Los espinosos temas que el Congreso tramitará a la sombra de la campaña presidencial

Como es apenas obvio, el foco de la discusión política en los próximos días estará centrado en la campaña presidencial. Y no es para menos, la decisión que tomen los colombianos en las urnas el próximo 29 de mayo será fundamental, especialmente cuando el país se recupera de los estragos generados por la pandemia.

Sin embargo, a la sombra de la discusión sobre quién ocupará la Casa de Nariño los próximos cuatro años, el Congreso de la República ya retomó labores y tiene agenda temas verdaderamente espinosos, que de no ser por la campaña electoral, seguramente estarían entre los principales asuntos de discusión por su impacto en la vida y costumbres de los colombianos.

Uno de ellos tiene que ver con la prohibición de las corridas de toros en el país, proyecto que está agendado para este martes en la Plenaria de la Cámara. Este es un asunto que siempre genera una aguda discusión, tanto que en los últimos cinco años se han hundido por lo menos cinco proyectos con este propósito.

De ser aprobada esta propuesta, se acabarían las corridas de toros no solo en la Santamaría de Bogotá, también en las ferias de Cali, Manizales y Medellín, así como en más de un centenar de municipios que entre sus fiestas patronales tienen corrida de toros entre su cartelera de espectáculos. En Colombia hay 67 plazas de toros fijas donde se celebran espectáculos taurinos.

Esta medida también afectaría otras prácticas como las corralejas y las becerradas.

La iniciativa establece que el Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, tendrá un plazo de seis meses “contados a partir de la expedición de la norma para garantizar programas efectivos de reconversión económica de las personas que se dediquen a las actividades relacionadas con las corridas de toros”.

Vacunación obligatoria

Otra de las normas que está en agenda, esta vez en la Comisión Séptima de la Cámara, es la que establece la vacunación obligatoria contra la covid-19.

El tema entraña una profunda discusión, pues pone en contraposición el derecho a la libertad de quien no decide vacunarse versus el derecho a la salud de la mayoría de la población. Adicionalmente, tiene una discusión económica de fondo, pues quienes no estén vacunados de manera obligatoria no tendrían derecho a entrar a ciertas actividades, lo que generaría gran un impacto.

Este proyecto genera tal discusión que ya tiene una ponencia negativa en contra.

También la Comisión Primera de la Cámara de Representantes espera dar debate a una iniciativa por medio de la cual se garantiza el derecho fundamental a la doble conformidad, iniciativa del representante por los colombianos en el exterior Juan David Vélez Trujillo.

El proyecto de ley busca garantizar los derechos fundamentales a la doble instancia, doble conformidad y a la favorabilidad en el ámbito penal, para todas las personas que hayan sido o sean sujetos de una sentencia penal condenatoria de única instancia, incluidos los aforados juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

Así mismo, se busca que el recurso de doble instancia y doble conformidad se interprete como una garantía atendiendo al principio de favorabilidad del condenado.

Esta es la denominada ley Andrés Felipe Arias.

La iniciativa busca que exfuncionarios como el exministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel en el año 2016, tengan la oportunidad de apelar sus condenas.

Antes de enero de 2018, cuando se aprobó una norma en ese sentido, los aforados no tenían esa posibilidad, caso en el cual inicialmente estaba Arias, sin embargo, ya la Corte le otorgó el derecho a apelar su condena, por lo que esta norma ya no le beneficiaría.

Menos polémica, pero fundamental para el Gobierno, fue la iniciativa radicada por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que busca reglamentar de forma permanente la virtualidad de la Rama Judicial y que se establezca que la regla general es tener audiencias públicas digitales.

Bajo ese modelo, la realización de audiencias presenciales en los procesos judiciales sería la excepción, pues ya todos los procesos se llevarían, en principio, de forma virtual.

El ministro Ruiz indicó que el proyecto fue presentado en compañía del fiscal general así como de los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Defensoría del Pueblo.

“Con la nueva ley buscamos que las medidas que fueron adoptadas con ocasión de la pandemia del covid-19 para el funcionamiento de la justicia en virtualidad se vuelvan permanentes. De esta manera se reglamentarán las audiencias virtuales”, expuso Ruiz.