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Los hallazgos detrás de la imputación al fiscal “estrella” del caso Odebrecht

Daniel Ricardo Hernández fue el responsable de liderar importantes investigaciones en el país, ahora pasa al banquillo de los acusados. La decisión se toma luego de un trabajo articulado con el FBI.

24 de noviembre de 2022
Sede Bunker Fiscalía Bogotá
Sede Bunker Fiscalía Bogotá | Foto: Fiscalía

La Fiscalía entregó detalles de los avances investigativos del entramado de corrupción de Odebrecht y cómo se logró estructurar una cadena de sobornos destinados a funcionarios públicos en Colombia para quedarse con millonarios contratos. Sin embargo, llama la atención una noticia que entrega el ente acusador. Quien fue el fiscal estrella del mismo caso Odebrecht y de otros en la Fiscalía, ahora fue citado a imputación de cargos.

Se trata del fiscal Daniel Hernández. Un funcionario con más de 15 años en la Fiscalía, encargado de adelantar o liderar investigaciones de carácter nacional como las chuzadas al proceso de paz, la “narcofinca” que vinculó al exembajador Fernando Sanclemente, el caso Hyundai y el mismo proceso de Odebrecht, ahora estará en el banquillo de los acusados.

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La Fiscalía aseguró que en 11 meses de investigación, en esta nueva etapa del proceso Odebrecht, se logró establecer detalles inéditos sobre la cadena de hechos criminales que ocurrieron mientras la multinacional monopolizaba los mayores contratos de infraestructura en el país, principalmente la Ruta del Sol 2.

“El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, en desarrollo de las funciones a su cargo y con el apoyo y asistencia de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), puso en marcha un frente de trabajo que permitió estructurar nuevas líneas investigativas por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia”, dijo la Fiscalía.

En el caso de Daniel Hernández, fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá y en su momento destacado para el caso Odebrecht, la Fiscalía estableció que Hernández solicitó las órdenes de captura en contra de las directivas de Odebrecht en Colombia, sin embargo, no las registró en el sistema de antecedentes y omitió solicitar una circular azul de Interpol, lo que facilitó que los empresarios salieran del país.

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“El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai”.

Al fiscal Daniel Hernández le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo, este último, según la investigación de la Fiscalía, tiene como origen en algunas intimidaciones a quien fue considerado el testigo estrella del caso Odebrecht, el excongresista Otto Bula. Supuestamente el fiscal Hernández le criticó su intención de colaborar con la justicia.

“De otra parte, el pasado 22 de junio, Daniel Ricardo Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht”, señaló el ente acusador.

En este caso vale la pena recordar que para el caso Odebrecht el entonces Fiscal general, Néstor Humberto Martínez se declaró impedido y quien asumió la investigación fue el académico Leonardo Espinosa, quien hizo un juicioso trabajo y reveló que sobre este escándalo aún había muchos secretos por destapar.

Uno de esos es el que justamente tiene al fiscal Hernández como imputado. Pero surge el nombre de otro fiscal que incluso también estaría en el radar del FBI, que ha venido apoyando el trabajo de la Fiscalía, se trata del también fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino.

Las luces se ponen sobre el porque, justamente, fue él quien archivó una indagación contra el hoy imputado Hernández, y no se trata de cualquier proceso, era con el que se pretendía investigarlo por no ejecutar capturas contra personas involucradas en el entramado de corrupción de Odebrecht, en especial los brasileros que salieron del país y no se supo más de ellos.

La noticia coincide con la solicitud que hizo el fiscal Francisco Barbosa a todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema para que presenten su carta de renuncia y aunque desde el órgano acusador argumentan que es para ajustar el equipo que lo acompañará en su último año de gestión, es claro que los temas están ligados.

En el trabajo que viene realizando de forma articulada la Fiscalía y el FBI están varios nombres que generan preocupación, el primero, ya imputado, es el fiscal Daniel Hernández, pero se revisa a fondo el cierre de la indagación que hizo Julio Ospino y otras decisiones que este haya tomado.

Otras imputaciones

La Fiscalía dividió en tres capítulos los nuevos hechos de investigación que dejaron una lista de imputación de cargos en contra de funcionarios públicos y directivos de Odebrecht, ciudadanos extranjeros que infortunadamente salieron de Colombia, pero que serán notificados de las decisiones judiciales en su contra.

El primer capítulo incluye los contratos para la adjudicación del contrato de concesión Ruta del Sol II. En este caso de imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

“El exfuncionario suscribió varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Finalmente, el 14 de enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht”, dijo la Fiscalía.

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Contratos ficticios

Los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia, serán imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, por el contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II.

En este caso también serán citados a imputación de cargos los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management.

“La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por 10′890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra”, explicó los fiscales delegados para el caso Odebrecht, en esta nueva etapa.

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Por ese mismo capítulo será imputado Luis Eduardo Gómez Martínez, representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS. Tendrá que defenderse de los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

“El 2 de enero de 2014, el hoy indiciado suscribió un contrato ficticio de servicios logísticos con el representante legal del Consultores Unidos Colombia – Panamá, y emitió facturas por actividades que nunca se realizaron. Por este concepto, recibió transferencias por 2′515.635 dólares, que posteriormente entregó mediante endosos o títulos abiertos a Eduardo Zambrano Caicedo”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía advirtió que todas las investigaciones se adelantaron sin la colaboración del Ministerio Público de Brasil y que en una eventual negociación con las personas procesadas, ahora citadas imputación de cargos, se revisará el material de prueba y el aporte que hagan a la justicia en el marco de la ley.