Los exFarc se quedaron con los crespos hechos: pretendían una amnistía para 14.000 hombres vía tutela, pero la JEP los paró en seco

Mientras la Jurisdicción a Especial para la Paz (JEP) avanza en la judicialización de los miles horrores que se cometieron durante el conflicto armado interno, con hechos tan brutales y reiterados que han tenido que agruparlos en macrocasos como secuestro, violencia sexual y reclutamiento de menores; las Farc, por la puerta de atrás, sin reparar y muchísimo menos contar la tan anhelada verdad, buscó que de buenas a primeras se agilizara la aplicación de la amnistía para la mayoría excombatientes.

En una negociación, como principio básico, las dos partes tienen que cumplir, y las Farc están en mora de contar la verdad, de reparar a las víctimas que en las audiencias reclaman que les digan en la cara por qué mataron a sus familiares, por qué los desplazaron, por qué los secuestraron durante tantos años, por qué los extorsionaron. No obstante, en una tutela interpuesta por los excomandantes de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; y Rodrigo Granda, conocido como el Canciller, reclamaban, eso sí, la resolución exprés de sula situación jurídica de los firmantes y la aplicación de una amnistía general para sus hombres.

SEMANA conoció en exclusiva la decisión de la JEP, en la que se les dio un portazo en la cara, acabando de tajo con sus pretensiones a los miembros de las Farc que buscaban de ganarse en el escritorio lo que deben recibir con el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Incluso se les hizo un fuerte llamado de atención por hacer este tipo de peticiones sin tener en cuenta la realidad ni sus escasos aportes a la verdad.

Pese a esto, los exjefes de las Farc apuntaban a que el incumplimiento era contra ellos. contra ellos, quienes entregaron las armas, que seis años después de la firma del acuerdo, no tienen estabilidad jurídica.

El punto clave del reclamo de la tutela consistía en el las pocas amnistías otorgadas: “tan solo 174 en cuatro años”, cifra muy baja y que no refleja lo que esperaban con la creación de la Sala de Amnistía e Indulto en la JEP.

La lentitud para Timochenko y Granda representaba, en sus palabras, una vulneración de los derechos fundamentales de los firmantes que siguen en la cárcel cumpliendo condenas, con órdenes de captura vigentes o en los territorios designados sin una hoja de ruta para su reintegro a la sociedad. sin una hoja de ruta para reintegrarse a las sociedad.

La JEP fue clara y les recordó las responsabilidades que tienen con las víctimas, indicando que no se puede, de un plumazo, exigir que los casos en poder de la Fiscalía pasen, casi de forma automática, a ser competencia del tribunal transicional.

La respuesta es tajante: “La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) no puede solicitar a la Fiscalía, como se requiere por ustedes, de manera indiscriminada que remita las investigaciones objeto de informes, ni los casos de excombatientes, que según su pregunta “no tienen una participación determinante”, pues este grado de participación se encuentra en estudio”.

En síntesis, no pueden pretender pasar por encima del procedimiento de la justicia transicional y la posibilidad de la amnistía que reclaman por tutela, únicamente puede ser dada luego de investigación de la JEP.

Pero, ¿cuál es la trascendencia de la aplicación de esta figura? Sin lugar a dudas la amnistía es uno de los puntos más polémicos en la aplicación del Acuerdo de Paz. Para el general (r) Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo doce años secuestrado por las Farc tras la toma a Mitú, es inaceptable este tipo de peticiones teniendo en cuenta que no “han contribuido con la verdad, se han burlado de la reparación”.

Para el oficial, hasta que no se cumpla con una justicia restaurativa no se puede otorgar este beneficio. Con este tipo de peticiones se busca una exoneración y cerrar procesos de cara a consagrar su proyecto político y alcanzar así gobernaciones y alcaldías.

Un ejemplo que sigue en la memoria de muchos está la amnistía entregada a Marilú Ramírez Baquero, la Mata Hari, por su participación en el atentado con carro bomba en la escuela Superior de Guerra el 19 de octubre de 2006.

En esa oportunidad, la JEP calificó la acción terrorista como un “acto válido” dentro del conflicto armado que vivía el país. Posición que motivó un rechazo inmediato de las víctimas que consideraron al unísono que no se podía justificar tal ataque que dejó varios heridos, entre ellos, estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada que pasaban por el lugar para ir a su salón de clases.

Las víctimas

Una víctima de las Farc, cuya identidad se mantendrá en reserva por solicitud expresa, manifestó que concebir la amnistía general sería un golpe muy duro para los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, enviando, incluso, un mensaje negativo a otras eventuales negociaciones con grupos armados ilegales.

En su concepto, la amnistía es un recurso especial que no puede ser entregado –como se busca- de la “noche a la mañana”, ya que deben cumplir con unos requisitos esenciales, entre ellos el aporte a la construcción de la verdad, respondiendo de esta forma todas las dudas que se han puesto sobre la mesa. Así como la reparación total y el compromiso de seguir colaborando para que los escabrosos hechos, como el secuestro, se esclarezcan.

Después de seis años, la negativa de reconocer responsabilidades y dar información nueva que permita curar las heridas “ha sido la constante y la bandera de los máximos comandantes”, por eso, la amnistía no cabe hasta que no muestren un poco de humanidad y arrepentimiento por las atrocidades. Para las Farc, la cifra de amnistías es baja, para esta víctima es demasiado alta por lo poco que se ha visto.

El hecho que se hayan otorgado 177 hasta la fecha es “hasta reprochable, pero para las mismas Farc, puesto que no se ha visto un aporte a la construcción de la verdad”.

El barco está haciendo aguas

Para el excandidato presidencial, Enrique Gómez –uno de los principales críticos del funcionamiento de la JEP- este tipo de peticiones demuestra el desespero que existe por evitar a la administración de justicia. El hecho que estén reclamando airadamente que se resuelva la situación jurídica es muestra de uno de los grandes vacíos de esta justicia transicional. “Los guerrilleros rasos están en un limbo jurídico”.

Después de tanto tiempo, “y un gasto exagerado en su funcionamiento”, la JEP –explica Gómez- no ha logrado que los excomandantes de las Farc den su versión completa y fidedigna sobre los hechos que rodearon el conflicto armado, y tampoco han reparado a las millones de víctimas que dejó su actuar criminal.

“Las Farc están sufriendo las consecuencias de lo que es una justicia burocrática, clientelista, llena de personas sin experiencia en el rol jurisdiccional”. La inoperancia en la JEP ha retrasado todo el proceso de verdad y justicia, por lo que a este ritmo la JEP tardaría 250 años, mal contados, en tomar una decisión frente a cada uno de los casos que tienen pendientes.

Esto, evidente, afecta cualquier viso de proceso de paz que se quiera implementar en el futuro. En el caso de las Farc pasa algo muy llamativo puesto que los afectados son los guerrilleros rasos, los que recibían las órdenes, mientras que los comandantes están libres de toda culpa y gozando de los beneficios. “Esto abre una puerta a una nueva guerra”, lo cual será catastrófico para el país.

SEMANA intentó contactar, insistentemente, a Rodrigo Londoño Echeverry y Rodrigo Granda para conocer su posición sobre el tema pero no obtuvo ningún tipo de respuesta.