¡Qué tierrero con los predios para las Farc en territorio indígena!

Durante las negociaciones entre las Farc y el Estado colombiano en Cuba, los negociadores no contemplaron la posibilidad de entregarles predios a los excombatientes.

A cambio, para comenzar la reincorporación de la tropa guerrillera, estipularon en los acuerdos crear las zonas veredales transitorias de normalización, que luego se transformaron en espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). Concibieron estos espacios, ubicados en propiedades privadas en varias regiones del país, como una medida temporal que terminaría en agosto de este año.

Sin embargo, tras tres años de creados, los guerrilleros han empezado a echar raíces ahí y a crear núcleos poblacionales. Esto le ha generado problemas al Estado, y para solucionarlos, el Gobierno de Iván Duque ha considerado comprar esos territorios para entregárselos a sus habitantes. También ellos, por iniciativa propia, han negociado con los dueños para hacerse a la propiedad de estos lugares. No obstante, esa iniciativa tiene sus dificultades.

Han pasado casi dos meses desde que el Gobierno anunció que invertirá 16.000 millones de pesos en comprar algunos de los predios ETCR donde se concentran más de 3.112 excombatientes de las Farc y sus familias. La Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) hace efectiva la compra de las zonas que no tienen problemas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) evalúa dónde se podrían reubicar los que deben trasladarse.

Pero algunos de los ETCR están en lugares de disputa territorial con comunidades indígenas o resguardos, lo que ha generado un choque con esos pueblos. El mejor ejemplo es el ETCR de la vereda de Tierragrata, Cesar. Allí, los 162 exguerrilleros concentrados se endeudaron con un banco para juntar los 150 millones que necesitaban para comprarle parte del predio a su propietario. Sin embargo, no contaban con la disputa territorial con los indígenas yukpas. Estos aseguran que ese lugar forma parte de su territorio ancestral y que el Gobierno no los tuvo en cuenta para crear ese asentamiento. Casos como este tienen en el limbo la continuidad de los ETCR, que legalmente ya no existen. Una verdadera papa caliente para el Gobierno.

El nudo gordiano

Desde que se hicieron públicas las coordenadas donde se llevaría a cabo el proceso de dejación de armas y tránsito a la vida civil, esta comunidad indígena puso el grito en el cielo. No solo porque en su momento denunciaron la decisión por inconsulta, sino también por la falta de claridad que ha tenido el Gobierno desde el instante en que decidió ubicar forasteros en su territorio ancestral. Y ganaron el primer pulso. Después de varios recursos, consiguieron que el asentamiento no se instalara en la finca Los Encantos, donde hay un lugar sagrado llamado Peshaype, sino unos kilómetros más allá, en El Rosario.

Durante uno de los encuentros de consulta previa que ordenó la Corte Constitucional en 2017, cuando pidió evaluar el impacto de ese ETCR, uno de los voceros de la comunidad ante el Gobierno dijo: “El pueblo yukpa considera que en la serranía del Perijá, incluyendo Tierra Grata, pueden coexistir todos aquellos que no utilizamos las armas. Pero esta coexistencia debe partir de unos principios de respeto entre los habitantes, con unas reglas claras dentro del territorio y de unos comportamientos que giren en torno a preservar el agua, el oxígeno y los alimentos para los habitantes”.

Los magistrados también le ordenaron a la Agencia Nacional de Tierras “resolver la delimitación del territorio ancestral yukpa” en un plazo de un año, que aún no se ha cumplido. Por si fuera poco, en ese ETCR viven 37 indígenas de otras siete etnias, y los yukpas temen que la falta de claridad en las reglas del juego permitan que estos nuevos habitantes creen un nuevo resguardo y desaten un conflicto interétnico. Los voceros del nuevo movimiento político Farc han dicho que “en Tierra Grata está descartado crear un resguardo indígena”. Pero los yukpas quieren que quede constancia.

Sin embargo, mientras esa discusión termina en unos meses por medio del proceso de consulta previa que lleva a cabo el Ministerio del Interior, el proceso de reincorporación está congelado. ¿La razón? Los excombatientes compraron parte del predio y en diciembre de 2018, la zona se convirtió en la primera incluida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial municipal, en este caso, de Manaure, Cesar. Pero no han podido aprovechar el cambio del uso del suelo. Según cuentan voceros de la exguerrilla, ante la posibilidad de que los yukpas no accedan a que estén allí, el Gobierno optó por suspender la entrega de los 8 millones de pesos que quieren invertir en sus viviendas.

Resolver la solicitud de ampliación y saneamiento de su territorio, como pide el pueblo yukpa, no significa necesariamente que van a dejar a los miembros de la Farc por fuera. Por eso creen que solo falta comunicación y voluntad. El Gobierno ha asistido a las reuniones de consulta previa, pero los indígenas insisten en la presencia del consejero para la estabilización Emilio Archila, y en que inviten a los exguerrilleros a participar en el debate. La última reunión se llevó a cabo el 19 de septiembre y los yukpas expresaron que ante la ausencia de Archila, solicitarían a los distintos órganos de control abrir investigaciones. Días después decidieron ocupar el ETCR de Tierragrata a partir del 19 de noviembre.

Otros casos

El 95 por ciento de los excombatientes de las Farc que hay en el ETCR de Caldono, en Cauca, pertenece al pueblo nasa. 

El de Tierra Grata es el caso más difícil con el que viene lidiando el Gobierno, aunque hay al menos tres más en el país. El primero de ellos involucra al pueblo nasa, en Caldono, Cauca. El ETCR quedó dentro de la jurisdicción del resguardo, y los indígenas no se oponen a que los excombatientes echen raíz allí. En parte lo hacen porque el 95 por ciento de ellos pertenece a la misma etnia, y también porque su presencia ha acercado a la institucionalidad. Pero para resolver conflictos con los llamados colonos, acordaron realizar un manual de relacionamiento intercultural.

No obstante, como los ETCR están en un limbo jurídico, a los indígenas les preocupa perder definitivamente esas tierras con el paso del tiempo.

Otro conflicto que viene dirimiendo la ARN tiene que ver con el ETCR ubicado entre Riosucio y Carmen del Darién, en Chocó. Allá, sin embargo, los predios involucrados que ocupan los excombatientes forman parte del proceso de restitución de tierras del consejo comunitario de Curvaradó, que comprende 48.000 hectáreas. Mientras resuelven el caso, el Ministerio del Interior delegó a un inspector ad hoc para que confirme si está o no dentro de los límites.

Finalmente, la situación de los 130 excombatientes que están en Cumbal, Nariño, dentro del resguardo indígena de Mayasquer, se definirá este 13 de octubre cuando se reúnan con el cabildo indígena que discutirá si pueden o no quedarse en su territorio.

Todos estos casos, en mayor o en menor medida, muestran la urgencia de que el Gobierno tome decisiones para sacar del limbo jurídico a los ETCR. En el caso de las zonas que se encuentran en resguardos o tierras comunitarias, la situación es aún más compleja porque los predios son de difícil adquisición.

Ante esto, la única vía que tiene el Gobierno pasa por dialogar con las comunidades, lo que en el caso del Cauca ha tenido efectos positivos.