborto propusieron que el Estado les brinde un apoyo a las mujeres embarazadas, víctimas de abuso sexual.

1 de diciembre de 2020
| Foto: Pixabay

El debate sobre el aborto ha regresado al Congreso. Un grupo de congresistas “provida” considera que en ningún caso el aborto debería existir y presentó una propuesta alternativa para ayudar a las víctimas de abuso sexual.

El senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, presentó una propuesta que salvaguarda las dos vidas: tanto de la madre como la del bebé en gestación.

Para el senador, el bebé en esas circunstancias es también una víctima, pero tiene derecho a vivir. “Se hace importante dar la opción provida para que esta vida en gestación se pueda desarrollar. Se deben brindar las garantías en esa restitución de derechos a la madre gestante que, si por alguna u otra razón no desea, o no tiene la posibilidad de criar al niño o a la niña, pueda entregarlo en adopción”, dijo Rodríguez.

El congresista señala que con el proyecto se protegen los derechos fundamentales a la vida, de la mujer y el menor, y se crea una opción distinta al aborto para las que fueron víctimas de abuso sexual y resultaron embarazadas. “Se ve otra opción para que, aun en medio de esas circunstancias se pueda dar esa posibilidad, de vida para aquel que está en el vientre materno y ha sido concebido”, comentó el senador.

Actualmente una de las causales por la que se permite el aborto en Colombia, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, es cuando la mujer resulta embarazada víctima de un caso de abuso sexual. Las otras dos condiciones son cuando el feto presenta una malformación o cuando constituya un peligro para la vida de la mujer.

El senador estuvo en Vicky en SEMANA hablando de su propuesta:

El proyecto busca que se brinden alternativas para estos casos con acompañamiento del Estado sin que se tenga que recurrir al aborto. En ese sentido, busca adicionar un parágrafo al artículo 19, de la Ley 1257 de 2008, para establecer que si como consecuencia del abuso sexual se genera un embarazo, el Ministerio de Salud, las empresas promotoras de salud y de régimen subsidiado, en coordinación con el ICBF, deberán reestablecer el derecho a la salud, al trabajo y a la educación, brindando acompañamiento psicológico, psiquiátrico y asistencial durante el embarazo, parto y primer año de crianza. Y si la madre lo prefiere, se dará un acompañamiento en el proceso de adopción bajo los parámetros establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia.

Según cifras del Ministerio de Salud, recopiladas por Profamilia, el índice de embarazos no planeados alcanza un 52 %. Así mismo, 70 mujeres mueren al año por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos. Estas cifras son usadas para argumentar el proyecto, pero también han sido la base de quienes buscan despenalizar el aborto, diciendo que al permitirlo salvarán la vida de esas mujeres.

Otro de los argumentos presentados por el equipo del senador Rodríguez tiene relación con el costo de los procesos del aborto. Dicen que pueden valer entre 500.000 a 1.200.000 pesos, y que en clínicas clandestinas este valor puede aumentar. Además, que el 33 % de los casos sufren complicaciones que requieren atención médica, y que en entornos rurales la cifra puede ser mayor.

Sobre los costos que pueda contemplar una medida de este tipo, el senador señaló que no tendrá impacto fiscal, ya que será un programa implementado dentro del funcionamiento del ICBF y el Ministerio de Salud.

Adriana Magali Matiz, del Partido Conservador y quien respaldó la iniciativa, dice que es importante porque va encaminado y direccionado a la “ruta de atención”. “Básicamente lo que debe conseguirse es el restablecimiento de los derechos de la mujer, brindar un acompañamiento médico, psicológico y asistencial, no solamente durante el embarazo, sino en el parto y en el primer año de crianza o el proceso de adopción”, comentó.

Jennifer Arias, del Centro Democrático, destacó que en el Congreso se han presentado otras iniciativas que buscan imponer mayores sanciones a quienes cometan abusos sexuales contra las mujeres. “En ese esfuerzo siempre se piensa en el castigo para quien está cometiendo este acto, pero a veces hemos descuidado a aquellas que son víctimas, que no solo esperan justicia, sino que necesitan un acompañamiento psicológico”, señaló.