Guerrilleros sí podrán participar en política

El Gobierno Nacional cuenta desde este miércoles con una herramienta fundamental para presentarle a la guerrilla de las FARC en la negociación que busca ponerle fin al conflicto armado que sufre el país desde hace medio siglo: los integrantes de esa organización insurgente pueden participar en política.

Eso sí, la puerta queda cerrada para quienes hayan sido autores de delitos de lesa humanidad o genocidio de manera sistemática.

La Corte Constitucional declaró ajustado a la Carta Magna el artículo tercero del Marco Jurídico para la Paz y le dio vía libre al gobierno para seguir adelante con el proceso que se adelanta en La Habana.

Dentro de las principales consideraciones de la trascendental decisión, aprobada por seis votos a favor contra tres, se marca el límite claro entre la participación en política de miembros de grupos alzados en armas.

Como lo anticipó Semana.com con la ponencia de la magistrada encargada Martha Sáchica, con la negativa a abrirles la puerta a quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad y genocidio, será la Fiscalía ahora la que tendrá un papel clave en el resultado de las investigaciones y las condenas por este tipo de infracciones protagonizadas por los combatientes

Otro punto trascendental es el relacionado con la responsabilidad del Congreso de la República, que en una Ley estatutaria deberá reglamentar cuál será la pena alternativa para los combatientes que dejen las armas y se reintegren a la vida civil.

En la sentencia se deja claro que el papel de las víctimas es fundamental para el proceso de reincorporación de los combatientes, ya que estos tienen que reparar a las víctimas y ofrecer verdad, justicia y reparación.

Esta decisión se toma a raíz de una demanda interpuesta por el abogado Rafael Guarín, quien pedía que ninguno de los miembros de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad pueda participar en política.

La decisión fue tomada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que debatió este miércoles la nueva ponencia elaborada por la magistrada encargada Martha Sáchica, que era distinta a la que había dejado el magistrado Alberto Rojas Ríos. Este último opinaba que se debía declarar inexequible el artículo tercero del Marco para la Paz, en el entendido de que la Constitución no podía fijar límites para la participación en política de guerrilleros.

Como la Corte avaló la ponencia de la magistrada Sáchica, el artículo tercero quedó intacto. Esto en lenguaje sencillo traduce que no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados por tan graves delitos.