Los golpes más duros de la Fiscalía este año

Uno de los casos que mayor indignación generó este año fue lo sucedido con el contrato de Centros Poblados, que buscaba llevar conectividad a colegios de zonas rurales. El incumplimiento generado dejó a miles de menores sin la posibilidad de tener internet pronto, la pérdida de 70 mil millones de pesos que había dado como adelanto el Ministerio de las TIC, además de costarle el cargo a la entonces cabeza de esta cartera, Karen Abudinen.

Frente a este caso, la Fiscalía General de la Nación entregó un balance de lo avanzado hasta el momento.

De acuerdo con el reporte, ya se surtió la primera fase del proceso con la captura, en septiembre, de Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, a quienes se formuló imputación por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, cometidos en el marco del proceso contractual con MinTIC.

“La segunda etapa tiene que ver con los delitos que se configuraron con ocasión de la presunta desviación de los recursos correspondientes al desembolso del anticipo. En esta fase, se tiene prevista la formulación de imputación en contra de los señores Tapia y Duque, y de otras personas que el país conocerá a su debido tiempo, por el delito de peculado por apropiación”, señaló el ente acusador.

Según se conoció, el 23 de febrero de 2022 la Fiscalía realizará cinco nuevas imputaciones a personas vinculadas a la investigación, se trata de Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde, Juan Carlos Cáceres y Ottomar Lascarro, la imputación será por peculado por apropiación. Es posible que se llame ese mismo día a imputar a dos personas más.

Atentado a helicóptero del presidente Duque

Pero este no ha sido el único caso en el que ha habido avances. Otro es el esclarecimiento del ataque a la Brigada 30 del Ejército y a un helicóptero en el que se transportaba el presidente Iván Duque, hechos sucedidos el 15 y 25 de junio, respectivamente.

Según dio a conocer la Fiscalía, las investigaciones permitieron establecer que una estructura de las disidencias del Frente 33 de las FARC es la responsable de estos dos eventos. Inicialmente, el 18 de julio fueron capturadas diez personas, entre ellas, alias El Capi, un exoficial del Ejército Nacional, y alias Ciro, los dos señalados articuladores de estas acciones terroristas.

Los detenidos fueron imputados en su momento por los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, daño en bien ajeno agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado. Todos recibieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Posteriormente, el 7 de noviembre se logró la captura de alias Aurelio, quien manejaba un perfil de líder social y político en El Tarra (Norte de Santander) y, en realidad, es uno de los denominados cerebros de los dos atentados y hombre de confianza de alias John Mechas, cabecilla de las disidencias del Frente 33 de las FARC.

Otros casos

Frente a los muertos y desaparecidos durante el paro nacional, el ente acusador informó que se encontraban activos 27 mecanismos de búsqueda urgente, un caso de desaparecido que ya fue resuelto. “En homicidios vamos en el 58,62 % de esclarecimiento, han ocurrido 29 y se han esclarecido 17″.

Frente al proceso contra Enrique Vives, señalado de ser el responsable del accidente en Santa Marta en el que seis jóvenes fallecieron y uno más resultó herido, el pasado 2 de diciembre se realizó la imputación por tentativa de homicidio en la modalidad de dolo eventual.

“El 6 de diciembre, ante el juez 5 penal del circuito de Santa Marta, se realizó la audiencia de formulación de acusación por seis homicidios y una tentativa de homicidio. En segunda instancia un juez revocó la detención en centro carcelario y le concedió la detención domiciliaria”, reportó la Fiscalía.

Sobre el caso del exembajador Fernando Sanclemente, a quien se le encontró un laboratorio para el procesamiento de cocaína, el pasado 13 de diciembre se le realizó la audiencia de imputación de cargos por los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de material probatorio.

Otro de los casos que estremeció al país fue el de la joven Ana María Castro, quien murió el 5 de marzo del año pasado tras, según la Fiscalía, ser arrojada de un vehículo en movimiento.

“El pasado 16 de diciembre de 2021, se emitió sentido de fallo condenatorio contra Paul Naranjo y Julián Ortegón, como responsables del delito de feminicidio agravado contra Ana María Castro. Para el 18 de febrero (de 2022) a las 9:00 a.m. se citó para leer la pena”, indicó la Fiscalía.

Frente al caso de la menor Sara Sofía Galván, quien desapareció el 28 de enero de este año, para el 7 de febrero de 2022 a las 2:00 p. m. quedó programada la audiencia de acusación contra Nilson Díaz y Carolina Galván por su presunta responsabilidad en la desaparición de la menor.

Los dos procesados por este hecho fueron imputados por el delito de desaparición forzada agravada, en agosto pasado.

Logros lucha anticorrupción

Uno de los compromisos del fiscal general, Francisco Barbosa, fue el de la lucha contra la corrupción. La Fiscalía General de la Nación intensificó su labor investigativa y actuó con determinación para lograr la judicialización de los señalados responsables de actos de corrupción.

En este aspecto, según la Fiscalía, se obtuvieron 372 sentencias condenatorias en este 2021.

“De igual manera, en un trabajo articulado con las diferentes seccionales, fueron capturadas 446 personas, 322 más que el año anterior; y se realizaron 1.344 imputaciones, cerca de 200 más que en 2021″, indicó el ente acusador.

Frente a los procesos investigativos de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en 2021, permitieron incautar 478 toneladas de estupefacientes, de estas, 280 corresponden a cocaína y 198 a marihuana. Este resultado representa 132 toneladas más que el año anterior.

En acciones coordinadas con el CTI y la fuerza pública, fueron capturados 1.235 presuntos integrantes de redes narcotraficantes y desarticuladas 82 organizaciones. Asimismo, se logró un resultado de altísima relevancia: la destrucción de 430 laboratorios utilizados para el procesamiento de estupefacientes, 133 más que 2020.

Igualmente, durante el año 2021, en Bogotá, se han logrado desarticular 266 bandas delincuenciales, además, se han impactado 18. La Fiscalía ha conseguido 1122 medidas privativas de la libertad.

Masacres

La Fiscalía también reportó que entre 2020 y 2021 en masacres, conocidos por la Fiscalía como homicidios múltiples, se logró un avance de esclarecimiento de 77,05 %, gracias a las labores investigativas focalizadas en los territorios y la rápida intervención de grupos itinerantes especializados.

“Además, se impactaron estructuralmente 23 organizaciones criminales, que estarían involucradas en estos asesinatos, y 86 de sus presuntos integrantes fueron enviados a la cárcel con medidas de aseguramiento”, indicó el ente acusador.