Detalles del proyecto de ley que aumentaría las capacidades anticorrupción del Estado

El miércoles pasado, en penúltimo debate, fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley anticorrupción, el cual promete fortalecer los mecanismos de transparencia, prevención y lucha contra este tipo de delitos. La decisión unánime respaldó el proyecto impulsado por el presidente Iván Duque, junto a la Comisión Nacional de Moralización y otras 25 entidades del Estado.

Los más importantes atributos del mismo radican en evitar que la corrupción ocurra, reforzar la articulación entre las autoridades, recuperar los daños causados por delitos relacionados y recobrar la confianza de la ciudadanía. Los siguientes son los detalles más destacados de la iniciativa, la cual se encuentra al borde de ser aprobada y gana amplios apoyos en el Legislativo.

Las medidas para proteger a quienes denuncian la corrupción

En primer lugar, el proyecto de ley tiene en cuenta las repercusiones que deben enfrentar aquellos que reportan actividad irregular de funcionarios, empresas o particulares. Estas personas tendrán garantías en el ámbito laboral, contarán con protección física otorgada por el Estado y mantendrán en reserva su identidad.

Esto ocurrirá también si la persona labora en el sector privado, caso para el cual el Ministerio del Trabajo deberá intervenir para verificar que se están cumpliendo las disposiciones pertinentes. En caso de no hacerlo, los empleadores podrían ser objeto de multas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para servidores públicos, si están siendo amenazados en su condición laboral, deberán reportarlo ante la Procuraduría General de la Nación o el representante legal de la entidad pública. Ahí se tomarán las medidas pertinentes para la protección.

Se fortalecen las repercusiones para personas jurídicas

Aparte de las repercusiones particulares, personas jurídicas que se beneficien de la comisión de delitos también se verán vinculadas como terceros civilmente responsables en las investigaciones. Las sanciones administrativas alcanzarían hasta los 200.000 salarios mínimos, a lo que se suma el monto del que se benefició en medio del ilícito.

Además, deberán hacer público el acto que cometieron y no podrán acceder a incentivos o subsidios del Gobierno en un plazo de diez años. Igualmente, se podrá cancelar a la persona jurídica y, en otros casos, se removerán todos los cargos implicados en la situación. Para la prevención, las compañías deberán impartir charlas y talleres de ética y demás valores que eviten que este tipo de situaciones ocurran.

Extinción de dominio y lavado de activos

Las decisiones con los bienes, dineros y recursos que se extraigan de los entramados de corrupción quedarán a disposición y potestad de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la normativa civil y comercial. Además, en temas de lavado de activos se mejorarán las metodologías para identificar quiénes son los beneficiarios finales de dicho trámite.

La Contraloría podrá recuperar y embargar activos en el exterior

Dicha entidad tendrá la competencia de establecer quiénes son los responsables de un entramado de corrupción y, para ello, establecer sanciones para cada uno de estos casos. En este marco, las entidades que controlen datos patrimoniales o financieros de los investigados o responsables deberán brindar información a la autoridad fiscal de manera oportuna.

Pedagogía para prevenir que ocurran

Las instituciones educativas con educación preescolar, básica y media podrán comenzar a enseñar conceptos como el sentido de lo público, transparencia y cultura de la integridad. En educación superior se fomentarán estrategias de participación en el marco del principio constitucional de la autonomía universitaria.

En medio de las iniciativas, se creará la figura del contralor estudiantil en todas las instituciones educativas para promover los valores anteriormente anunciados en los colegios. Las funciones estarán dirigidas a fomentar la participación ciudadana para asegurar la transparencia, la buena gestión pública y el buen uso de los recursos.

Con estos atributos, también enfocará los esfuerzos para crear sistemas de alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos y ayudará a establecer mayores controles en la ejecución de los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

“Es muy importante el mensaje que el Congreso de la República le está enviado al país, comprometido plenamente con la lucha contra la corrupción, flagelo que ha causado atraso al país, que ha truncado el camino al desarrollo y ha menguado la confianza de los ciudadanos en el Estado. Nos llena de esperanza estar a un paso de hacer realidad este proyecto, diseñado con participación de todo el Estado”, dijo Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, frente a la aprobación en su penúltimo debate.