NACIÓN
Los feminicidios impunes del sur de Bogotá
A dos años de su muerte, el caso de Wendy Calderón, una chica de 18 años asesinada en el barrio San Cristóbal, ha sido archivado en una bodega de la Fiscalía, a pesar de que existe un nuevo testimonio sobre la identidad de sus posibles asesinos.
Wendy estaba saliendo del baño de casa de unos amigos, cuando recibió dos puñaladas en el estómago sin saber qué estaba pasando. Como pudo, salió corriendo del lugar para pedir ayuda, hasta que sus perseguidores la alcanzaron frente al domicilio de un vecino que prefirió resguardarse en el silencio. Desde allí la arrastraron hasta el potrero en el que le asestaron al menos 18 heridas de arma punzocortante más antes de degollarla y dejar su cuerpo tirado entre dos grandes pinos, en un predio de la compañía de seguros Bolívar, donde al día siguiente la encontró un celador. Aquello ocurrió el 26 de enero de 2015.
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Esa es la versión que una fuente cercana al caso señaló a la Fiscalía y a la que tuvo acceso Semana.com. Pero el relato de los hechos no es el lo único que se conoce. Los nombres de los posibles asesinos y los motivos del homicidio también fueron consignados en ese testimonio sin que hasta el momento se haya realizado una sola captura. De hecho, todos los sujetos señalados en la denuncia se han mudado de barrio o de ciudad, mientras el caso reposa en una bodega de la Fiscalía en la que se archivan los expedientes sin resolver.
En teoría, la saña con la que fue agredida Wendy debió tipificar su caso como el de un probable feminicidio -de acuerdo con la ley Rosa Elvira Cely- si no fuera porque el decreto se expidió cinco meses después de su muerte y porque en el sur de la ciudad, algunas reglas no aplican como en el resto de la capital.
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Durante el proceso de Yuliana Samboní, que culminó el 29 de marzo de 2017 con la condena de Rafael Uribe Noguera por los delitos de secuestro, violación y feminicidio, la jueza 35 de conocimiento encargada del caso insistió en que su fallo no podía mostrarse como un trofeo por parte de la Fiscalía, frente a la impunidad que todavía rodea muchos asesinatos de mujer en la ciudad. A sabiendas de que en 2017, sólo una décima parte estos casos llegaron a etapa de juicio.
De hecho, el caso de Wendy no es el único que haya ocurrido en la zona en los últimos años y que permanezca sin resultados. En septiembre de 2013, otra chica llamada Angie Puentes Quimbay fue acuchillada a unos pocos metros de dónde fue hallado el cadáver de Wendy. Según las estadísticas del Observatorio Nacional de Violencias, en 2016 todavía se reportaron 122 femicidios -término usado para describir la muerte violenta de una mujer que no ha sido tipificada como feminicidio- en la ciudad de Bogotá. Una muerte cada tres días. Mientras que en la cartografía generada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, a partir de las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses disponibles para 2015, puede observarse que la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurridos en la ciudad ocurrieron en barrios de estratos 1 a 3, generalmente en la periferia de la capital.
Cartografía de la violencia contra la mujer en Bogotá
Y es que en ciertos sectores de la ciudad, en donde el índice de homicidio rondó las 30 muertes violentas por cada cien mil habitantes en 2016, -lo que es más o menos el equivalente del nivel registrado en países como Guatemala- la falta de recursos y de tiempo se ha vuelto un impedimento material para la resolución de los asuntos menos evidentes.
Si se tiene en cuenta que cada investigador en el sector de San Cristóbal se encarga de un promedio de 10 casos mensuales, los cuatro agentes de la unidad de vida, quienes en ocasiones no cuentan ni con sillas suficientes para recibir a los familiares de las víctimas que acuden a denunciar hechos graves, parecen cortos de efectivo para poder solventar correctamente los asuntos que llegan a sus despachos.
Estadística de homicidio por localidad ocurridos en Bogotá en 2015
En el caso de Wendy Calderón, un joven de pómulos salientes, nariz respingada y apenas 18 años en el momento de su muerte; además de la falta de personal y material disponible, los sucesivos encargados del caso también pecaron de falta de voluntad y de pericia para resolver un asunto que en otras esferas probablemente hubiera contado con suficientemente elementos probatorios para poder culminar en una cuando menos una sentencia. En entrevista con Semana.com, el sargento A, quien estuvo en cargo del asunto en 2015 y ahora se ha retirado de la Policía, acepta algunos de los errores en los que incurrieron tanto él como sus colegas.
Para empezar, cuando los policías llegaron a solicitar el registro de las cámaras que hubieran podido grabar los incidentes ocurridos ese día, lo hicieron demasiado tarde y estos ya habían sido borrados de acuerdo con el protocolo existente. Luego, entrevistaron en una sola ocasión al novio de Wendy Calderón e hicieron caso omiso de los señalamientos que se les presentaron sobre la identidad de los presuntos responsables. En tanto que la llegada tardía de los peritos a la zona del homicidio no les permitió recoger suficientes pruebas como para vincular a proceso a los sujetos que hubieran podido ser identificados de acuerdo con la bases de las que dispone el gobierno, si se encontraran bajo las uñas de la víctima restos de piel o cabellos de los agresores.
Para su hermana, Luz Tatiana Calderón, el caso es una prueba más de la existencia de un sistema de justicia con doble velocidad en Colombia, en el que los casos que involucran a políticos o mujeres de clase alta son resueltos pronto, mientras que los que afectan a grupos sociales más vulnerables pueden demorarse indefinidamente. “Es una cuestión de plata”, dice Luz, “nosotros no somos famosos ni tenemos dinero para pagar un buen abogado, pero si me gustaría que la Fiscalía hiciera con mi hermana lo mismo que hicieron con esa muchacha Juliana”, señaló.
Por su parte, su madre, Luz Dary Calderón, murió hace apenas unos meses, sin recibir justicia en el caso de su hija asesinada. En su momento intentó montar protestas para evidenciar su historia, pero contó con un autorización muy tardía por parte de la alcaldía para realizar una manifestación en la plazoleta 20 de Julio y después de unas horas tuvo que desalojar el lugar junto con la veintena de familiares y amigos que acudieron al evento. Mientras vivía, Luz Dary siempre llevó en su bolso una fotografía de su hija asesinada, como probablemente lo hacen muchas madres de jóvenes hombres y mujeres muertos en el sur de la ciudad, que todavía no reciben respuesta de que fue lo que le sucedió a sus familiares.
