“Los extraditables no buscan impunidad, pero sí justicia. Ayudarán a desmontar el narcotráfico”

El defensor de derechos humanos del Movimiento Social por la Reconciliación y la Convivencia Sinergia, Alex Morales, ha sido el articulador de la sopresiva propuesta de los 279 detenidos con fines de extradición en Colombia. Todos, sin excepción alguna, decidieron sumarse a la iniciativa de “paz total” y respaldar los cambios que propone el presidente Gustavo Petro a la extradición.

Plantean ayudar a la desarticulación del narcotráfico, piden al Gobierno de Estados Unidos un compromiso más allá de la seguridad y que se active la repatriación de colombianos detenidos en el exterior.

Morales concedió una entrevista exclusiva a SEMANA en la que resumió las pretenciones de estos extraditables, que ya le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro.

SEMANA: Déjeme empezar por lo siguiente. ¿El grupo de extraditables son todos? ¿Estos 279 son todos los que están actualmente presos y detenidos en el país con fines de extradición?

Alex Morales.: Sí. Te confirmo que son absolutamente todos los colombianos que se encuentran privados en La Picota, en las estructuras 2, 8 y 9. En El Buen Pastor, en la estructura del pabellón de los extraditables.

SEMANA: ¿Qué buscan los extraditables con decirle “sí” a la propuesta de Gustavo Petro para no ser enviados a Estados Unidos?

A.M.: Lo que están buscando, principalmente, es indicarle al señor presidente, extenderle el apoyo y coadyuvar con esa propuesta que le hace al Gobierno de Estados Unidos.

Ellos manifiestan que tienen unos escenarios para la efectivización de la paz, que cada uno de los casos deben ser tratados con sus abogados para la valoración de su caso y los compromisos que tienen que adquirir con el Gobierno colombiano.

Igualmente, con el Gobierno norteamericano o los demás gobiernos que estén interesados en la extradición.

SEMANA: La propuesta del presidente Petro de modificar el tema de la extradición tiene un asunto de fondo. Él lo ha llamado paz total. ¿Esa es la finalidad, sumarse a la paz total que ha planteado el presidente de la República?

A.M.: Absolutamente. Una de las causas del conflicto armado, tanto rural como urbano, indiscutiblemente es la economía ilegal (narcotráfico). El 90 %, 99 % de las personas que están privadas de la libertad con petición de extradición es por este delito. Están dispuestos a ayudar en la construcción de un nuevo país, en la construcción de una paz total.

Ellos, como han participado en algunas de estas actividades ilícitas, entonces le están manifestando al Gobierno, indicándole que sí quieren ayudar a construir un nuevo Gobierno y una nueva sociedad.

A pasar de una economía ilegal a economías sostenibles y legales para sus familias. Darle un aporte sustancial a la paz, la justicia, al fortalecimiento de la justicia y a la sociedad.

SEMANA: Si yo me acojo tengo que dar algo al Gobierno para que me escuche. Lo que hemos entendido es que este grupo de extraditables lo que estaría proponiendo al Gobierno es un desmonte del negocio ilícito del narcotráfico en el país…

A.M.: El primer punto que hay que tener claro es que esta figura de extradición, que es una figura jurídica, se ha convertido en un instrumento político de represión. Lo segundo que hay que dejar claro es que el Gobierno debe de valorar toda una serie de actividades que se han realizado de forma irregular.

Entrampamientos, plazos no razonables, se ha violentado el debido proceso y se han realizado capturas ilegales.

Ellos quieren desactivar esas economías ilegales. Ayudar de acuerdo a su aporte y capacidades, acompañados por cada uno de sus abogados, desmontar y ayudar al desmonte de estas economías ilegales.

SEMANA: ¿Están planteando en la negociación, además de la propuesta general de los 279, que cada caso sea analizado en específico, por parte del Gobierno, con cada uno de los extraditables y sus abogados?

A.M.: No es una negociación particular, no lo hablemos así porque aquí en Colombia causa como maluquera a la opinión pública hablar de diálogo.

Son 279 casos y sería irresponsable al hablar por todos, pero sí se podría indicar que existen personas que tienen una jurisdicción especial, como los indígenas y exmiembros de las Farc, que están pedidos en extradición, y que cada caso de ellos requiere una valoración específica, un estudio y un análisis jurídico. No político, sino jurídico, para tomar la decisión de si se extradita o no se extradita. Estoy convencido de que si se hace un análisis jurídico y concienzudo de los temas, se va a llegar a muy buenos acuerdos con el Gobierno norteamericano y colombiano.

SEMANA: Ya que usted toca el tema del Gobierno de Estados Unidos, la mayoría de ellos están pedidos por delitos muy graves como el narcotráfico, por eso están en las cárceles en los trámites para ser extraditados. ¿Qué va a pasar si estos extraditables aquí logran negociar con el Gobierno y la justicia colombiana? ¿Qué va a pasar con esas órdenes de captura y extradición, que creería uno que siguen vigentes en Estados Unidos y en otros países?

A.M.: Nuestros gobiernos, y entre ellos se encuentra el Gobierno de Estados Unidos, también tienen que ayudar al aporte de la paz en Colombia. No es solamente enviar recursos para sostener la seguridad, sino que ellos deben hacer un aporte sustancial para la paz de Colombia. Para pacificar el conflicto y tomar de raíz las verdaderas causas de este conflicto, como es las economías ilegales. Nosotros esperamos que el gobierno de los Estados Unidos tenga la suficiente valentía, la suficiente gallardía, el análisis académico, el análisis sociológico para que le hagan ese aporte, para que no solo termine la petición de extradición sino que termine el proceso y no se sigan emitiendo órdenes de captura en Colombia o en otro países.

SEMANA: Estamos hablando de dos temas trascendentales. Uno, que los extraditables colaborarían para desmontar el narcotráfico; la otra es la búsqueda de la paz total. ¿Qué otras condiciones han planteado los extraditables para sentarse en esa mesa de negociación?

A.M.: Las condiciones son sencillas, una mesa de derechos humanos en todos los establecimientos, en todos los pabellones. Ellos quieren sentarse con un delegado del gobierno nacional para ellos exponer sus condiciones, quieren estar acompañados del movimiento Sinergía, en compañía de este togado en derechos humanos y en derecho penal, para así brindar unas garantías.

Buscan que revisen sus casos, que sean tomados desde un punto de vista jurídico y no político como represión, sino que sea revisado y se llegue a la esencia de los derechos humanos. Que se tenga en cuenta a las mujeres, porque el drama de las mujeres es un tema absolutamente diferente, hay cabezas de familia, enfermas, requieren ser escuchadas por el gobierno. Son personas que van a ser extraditadas, sacadas de su tierra, las van a colocar en unos espacios donde el lenguaje, su actividad cultura y su idiosincrasia va a estar muy afectada.

Nosotros también queremos abogar por las personas que están condenadas en otros países. Ampliar la figura de la repatriación a los connacionales. Es una figura absolutamente humanitaria, está regulada en el derecho internacional, en Colombia es permitida.

SEMANA: ¿Por qué estamos viendo este cambio, cuando en los últimos tiempos estábamos viendo esas negociaciones exprés, donde prácticamente los extraditables no querían estar aquí en Colombia sino que se agilizara su proceso y fueran llevados rápidamente a Estados Unidos?

A.M: Lo principal es que ellos valoran su familia, su sociedad colombiana, su tierra. Ellos lo que buscan es estar con sus familias y no ser alejados de ella, la unidad familiar es un tema muy importante en este proceso. Lo segundo que quiere valorar es la justicia colombiana, nosotros, todos los colombianos debemos fortalecer las instituciones del estado social de derecho, entre ellas la justicia. La eticidad del Estado colombiano está centrada en los estrados judiciales y en los jueces, entonces queremos buscar el fortalecimiento de nuestra justicia, hablar con la verdad, hablar de las reparaciones a una sociedad y hablar de unas reparaciones, si las hay, con las víctimas, para así tener una sanciones ajustadas a lo que nosotros consideramos deben tener cada una de las personas.

No están solicitando impunidad, pero sí justicia, que se les valore, por ejemplo, que los que se encuentran en la jurisdicción indígena sean castigados por esa jurisdicción; los que se encuentran en la JEP, que sean valorados por allá, porque hay personas que son reconocidas por la JEP y van a ser extraditadas.

SEMANA: Pero esto puede ser impunidad en el sentido de que pueden seguir delinquiendo en las cárceles del país, pueden seguir con el narcotráfico, si no son extraditados hacia Estados Unidos…

A.M.: Hay que conocer lo que es el pabellón de extraditables de La Picota, en el pabellón de extraditables están administrados por el Inpec, pero también vigilados por la DEA, es un pabellón donde es difícil ingresar incluso para los abogados. Están monitoreados las 24 horas, los siete días de la semana, por cámaras que tienen lectura facial, lectura de voz, entonces no es fácil manifestar esto con desconocimiento de conocer la seguridad que tienen estas personas al interior de estos pabellones.

Lo que sí es cierto es que queremos que todos los colombianos hagan un aporte sustancial, a todos nos tiene que costar algo para que podamos salir de esta clase de conflictos que vive Colombia y que una de sus causas principales es el narcotráfico. Queremos que estas personas que están detenidas con fines de extradición por narcotráfico cuenten, junto con sus abogados, a qué se pueden comprometer y ya en cada uno de los casos el gobierno colombiano podría valorarlo y tomar la decisión si se extradita o no.

SEMANA: Hay un tema que seguramente va a levantar mucha ampolla y es la palabra repatriación. ¿Hasta dónde va este tema de las repatriaciones?

A.M.: El planteamiento tiene que responder a la premisa de hasta dónde van los derechos humanos, hasta dónde ellos quieren ser repatriados. La repatriación no es una figura de impunidad, es que ellos terminen de cumplir su sanción penal aquí en su territorio, cerca de su familia, vigilado por el Instituto Colombiano, el Instituto Penitenciario Carcelario, que es el Estado colombiano, con todas sus garantías de resocialización y de rehabilitación. La familia es el instituto fundamental para el apoyo, para salir adelante y cumplir con la sanción. Acá no estamos hablando de temas políticos, sino de temas jurídicos

SEMANA: Humanitarios…

A.M.: Con una visión humanista, aquí no nos importa el paramilitar, no nos importa el miembro de las Farc, nos importa el valor humano, el ser humano. Ahí está la clave. Hay personas que han sido extraditados, como los paramilitares y los miembros de las Farc, en los últimos meses el señor Otoniel; ellos tendrán mucho que contar y que aportarle a la justicia, la verdad y queremos que en ese aporte de verdad se dignifique la justicia colombiana.

SEMANA: En esta repatriación se buscará que vuelva Otoniel, Simón Trinidad ¿Todos aquellos colombianos que se encuentran en cárceles de Estados Unidos?

A.M.: No solamente en la cárcel de los Estados Unidos, pero nos referimos más a los invisibles, los que cogen como mulas. Las personas que se encuentran en otros continentes, China, Asia, África. En todas partes hay colombianos privados de la libertad, en condiciones supremamente infrahumanas, degradantes y queremos es que retornen a su patria y estén con sus familias, cumpliendo lógicamente una sanción porque tuvieron una infracción a las leyes, ya sean de otros países o colombianos.

No nos pongamos en el análisis de que Simón Trinidad va a ser beneficiado, porque él ya ha pagado mucho tiempo en una cárcel.

SEMANA: Entre ellos también está el jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, ¿Él también estaría como en esa lista?

A.M.: Totalmente, los colombianos que quieran, porque eso es una voluntad de cada una de las personas privadas de la libertad de regresar o no a su país. Es decirle al gobierno colombiano, al doctor Álvaro Leyva (Canciller) que hay que ampliar la figura de la repatriación y que empiece a hacer las gestiones humanitarias. Tenemos en el mundo colombianos detenidos en más de 190 países y son contados con los dedos de la mano los tratados de repatriación que tiene Colombia. Queremos que se amplíe esa figura, es un trabajo que tiene el gobierno colombiano, que se debe hacer con esa visión humanista con la que llegó el doctor Gustavo Petro.

SEMANA: ¿Cómo logran ustedes que sea una decisión unánime, muchos narcotraficantes, pedidos a la extradición, capturados, lo que estaban buscando era esa extradición exprés?

A.M.: Es una propuesta que se viene trabajando desde que el doctor Gustavo Petro inicia su mandato el 7 de agosto, ya nosotros como defensores de derechos humanos, hemos venido trabajando desde las mesas que hay en las cárceles, hablando con las personas privadas de la libertad, sensibilizando y explorando esa voluntad que deben de tener para aportarle a Colombia y a la paz. A partir de ese momento en que el doctor Gustavo Petro manifestó públicamente esa valoración, presentó esa propuesta de cambio en la política de extradición; inmediatamente esas personas coadyuvan este formato de propuesta, todos en unanimidad.

SEMANA: Cuando estábamos en la campaña hubo una polémica muy grande por el ingreso del hermano de Gustavo Petro a las cárceles, justamente a hablar con extraditables, cuéntenos ¿Ustedes ya venían trabajando en la posibilidad de revaluar el tema o de modificar el tema de las extradiciones?

A.M.: En las cárceles hay personas muy importantes que pueden darnos grandes aportes, nos pueden mostrar muchos caminos, hay personas muy inteligentes que nos pueden mostrar el camino para dar solución a un problema de paz.

Ellos habían enviado unas cartas, no con el hermano de Petro, aunque eso es valioso y no hay que reprocharlo. No nos puede causar nada más sino felicidad, alegría de que incluso en el gobierno nacional, en el gobierno de Santos, se había iniciado la política de construcción de cárceles para la paz. Esto no nos puede causar sorpresa, bienvenidas las iniciativas de cada uno de los defensores de derechos humanos que queremos aportarle a Colombia.

SEMANA.: Usted acaba de confirmar que sí había acercamientos, vía cartas, vía comunicaciones con los extraditables por parte de la campaña Petro, cuando aún no era gobierno…

A.M.: Sí, eso es de público conocimiento. Yo los había entregado después del escándalo del hermano de Petro. Eso no es ningún delito. Eso fue de público conocimiento, un hecho notorio que se le entregaron antes de que tomaran su posesión, solicitando fuera valorada revaluada la política de extradición. Afortunadamente hemos tenido un mandatario que está escuchando las comunidades y que está tratando de plantear situaciones legales, no salidas de la realidad, y que tampoco busca impunidad. El doctor Gustavo Petro, que no ha sido de mi agrado, es una persona que en este momento ha manejado con inteligencia las riendas del Estado y lo está colocando en un estatus de protección de derechos humanos. Todas las personas que estamos aquí debemos apoyar.

SEMANA.: ¿Va a existir la delación? ¿Van a entregar dinero? ¿Van a entregar rutas? ¿Van a entregar bienes?

A.M.: Nosotros, como Movimiento Sinergia, que ha buscado la paz y la reconciliación, hemos planteado el acogimiento a la justicia, la delación es una figura que crea violencia y estamos enfocados en factores reales de poder que saquen la violencia de la criminalidad como primer momento de un proceso de negociación. Todas las sociedades tienen problemas, pero sí podemos erradicar la criminalidad, estamos solicitando que el sicariato sea un delito de lesa humanidad.

SEMANA.: ¿Qué le dice usted, en nombre de estos extraditables, al presidente Gustavo Petro y a las autoridades de Estados Unidos?

A.M.: Le diría al gobierno de los Estados Unidos que valoren la política de extradición y las actividades que vienen realizando acá en territorio colombiano. Que den un aporte a la paz total que quiere el gobierno nacional. Estas personas están dispuestas a coadyuvar con esa propuesta, a no reincidir con estas actividades si son ilegales. Cada uno valorará en su momento, con su agente de investigador, con la Fiscalía y con el gobierno hasta dónde está comprometido. Al gobierno colombiano en cabeza del doctor Gustavo Petro que no fallezca, que mantengan su convicción con los Derechos Humanos para que aportemos todos a la paz total.

Ese es el compromiso, para sea una realidad. Que podamos convencer a los extraditables para que dejen sus economías ilegales, porque ellos ya están convencidos, pasemos a una legalidad de la economía, que eso va a beneficiar a nuestras futuras generaciones. Les pediría que cumplan con su palabra, que cumpla el compromiso que está adquiriendo.

SEMANA.: ¿Han planteado la posibilidad de que se les abra la puerta de la justicia transicional?

A.M.: Hemos planteado una justicia integral que está basada en justicia transicional, justicia restaurativa, alternativa y ordinaria. Eso es lo que hemos llamado una justicia integral. Ya el gobierno Duque, en el año 2021, presentó con el gobierno de los Estados Unidos una política de alternatividad penal para los extraditables, eso ya se viene discutiendo, es política de Estado, entonces buscamos que se efectivice eso dependiendo de la gravedad sería su tratamiento. Cada caso es diferente, tiene sus arandelas y tuercas que hay que apretarlas, ajustarlas y tratar de que la impunidad no vaya a florecer, sino que, por el contrario, se cumpla con las víctimas y con la justicia.