Los espinosos temas que el Congreso tendrá que regular por llamado de la Corte Constitucional

La histórica decisión que tomó este lunes la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24, es decir, hasta los seis meses, puso al país a discutir sobre este asunto que, como es de esperarse, genera opiniones muy divididas, además de dejarle al Congreso una tarea mayúscula: regular este tema para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no queden en un limbo jurídico.

Hasta ahora, el aborto en Colombia se permitía solamente bajo tres causales: cuando existe riesgo de salud física y mental para la mujer, por malformación del feto o en casos en que el embarazo sea producto de una violación. Ahora con la decisión que tomó la Corte Constitucional con una votación de 5-4, las mujeres podrán abortar libremente hasta los seis meses de gestación y después de ese tiempo solo podrán hacerlo con las tres causales vigentes hasta hoy en el país.

En su sentencia, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a que “sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral –incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso–, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, descritos en esta providencia y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías, a partir del condicionamiento de que trata el resolutivo anterior”.

En pocas palabras, el alto tribunal llama al Legislativo a que, desde el punto de vista normativo, defina los lineamientos mediante los cuales se practicarán los abortos en Colombia hasta la semana 24, que es lo permitido en la sentencia de la Corte Constitucional.

Este asunto resulta espinoso no solo porque el tema del aborto levanta ampolla en el Legislativo –al punto que algunos sectores políticos ya han hablado de un referendo para revertir la decisión de la Corte–, sino porque el Congreso generalmente le hace el quite a este tipo de debates, lo que podría someter a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo a un verdadero calvario por los vacíos normativos y la poca claridad frente a la ruta que se debe seguir para practicar este procedimiento.

Según un informe conocido el año pasado, elaborado por la propia Corte Constitucional, en los 30 años que lleva funcionando el alto tribunal, en más de 90 veces ha exhortado al Congreso a que legisle sobre diversos temas. En muchos casos, el Legislativo ha hecho la tarea, pero les ha hecho el quite a los asuntos más controversiales.

Eutanasia

Por ejemplo, en una sentencia de 1997, la Corte permitió la eutanasia y exhortó al legislador a regular la muerte digna. Sin embargo, desde aquel momento se han hecho 14 intentos por entrar a legislar sobre este asunto y todos han sido hundidos. El más reciente ocurrió a finales del año pasado, con un proyecto del congresista liberal Juan Fernando Reyes.

En contraposición, mientras el Congreso ha omitido regular la eutanasia, la Corte en varias sentencias no solo la permitió, sino que la extendió, en 2017, a menores de edad. Además, el año pasado la extendió a pacientes no terminales. Sin embargo, como no hay regulación, aún son varios los casos de pacientes que quieren ponerle fin a su vida debido a sus graves padecimientos de salud, pero que deben enfrentarse a la negativa de los actores de la salud.

Otro de los asuntos espinosos que está pendiente en el Congreso tiene que ver con el derecho a la protesta y manifestación, que se había regulado, en 2016, a través del Código de Policía. Sin embargo, en abril de 2017 la Corte declaró inexequibles esos apartados, puesto que la manifestación, al ser un derecho fundamental, debía regularse vía ley estatutaria, y exhortó al Legislativo a hacerlo. Hasta el momento, el Parlamento sigue en mora de regular esta materia.

Otra de las leyes que está en el tintero del Legislativo es la relacionada con la regulación de la práctica de las cirugías plásticas. Desde 2006, con la Sentencia C-355, la Corte Constitucional ha producido copiosa jurisprudencia sobre el tema en la que ha exhortado al Congreso a trabajar en este asunto.

A pesar de que el Congreso vuelve a sesiones este 16 de marzo, con la campaña presidencial en pleno furor hasta mayo próximo, estas tareas quedarán seguramente para los nuevos congresistas que llegarán el 20 de julio.

Se espera que algunas de estas materias puedan ser abordadas por el próximo Congreso, si se tiene en cuenta que en muchas de ellas hay afinidad de los sectores alternativos, los cuales, según los cálculos, pasarían de ser una bancada con mayor presencia en redes sociales que en curules a una fuerza con la capacidad suficiente para impulsar o bloquear reformas en el Capitolio.