Los archivos secretos del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

Almuerzo de la conspiración”, se titulaba uno de los 34 documentos encontrados en una caja fuerte que ocultaba en su apartamento el abogado y político quindiano Rommel Hurtado García. Los investigadores de la Fiscalía dieron con esos papeles en octubre de 1998, cuando allanaron su residencia. En el paquete había otros escritos rotulados como “El manifiesto de los golpistas”, “Acta de poder constituyente” y “Análisis del juicio a Samper en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes”. Los documentos en general daban cuenta de tres asuntos: 1) los pormenores del proceso 8000, 2) los detalles de un frustrado golpe de Estado y 3) el análisis sobre el asesinato de Álvaro Gómez.

Rommel Hurtado –conservador radical y alvarista fanático– siempre insistió en que los papeles le llegaron poco a poco a su casa entre 1996 y 1998, de forma anónima. Y que al advertir que contenían información sensible, remitió copia al entonces presidente Samper por medio del senador Roberto Gerlein. Pero la versión de que ese portafolio le llegó anónimamente nunca convenció a muchos.

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Seis meses después del allanamiento, las autoridades capturaron a Hurtado por enriquecimiento ilícito, luego de que aparecieron diez cheques girados a su favor por empresas fachada del cartel de Cali por cerca de 90 millones de pesos. Eso, junto a otros polémicos episodios, puso en evidencia que el antiguo colaborador de Álvaro Gómez había servido de enlace entre narcos del norte del Valle y organismos de inteligencia del Estado. Se trataba entonces de una de las pocas personas en Colombia que podría tener conocimiento clave del magnicidio. Pero la posibilidad de que revelara esa información se extinguió el 17 julio de 2010: Hurtado murió acribillado en su natal Armenia, y se llevó a la tumba sus secretos. Pero eso sí, el cartapacio de documentos está en poder de la Fiscalía.

Tal vez el papel que más intriga generó entre la prensa y los investigadores fue el titulado “El manifiesto de los golpistas”, pues aparecía suscrito el 10 de agosto de 1995 en el exclusivo Hotel Casa Medina. Es decir, cuatro meses antes de la muerte de Gómez, asesinado en el parqueadero de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Llegó a correr la versión de que Hurtado se había encargado de llevarles a los capos del Valle, concretamente a los hermanos Gilberto y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, copia de esa proclama.

En los documentos también había varias cartas y estudios de la coyuntura política firmados por el historiador santandereano Hugo Mantilla. De los papeles, 13 eran análisis firmados por el teniente coronel (r) Gustavo Castro, quien aseguró que, tras retirarse del Ejército, el general Iván Ramírez le ofreció el cargo de analista político al servicio del Comando General de las Fuerzas Militares. Un cargo discreto en el que debía hacer una lectura exhaustiva y permanente del acontecer político del país para dar luces sobre la difícil coyuntura de ese momento. Cuando la prensa lo consultó, el excoronel Castro se mostró sorprendido de que Hurtado tuviera en su poder esos papeles. “Esos documentos eran de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, para los análisis en el tema político”, aseguró.

Los textos firmados por el militar retirado no ocultaban una posición crítica frente al gobierno de Samper, todo lo contrario. Y en otros documentos encontrados en la caja fuerte de Rommel Hurtado se esbozaban escenarios de la eventual caída del gobierno e incluso nombres de quienes podrían sucederle.

Si por cuenta del proceso 8000 llegaba a concretarse el golpe de Estado, el nombre que primero afloraba para reemplazarlo era el de Álvaro Gómez, uno de sus más implacables críticos. Por eso, la familia del inmolado líder conservador tiene la tesis de que su asesinato –perpetrado el 2 de noviembre de 1995– habría sido un crimen de Estado. En otras palabras, que el gobierno querría silenciar a un feroz crítico.

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Otras líneas de investigación apuntaban concretamente a fuerzas oscuras del Ejército que supuestamente le habrían propuesto a Gómez participar en una conspiración para tumbar a Samper y llevarlo a la Casa de Nariño, planteamiento que habría rechazado porque no compartía ninguna salida que implicara romper el orden constitucional. En este último escenario, la tesis era que si Gómez estaba informado pero había rechazado la invitación, se convertía en un peligro por eliminar.

El entonces embajador norteamericano, Myles Frechette, respaldó esta última teoría en varias entrevistas. Poco antes de morir en Washington el presente año, señaló que a su despacho habían acudido varias personalidades entre 1994 y 1995, para consultarle por la actitud de Estados Unidos ante un golpe de Estado en Colombia. “No creo que Samper ni Serpa tuvieran nada que ver. Creo que el crimen lo cometieron derechistas y militares que pensaron en el golpe, que habían hablado con Álvaro Gómez Hurtado, y que les dijo que no. El golpe sin Gómez hubiera sido visto como una burda intervención de los derechistas. Creo que por esa negación mataron a Gómez Hurtado”, aseguró Frechette. Sin embargo, se llevó a la tumba la información de quiénes lo visitaron, pues siempre insistió en que como varios estaban aún vivos no quería crear una tormenta sobre hechos superados.

La Fiscalía acaba de reconocer que el expediente por el magnicidio de Álvaro Gómez dio ‘palos de ciego’ por muchos años. Pero ahora, tras más de dos décadas de ires y venires, al declarar el crimen delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible, la tesis del ente acusador coincide en el fondo con el cúmulo de documentos hallados en la residencia de Rommel Hurtado. “El atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado fue uno de los asesinatos cometidos por el cartel de narcotráfico del norte del Valle”, aseguró esta semana el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Según los argumentos expuestos en la providencia que declara el magnicidio de Gómez delito de lesa humanidad, los narcos del Valle consideraban que la permanencia de Samper en el poder les garantizaría no salir extraditados. Como ellos habían financiado su campaña, en cualquier momento podrían pisarle la cola y por lo tanto el silencio de ellos era una garantía. De otro lado, si el gobierno se caía, según la proclama de Rommel Hurtado, Gómez sería presidente y con él llegaría la extradición.

Los llamados “extraditables”, es decir, el cartel de Cali y el de Medellín sumados, tenían “una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición”, dice la Fiscalía. Y Gómez Hurtado dividía sus editoriales en el diario El Siglo entre darle palo a Samper y denunciar que los principales capos del narcotráfico habían capturado el Estado.

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Aunque en las 53 páginas de la providencia sobre el caso de Gómez Hurtado la Fiscalía apenas menciona una vez el nombre de Rommel Hurtado, la tesis del ente acusador coindice plenamente con lo que se desprende de los documentos hallados en aquella caja fuerte. Aunque todos los carteles del narcotráfico le temían a la extradición, no es seguro que todos estuvieran informados de la conspiración golpista o de que todos la consideraran una posibilidad real. Los hermanos Rodríguez Orejuela, por ejemplo, no están expresamente señalados como cómplices en la acusación. Lo mismo sucede con el cartel de Medellín. Para la Fiscalía el cartel del Norte del Valle, que era independiente de esos dos, llevó a cabo el operativo. Lo motivaría no solo evitar la extradición, sino desestabilizar al país como hizo Pablo Escobar, lo que le permitió negociar con el gobierno en sus propias condiciones.

Las entrañas del cartel

En la historia de la lucha contra el narcotráfico pocas organizaciones fueron tan poderosas como el cartel del Norte del Valle. A comienzos de los noventa, esa estructura apareció en el mundo criminal después de que sus jefes aniquilaron parte de los capos del cartel de Cali.

El jefe, Orlando Henao Montoya, conocido como el Hombre de Overol, era tan violento que en una interceptación Miguel Rodríguez Orejuela dijo que era “peor que Pablo Escobar”. También hacían parte Iván Urdinola Grajales; Efraín Hernández, alias Don Efra; y Hernando Gómez, alias Rasguño, quien ha sido el principal testigo en el cual la Fiscalía apoya su tesis. Entre vendettas, ajustes de cuentas y cobro de deudas, el cartel del Norte del Valle cometió, según estimativos oficiales, más de 2.000 asesinatos entre 1999 y 2004.

En relación con el asesinato de Álvaro Gómez hay dos personajes claves del cartel del Norte: Danilo González e Ignacio Londoño. El primero era una estrella de la Policía en la guerra contra el narcotráfico, pero tan pronto se retiró cambió de bando. Se convirtió en una especie de jefe de sicarios de los narcos del Valle. Para la Fiscalía él organizó el asesinato del líder conservador. Poco tiempo después murió asesinado.

Otro personaje importante fue el abogado Ignacio Londoño. Este era el hijo de una importante dirigente política de Cartago, y también se pasó al lado de los malos. Su papel no era el de sicario, sino de abogado e intermediario. Era el enlace entre el cartel del Norte, las autodefensas y los políticos. Rasguño lo señaló como la persona que informó a Carlos Castaño sobre el magnicidio, a lo cual este último habría contestado “eso fue un error”. Ignacio Londoño también cayó asesinado hace dos años cuando hacía campaña para la Alcaldía de su pueblo natal.

A pesar de todo lo anterior, en la cárcel terminaron otros. Poco tiempo después del magnicidio, las primeras investigaciones de las autoridades señalaron a algunos informantes de la red de inteligencia de la Brigada XX, asociados con un grupo conocido como Cazadores. Las averiguaciones apuntaron hacia el coronel Bernardo Ruiz Silva, jefe de esa unidad del Ejército. La Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, el 21 de abril de 1999, lo capturó en el norte de Bogotá. Ruiz de inmediato calificó su proceso como un montaje y a los testigos que declararon en su contra como mentirosos. Esa detención no iba necesariamente en contravía de las actuales teorías de la Fiscalía, pues siempre se ha hablado de que tanto narcotraficantes como miembros de la fuerza pública pueden haber actuado en forma conjunta en ese asesinato.

En los primeros 5 años un total de 14 personas fueron vinculadas y detenidas por el crimen, entre ellos suboficiales y varios civiles señalados de ser paras que se aliaron con los militares para cometer el magnicidio. En mayo de 2003, un juez absolvió al coronel Bernardo Ruiz Silva por falta de pruebas, y a pesar de que la Fiscalía apeló la sentencia, la decisión quedó confirmada. Después de varios años de permanecer detenido, el oficial recobró la libertad. Lo mismo ocurrió con los demás arrestados, cuyos procesos fueron cayendo con el paso de los años.

La tesis de la Fiscalía que ahora pone el foco concretamente sobre el cartel del Norte del Valle resulta consistente con los olvidados papeles encontrados en la caja fuerte de Rommel Hurtado y con el rechazo a la extradición en caso de que Gómez sucediera a Samper en el poder. Pero además encaja con una declaración que entregó Rasguño a la Fiscalía. “El doctor Samper pudo seguir en la Presidencia tranquilo, sin que nadie lo molestara. Igual a nosotros se nos acabaron los temores de que nos iban a empezar molestar y a pedirnos en extradición. Todo el mundo quedó tranquilo”. Aunque Rasguño no pretendía que Samper tuviera conocimiento de los hechos, sí lo describe como un beneficiario del magnicidio y ese es el origen de la teoría del crimen de Estado.

En realidad, en todo este dramático capítulo hubo algo de fantasía. Como el mismo Frechette lo reconoció, la teoría de que Samper y Serpa estuvieron detrás del asesinato no tiene ni pies ni cabeza. La tesis de que se trataba de silenciar al principal crítico del presidente tiene algo de exageración. En medio del rechazo nacional que produjo la narcofinanciación de esa campaña, casi todo el establecimiento estaba contra el gobierno. Había varios enemigos de este que eran más virulentos y más peligrosos que Álvaro Gómez.

El inmolado líder conservador era un estadista respetado y mesurado que en sus elegantes editoriales críticos de El Siglo nunca cayó en los excesos de los verdaderos conspiradores. Estos iban tras la cabeza de Samper y las posiblidades de que este se cayera eran reales. Pero no que su posible reemplazo fuera Álvaro Gómez. Ninguna de las salidas podía desembocar en eso. De tratarse de un golpe de Estado, algo casi imposible en Colombia, Gómez no lo hubiera aceptado, y el presidente hubiera sido un militar, probablemente el general Harold Bedoya. La proclama de Rommel Hurtado era más una fantasía personal que una alternativa política viable.

Pero sí es posible que los mafiosos del norte del Valle tomaran en serio ese documento al leerlo. El jefe de ese cartel, Hernando Henao, seguramente no era un gran analista político, pero sí un hombre precavido. Es posible que al leer en esa proclama que el primer decreto del gobierno Gómez Hurtado sería extraditar a todos los capos lo tomara en serio. En la mafia no impera el refrán que dice “ante la duda, abstente”.